Ciudad de México, 7 de marzo de 2019
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Miles de ellas alrededor del mundo salen a las calles a reclamar por sus derechos, recordando que un 5 de marzo de 1908, durante una huelga en demanda de igualdad salarial en relación al trabajo que realizaban los hombres, la disminución de la jornada laboral a 10 horas, así como un tiempo para amamantar a sus hijos, entre otras exigencias; murieron quemadas 129 trabajadoras de la fabrica textil Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva York, Estados Unidos. Los dueños de la fábrica las habían encerrado en su lugar de trabajo para obligarlas a permanecer en las instalaciones y que no pudieran unirse a las más de 40 mil costureras industriales que habían declarado la huelga.
La fecha quedó instaurada en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, que se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca; donde más de cien mujeres de 17 países distintos decidieron declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sin embargo, fue hasta 1975 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) lo institucionalizó como el Día Internacional de la Mujer.
Actualmente, en nuestro país existen diversas leyes que protegen los derechos de las mujeres, dentro de la Constitución mexicana, en sus artículos 1º, que prohibe toda discriminación por el género o preferencia sexual, por ejemplo; y el 4º, que reconoce la igualdad entre los sexos.
Asimismo, se han decretado legislaciones específicas como La ley general para la igualdad entre mujeres y hombres y la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; además el Estado mexicano ha firmado los tratados internacionales en materia de derechos humanos que protegen específicamente los derechos de las mujeres, como la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará), en el plano regional, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el ámbito internacional.
A partir de lo anterior, las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a adoptar políticas públicas, programas y proyectos que respeten, protejan, promuevan y garanticen el goce y disfrute de los derechos a la igualdad, a la educación, a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, al trabajo, al desarrollo, a la participación política, a un ambiente sano, a la información a las mujeres, a vivir una vida libre de violencia, entre otros. Sin embargo la realidad a la que se enfrentan actualmente las mujeres en la sociedad es otra mucho más desalentadora y que obliga a tomar acciones al respecto.
De acuerdo al Censo de población del 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres representan el 51.4% de la población total de México. Históricamente han sido víctimas de exclusión en la escuela, el trabajo, el hogar, la política, en los medios de comunicación y en diversos espacios más.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) hace mención en su informe “Día internacional de la mujer, Discriminación de género e interseccional“, que actualmente ellas siguen recibiendo un pago inferior por su trabajo con relación al que reciben los hombres por realizar el mismo trabajo, que no tienen acceso real y equitativo a las ventajas del empleo, además el mayor numero de quejas que la dependencia ha recibido son a nivel laboral, por despido injustificado por embarazo.
A las mujeres se les discrimina por el género y además por pertenecer a los grupos en situación de vulnerabilidad. De igual forma persiste la idea en la sociedad de que si se les ataca sexualmente o se les violenta, es debido a que han provocado a los hombres. El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, por cuestiones de género. Cada cuatro horas se asesina a una joven, niña o mujer adulta en México.
De acuerdo al INEGI, entre el 2007 y el 2016 se registraron 22 mil 482 mujeres asesinadas en el territorio nacional. Entre estos años (2007 y 2016) se registró un incremento del 152% de la incidencia feminicida. Hoy cada día son asesinadas nueve mujeres en el país, no obstante que apenas el Gobierno Federal presentó su plan de acción ante la violencia feminicida, habrá qué esperar los resultados tangibles de dicho plan.
Actualmente la mitad del país, 16 entidades están declaradas en emergencia feminicida mediante la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVG), mecanismo contemplado en la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para hacer frente y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Los estados con AVG son el Estado de México, Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Colima, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Durango y Campeche; además de que existen al menos 7 peticiones más por parte de la sociedad civil para que se declare en sus territorios: Puebla, Guanajuato, Baja California, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y la Ciudad de México sin respuesta y con suma resistencia por parte de las autoridades locales.
E l mecanismo de la AVG para erradicar la violencia feminicida en el país, que marca la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, no representa ninguna garantía; en la mayoría de las entidades continúan los asesinatos de mujeres y las víctimas de estos asesinatos en la gran parte de los casos no llegan a tener acceso a la justicia y se ven marcados con impunidad.
Durante el 2016 y 2017 tan solo en el Estado de México, la entidad más violenta para las mujeres, se han registrado 257 asesinatos de mujeres por razones de género en cada año, de acuerdo al portal A Fondo Estado de México. En el 2018 fueron 232 asesinatos violentos de mujeres en la misma entidad.
Estamos ante una emergencia feminicida a nivel nacional, la implementación de la AVG está siendo utilizada como un mero discurso político que ayuda en la simulación e inoperancia del mecanismo por parte de las autoridades locales y federales, a partir de la falta de resultados para los que se creó, al mismo tiempo dicho discurso incentiva la inacción para solucionar la problemática. A las mujeres las siguen asesinando, las siguen desdibujando y discriminando; se les sigue violentando y las autoridades siguen actuando con total opacidad en su obligación para atacar el problema.
Es imperativo que la sociedad civil se vincule, se informe y actué desde el respeto y la empatía. A toda la sociedad en general les corresponde hacer valer el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, no permitir discursos que conllevan a la impunidad y a la simulación, sea 8 de marzo, 2 de abril, 30 de agosto ó 1 de junio.
