El Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas denunció las diferentes represiones que ocurrieron durante el sexenio de López Obrador. Los participantes de la conferencia mencionaron las agresiones que han vivido los pobladores de las comunidades, defensores ambientales y colectivos de derechos humanos.
La violencia criminal contra de las comunidades ha traído el aumento de los feminicidios, las desapariciones y la normalización de la guerra contra las poblaciones civiles. Por lo tanto, hacen un llamado para exigir el cese de las agresiones contra los defensores del agua, el territorio y la vida. Igualmente, exigen el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores, así como de otros defensores asesinados y desaparecidos.
Redacción por Astrid Salgado / @AstridGSG
Ciudad de México, 24 de julio del 2024. El día de hoy en el Centro Prodh ubicado en en Serapio Rendón 57-B Col. San Rafael, CDMX, se llevó a cabo la conferencia de prensa “Frente a la tormenta, la resistencia de los pueblos”. Los exponentes de la conferencia fueron representantes de: Pueblos Unidos de la región Choluteca y de los Volcanes, Comunidad Otomí de las casa de los pueblos Samir Flores, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas.
En la conferencia, representantes de los Pueblos Unidos de la región Choluteca y de los Volcanes denunciaron los ataques del Estado contra los pueblos y la destrucción cometida en la madre tierra y el agua.
Desde el 2019, en San Pedro Cholula, han luchado contra la instalación de un colector de aguas tóxicas que se pretende derramar en el río Metlapanapa. Ante la defensa del río, el agua y la salud, como represalia por esta lucha, dos miembros de Pueblos Unidos, Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, fueron criminalizados. Sin embargo, la Organización Solidaridad Unión de los Pueblos les retiró los cargos.
En el 2021, los Pueblos Unidos emprendieron una lucha contra Bonafont Danone, que por más de 30 años saqueó el agua y secó los mantos acuíferos. Los pueblos originarios ejercieron su autodeterminación y cerraron esta planta embotelladora. La lucha con Bonafont sigue vigente.
El 20 de junio del presente año, en la comunidad de Totalco, Veracruz, elementos de la policía desalojaron violentamente a campesinos que realizaban un bloqueo en la planta de alimentos Granjas Carroll, denunciando la usurpación del agua por parte de empresas extractivas. Como resultado de la represión, dos personas fallecieron y una persona desapareció. La comunidad se organizó para recuperar a su compañero desaparecido y regresará a la comunidad. En Totalco, se estableció una Comisión de Pueblos Unidos que exige justicia para la comunidad y para las dos personas asesinadas.
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La representante de la Comunidad Otomí de la Casa de los Pueblos Samir Flores afirmó que la Cuarta Transformación solo mintió sobre la ayuda que el Gobierno daría a los pueblos originarios para resolver sus problemas, y resaltó que el Gobierno solo ha hecho pactos con el capitalismo.
La representante Otomí mencionó que “los pueblos originarios que hablamos una lengua o una vestimenta, solo hemos recibido racismo, discriminación y clasismo. (…) Cuando hemos llegado a las oficinas de Gobierno sólo hemos encontrado que nos cierran las puertas”.
En la conferencia, la Comunidad Otomí hizo una denuncia pública y responsabilizó al Gobierno Federal y al Gobierno Local por cualquier cosa que les ocurra a los miembros de la Comunidad Otomí que vive en Casa de los Pueblos Samir Flores, debido a que están siendo criminalizados. Policías de investigación acudieron a la casa Samir Flores tres años y ocho meses después de su toma, buscando a tres infantes que desaparecieron en 2019.
Asimismo, denunciaron que el Gobierno quiere desalojar de manera violenta la Casa de los Pueblos Samir Flore. El desalojo está programado para el 15 de agosto, sin embargo, no existe respuesta de las peticiones que la comunidad ha exigido al Gobierno.
El concejal Purépecha del CNI mencionó que el 5 de junio del 2024 fue detenida la defensora ambientalista María Cruz Paz Zamora para frenar el rescate del bosque. A finales de mayo del 2020 fue asesinado el Secretario de Bienes Comunales, Prudencio Ortiz Alonso. En abril del 2022, intentaron desaparecer al Coordinador del Consejo Comunal, Esteban Cruz, pero la comunidad lo recuperó. El 11 de noviembre del mismo año, la comunidad fue atacada por un comando armado, y el 10 de diciembre fue asesinado Pedro Pascual Cruz, miembro de la Ronda Comunal.
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El concejal afirmó que “al golpear los intereses políticos y los intereses económicos de las empresas, trasnacionales, agroindustriales y del crimen organizado vienen las agresiones más fuertes y sobre todo a compañeras que tienen un trabajo importante en regiones donde viene una recuperación muy grande del bosque, esto es importante debido a que la recuperación del bosque implica quitar los monocultivos o cultivos que están acabando con las plantas endémicas como es el pino, plantas que ayudan a que se condense el agua en las regiones altas para que baje”.
Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Frayba, exigió la libertad inmediata de José Díaz Gómez, Base del Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien es rehén del Gobierno mexicano. Asimismo, exigió la libertad inmediata de los defensores de San Juan Cancuc, quienes están presos por delitos que no cometieron, y la libertad de las presas y presos políticos del Estado mexicano que están en lugares de exterminio.
Para finalizar la conferencia, una integrante de la Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas leyó un escrito colectivo.
En el escrito se puntualiza que “la violencia criminal devora cada vez más comunidades imponiéndose como nueva forma de estado, a pesar de ser minimizado por el poder. Los feminicidios y las desapariciones forzadas se acumulan y las colectivas de buscadoras crecen, sin que nadie en el poder se inmute. Cada vez más normalizadas las guerras contra las poblaciones civiles y el descaro de las bandas fascistas apoderándose del Gobierno confirman el desarrollo de una nueva guerra mundial contra los pueblos y la humanidad”.
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Aunque el sexenio llegue a su fin, seguirán exigiendo el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores, así como de todas y todos los defensores desaparecidos y asesinados. Exigen que se detengan las agresiones contra las y los defensores del agua, el territorio y la vida.