*Las dos anteriores administraciones gubernamentales dejaron en el abandono a 115 familias indígenas que fueron desplazadas de su comunidad por profesar una religión distinta al de la mayoría de sus comunidades.
El pasado domingo, 11 indígenas tseltales creyentes evangélicos de la comunidad de Chiquinivalvó en Zinacantán, fueron llamados a una asamblea comunal, donde se supone se deben tocar de interés general, dicha reunión fue para establecer los puestos de organización de cara a la festividad católica de Santa Cruz a llevarse a cabo este próximo 3 de mayo.
La elección de estas autoridades, denominados mayordomos, es para encargarse de gestionar, administrar e inclusive contribuir económicamente para que se lleve a cabo esta fiesta. En dicho acto, la comunidad decidió que Juan Hernández Pérez, pastor evangélico, fuera el mayordomo, por obviedad, este se desistió del puesto.
La negación de Hernández Pérez trajo consigo de que fuera retenido por más de un día junto a 11 personas más. Cabe señalar, que la designación para la mayordomía se realiza bajo usos y costumbres, por tanto, según los señalamientos internaos a cada miembro de la comunidad debe tocarle de formar rotativa aportar en apoyar a realizar dicha festividad.
Luis Antonio López Herrera, abogado e integrante de la asociación “Misión 21 gramos”, encargado de apoyar de forma jurídica a personas que de manera sistemática fueron víctimas de persecución religiosa en Chiapas, argumentó que las 12 personas se mantuvieron retenidas contra su voluntad desde las 17 horas del domingo y liberados a las 16 del día siguiente.
Además del mencionado pastor, fueron igualmente privados de la libertad: Martín Hernández Pérez, Antonio Hernández Pérez, Marcos Hernández Pérez, Mariano Hernández López, Juan Hernández Vázquez, Carlos Hernández Vázquez, Mateo Hernández Vázquez, Mariano Hernández Pérez, Lorenzo López Pérez, Carmen Vázquez Hernández, y Mario Vázquez Vázquez, todos ellos fieles de la Iglesia Pentecostés Cristo Viene Guiada por el Espíritu Santo, con Registro Constitutivo SGAR/4553/2018, se prolongó hasta este lunes en que finalmente fueron liberados.
Sin embargo, Hernández Pérez y las otras 11 personas al regresar a sus hogares detectaron que les fue cortada la luz eléctrica y derramada el agua que mantenían recolectada. López Herrera, detalló que esta acción fue encabezada por un grupo simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes lideraban la organización de las fiestas tradicionales en la comunidad. Cabe señalar, que Manuel Martínez Jiménez, presidente municipal de Zinacantán es militante de este partido.
Por su parte, un conjunto de personas indignadas ante el hecho apoyó en la recuperación de la luz y en otorgarles agua.
López Herrera, encargado jurídico de este caso, indicó que fue la Secretaría de Gobierno quien por medio de un oficio dirigido al Ayuntamiento de Zinacantán, se dio la liberación de estas personas.
“No hubo agresión física, hasta el momento, no se tiene ningún reporte de que las autoridades se hayan inconformado por la reactivación del servicio del luz” detalló en entrevista telefónica.
Pese a ello, el abogado hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales a estar atentos de la integridad del pastor y las 11 personas que le acompañaban.
Más casos
El mes pasado, un grupo de familias evangélicas también fue retenida en la Ranchería Chihuahua, en el municipio de La Trinitaria, sin embargo, delegados de la Secretaría realizaron gestiones para su liberación y se firmó un acuerdo de respeto y paz.
Otro caso similar al de Chiquinivalvó, fue el de Yaxtinin comunidad de San Cristóbal de las Casas en 2012, cuando 11 familias fueron desplazadas por practicar una religión distinta a la de su comunidad. En ese entonces el gobierno de Juan Sabines Guerrero, atendió el caso de manera fortuita al ubicarlos en un albergue.
En 2015, durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, se realizó una firma para reubicarlos, dándoles un terreno, pero ya no era 11 sino que ascendieron a 32 familias ya que se dieron desplazamientos paulatinos durante esos 3 años, sin embargo, hasta ahora las familias indígenas viven en el desamparo.
Según López Herrera, quien ha llevado casos durante los últimos 12 años, indicó que tiene al menos 6 denuncias formales para pedir la reubicación y detención de responsables del desplazamiento por razones religiosas de 115 familias de 9 comunidades, un total de 700 personas entre ellos niños, niñas y adultos mayores, quien hasta ahora no pueden regresar a su hogar.
