La Oficina para México y Centroamérica de la Organización ARTICLE 19, presentó este 19 de septiembre, su informe sobre la violencia contra la prensa en México, abarcando el período del 1 de enero al 30 de junio de 2023. Los resultados arrojaron cifras alarmantes que evidencian la grave situación que enfrentan periodistas y medios de comunicación en el país.
Por Miranda Chavarria / @mirandachavarria
Durante los primeros seis meses del 2023, la Organización ARTICLE19, documentó un total de 272 agresiones en contra de las personas que ejercen el periodismo en México; según la organización, se registra una agresión cada 16 horas en contra de periodistas y medios de comunicación.
Entre las agresiones más frecuentes reportadas, fueron las intimidaciones y hostigamientos, con un total de 68 casos, lo cual representa el 25% del total de los casos; le siguen los casos de uso legítimo del poder público, con 61, incidentes correspondientes al 22.43% del total, después están las amenazas, con 49 casos, representando el 18.01%.
El informe también destaca hechos de violencia que han tenido consecuencias fatales para el gremio periodístico, tales son los casos de asesinato, que posiblemente estuvieron relacionados con la labor periodística de Marco Aurelio Ramírez Hernández el 23 de mayo, Luis Martín Sánchez Iñiguez, el 7 de julio y de Nelson Matus Peña, el 15 de julio, todas ocurridas durante este año. Así mismo, se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, el 6 de julio.
Uno de los datos más preocupantes del informe presentado, son las supuestas implicaciones por parte del estado en la mayoría de dichas agresiones. Las autoridades mexicanas fueron responsable de perpetuar 140 agresiones durante este primer semestre del 2023, lo que representa el 51.47% del total de casos reportados. De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa con el 23.5%, seguido por el nivel federal con 19.4% y en tercer lugar, a nivel municipal con 8.4%. Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último lugar; así lo menciona el informe.
Otro aspecto del abuso del poder público son los procesos administrativos, judiciales y ministeriales contra la prensa. Las y los periodistas continúan enfrentándose a una realidad de mantenerse bajo presión ante posibles procesos legales que buscan como efecto amedrentar, inhibir, censurar y desgastar física, mental y económicamente a las y los periodistas. De enero a junio de 2023 ARTICLE 19 documentó 12 procesos de acoso judicial contra periodistas, generando un promedio de 2 procesos judiciales al mes contra la prensa mexicana.
Las amenazas se mantienen también como una de las agresiones más comunes contra periodistas y medios en los últimos años. Preocupa particularmente que de los 49 casos de amenazas registrados, 23 fueron casos de amenazas de muerte, es decir, casi 1 de cada 2 amenazas. Samuel Roa Botello, director del portal informativo Emsa Valles, recibió como amenaza una hielera con dos cabezas de cerdo y caña de azúcar afuera de su domicilio, en Ciudad Valles, San Luis Potosí el 9 de enero.
La caña de azúcar era un potencial mensaje al periodista, pues en las fechas anteriores en su medio publicó una serie de reportajes sobre el sector cañero en la Huasteca Potosina. Particularmente, las notas se enfocaron en el actuar de grupos criminales y su intento de controlar la industria.
ASESINATOS Y UNA DESAPARICIÓN
Marco Aurelio Ramírez Hernández, Luis Martín Sánchez Íñiguez, y Nelson Matus Peña fueron asesinados este 2023. Sumando sus casos a un listado infame de violencia letal en México, desde el año 2000 a la fecha ya han sido asesinados 161 periodistas y comunicadores. De estos casos, 41 ocurrieron en la actual administración. Marco Aurelio Ramírez Hernández, era periodista, abogado, y llegó a ser funcionario público por un tiempo. Con más de 4 décadas de experiencia periodística, cubrió nota roja, e hizo investigaciones amplias sobre corrupción en el municipio de Tehuacán y en el estado de Puebla. Durante el 2019 fungió como Director de Seguridad en el municipio de Tehuacán, en donde lideró las detenciones de varios integrantes de bandas criminales. Posterior a su labor como funcionario, su rol principal era la abogacía y el periodismo, mantenía sus investigaciones activas y reportaba en una radio digital.
El 23 de mayo de 2023 fue asesinado con arma de fuego por sujetos desconocidos cuando viajaba en su automóvil en el fraccionamiento Agua Blanca 1, en Tehuacán, Puebla. Aunque su caso se ha mantenido activo y ha presentado avances parciales, sus familiares aún se encuentran exigiendo justicia. El 26 de mayo de 2023, tan sólo tres días después de los hechos, las autoridades ya desvinculaban la labor periodística del caso. En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya se tenía conocimiento de los autores materiales:
“Ah, se va avanzando […] ya se tiene identificados a los autores materiales […] Y ya se está viendo, parece que no tiene que ver con la actividad periodística reciente, es un asunto…Es que fue secretario del ayuntamiento, sí.”
El 31 de mayo de 2023, José Francisco N. fue detenido por su presunto rol en el asesinato de Marco Aurelio por la Fiscalía de Puebla, aunque la Fiscalía indicó que considera la implicación de por lo menos dos personas más, cuyas órdenes de aprehensión están activas. Asimismo, no se tiene información aún sobre actos de investigación en contra de autores intelectuales. Sin embargo, para las y los familiares de Marco Aurelio, existen dudas del proceso que se está llevando.
El 23 de mayo de 2023 fue asesinado con arma de fuego por sujetos desconocidos cuando viajaba en su automóvil en el fraccionamiento Agua Blanca 1, en Tehuacán, Puebla. Aunque su caso se ha mantenido activo y ha presentado avances parciales, sus familiares aún se encuentran exigiendo justicia. El 26 de mayo de 2023, tan solo tres días después de los hechos, las autoridades ya desvinculaban la labor periodística del caso.
Luis Martín Sánchez, era un periodista con más de 30 años de trayectoria en Nayarit. Su última labor fue como corresponsal de La Jornada en Tepic, donde cubría sobre todo la nota de política y corrupción. El 5 de julio de 2023 tuvo una última comunicación con su familia donde indicó que se había ido la luz de la casa. Sin embargo, al día siguiente que un familiar fue a verificar, se encontró con el domicilio vacío y sin varias pertenencias de Luis Martin, entre ellas material de trabajo como su computadora, su celular y un disco duro.
El 8 de julio, la FGE Nayarit confirmó que Luis Martín fue asesinado y que su cuerpo fue encontrado en la localidad de El Aguacate, municipio de Tepic: “El cuerpo fue encontrado con signos de violencia y sobre él dos cartulinas con una leyenda en letra manuscrita”. Según la información compartida con ARTICLE 19 por testimonios de Tepic, el mensaje explícitamente vincula los hechos a sus publicaciones y labor periodística. Nelson Matus Peña, fundador y director del medio digital de nota roja “Lo Real de Guerrero”, fue asesinado con arma de fuego el 15 de julio de 2023, en Acapulco de Juárez, Guerrero.
ARTICLE 19 documentó que al menos desde el 2017, el periodista había sido víctima de intimidaciones y amenazas. El 5 de diciembre de 2017, Matus dio a conocer en una publicación en sus redes sociales sobre actos intimidatorios en su contra, en donde se le querrá vincular con un grupo de delincuencia organizada, situación que exigió a las autoridades que investigaran.
Casi dos años después, el 29 de agosto de 2019, el periodista sufrió de una tentativa de homicidio en su contra, pues fue atacado con arma de fuego mientras conducía en Acapulco. Además de los asesinatos de este año, ARTICLE 19 documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros, fotógrafo para el ayuntamiento de Nanchital, en Veracruz así como colaborador, editor y fotoreportero para el medio digital “La de 8News”. Según información pública, su último avistamiento fue alrededor de las 7:30 de la mañana del 6 de julio en la zona conocida como La Factoría, presuntamente dirigiéndose a su trabajo.
Hasta la fecha de edición de dicho informe no se tiene información sobre su paradero o sobre avances en la investigación de su caso. Con él, ya suman 32 periodistas desaparecidos en México desde el año 2000, 5 de los cuales han desaparecido en la actual administración.
El informe señala que, las coberturas con mayor riesgo, están las de corrupción y política, siendo esta, la más peligrosa, con 137 casos, por debajo de esta, se encuentra la de seguridad y justicia, coberturas también llamadas “nota roja” con 67 casos, seguido de protestas y movimientos sociales con 29 casos, Derechos Humanos con 26, Sector Privado con 9 y Tierra y territorio con cuatro casos.
Por si fuera poco, durante este primer semestre en 84 ocasiones, mujeres periodistas han sido violentadas por ejercer su labor, lo cual representa un 38.88% de los caos, mientras que los hombres periodistas, han sido atacados en 148 ocasiones, representando el 54.46%; los medios de comunicación, no son un caso aislado, pues se documentaron 40 ataques en contra de ellos, representando un 14.71% de dichos casos.
las mujeres periodistas, tienen casi el doble de agresiones por su cobertura de derechos Humanos, más que sus compañeros hombres (17 comparado con 9), números similares en sus coberturas de protesta (15 y 13 casos, respectivamente) y del sector privado (cinco y cuatro casos, respectivamente)
Las entidades con mayor número de agresiones documentadas fueron la Ciudad de México con 65 casos (23.90% del total), Quintana Roo con 21 casos (7.72%), Guanajuato con 19 casos (6.99%), Puebla con 18 casos (6.62%) y Coahuila con 17 casos (6.25%).
Finalmente, en su informe, ARTICLE 19 también presentó una serie de recomendaciones dirigidas a los poderes ejecutivos federal y estatales, a los poderes legislativos federal y estatales, a la Fiscalía General de la República y las instancias de procuración de justicia, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como a la Comisión Ejecutiva Federal y las Comisiones Estatales de Víctimas.
