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Nueva Ley de Telecomunicaciones en México podría vulnerar la libertad de expresión y la privacidad: especialistas

Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 25 de abril de 2025. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en conferencia de prensa matutina “Las mañaneras del pueblo”, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan Marath Baruch Bolaños, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil y Bulmaro Juárez Pérez, divulgador de lenguas indígenas, presentador de la sección “Suave Patria”. Foto: Presidencia

La iniciativa discutida en el Senado otorga facultades para bloquear plataformas digitales sin orden judicial y propone un registro de usuarios móviles, pese a fallos previos de la Suprema Corte.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 25 de abril de 2025. – La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, actualmente discutida en comisiones del Senado, ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advierten que las disposiciones planteadas ponen en riesgo la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad de las personas en México.

De acuerdo con el análisis de especialistas, el proyecto de ley otorga a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones facultades extraordinarias para bloquear plataformas digitales cuando así lo soliciten “autoridades competentes”, sin que estas sean claramente definidas ni se requiera de una orden judicial. Esta medida permitiría la restricción extrema de la libertad de expresión en Internet, contraviniendo principios establecidos en la Constitución mexicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben la censura previa.

“El bloqueo de plataformas digitales enteras equivale al cierre arbitrario de estaciones de radio o televisión”, alertaron, señalando que dichas acciones deben regirse bajo estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, conforme a estándares internacionales.

Otro aspecto preocupante es que, según el artículo 109 de la propuesta, la Agencia tendría la facultad de determinar los procedimientos y estándares para bloquear plataformas, una tarea que, de acuerdo con el marco legal, debería ser definida por el Congreso de la Unión mediante ley clara y precisa. Delegar esta responsabilidad a una dependencia administrativa, sostienen expertos, abre la puerta a restricciones discrecionales y violaciones graves a derechos fundamentales.

Además, la iniciativa contempla en su artículo 8 la creación de un “registro de usuarios del servicio móvil”, similar al extinto Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. Aunque no detalla en qué consistirá este registro, faculta a la Agencia a permitir el acceso de autoridades bajo lineamientos que definiría internamente, sin criterios claros establecidos por ley.

A ello se suma la preocupación por el artículo 161, que permite a las instancias de seguridad pública federal y de seguridad nacional operar dispositivos que bloqueen o anulen señales de telefonía, datos o radiocomunicación. La falta de precisión sobre las atribuciones bajo las cuales podrían usar estos dispositivos plantea riesgos de apagones de Internet y restricciones arbitrarias de las telecomunicaciones, lo cual podría tener efectos devastadores para los derechos humanos.

Pese a las críticas, el proyecto también contiene avances, como el fortalecimiento del principio de neutralidad de la red en los artículos 107 y 108, lo cual permitiría emitir lineamientos más robustos para proteger la libre circulación de información en Internet.

Ante estos riesgos, diversas organizaciones hicieron un llamado al Senado para abrir una discusión amplia, pública e incluyente antes de aprobar la reforma. En concordancia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la necesidad de revisar y corregir el texto de la iniciativa.

“El Congreso tiene la responsabilidad de actuar con prudencia y garantizar que ninguna reforma ponga en peligro los derechos fundamentales de las y los mexicanos”, señalaron, advirtiendo sobre las graves consecuencias que una aprobación vía fast track podría acarrear para la democracia en el país.

Gaza al borde del colapso: sin alimentos ni ayuda humanitaria tras siete semanas de bloqueo

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU alertó este viernes sobre una situación crítica en la Franja de Gaza, anunciando el agotamiento de sus últimos suministros para las cocinas comunitarias que proveen comidas calientes. La agencia advierte que, de no tomarse medidas urgentes para la apertura de corredores humanitarios, se verá obligada a suspender la asistencia alimentaria esencial para miles de familias gazatíes.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 25 de abril de 2025.– La situación humanitaria en Gaza ha alcanzado un nuevo “punto de quiebre”, advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Tras un breve alto al fuego, los avances humanitarios logrados se han desvanecido, dejando a la población sin medios básicos para sobrevivir. Las cocinas comunitarias, que durante semanas fueron la única fuente constante de alimentos, están a punto de cerrar por falta de provisiones, pese a que solo abastecen a la mitad de la población y cubren apenas una fracción de sus necesidades diarias.

El PMA también informó que el pasado 31 de marzo cerraron por completo 25 panaderías debido al agotamiento de harina de trigo y combustible. Los paquetes de alimentos distribuidos a las familias, diseñados para dos semanas, se agotaron en cuestión de días. Según el organismo de la ONU, desde hace más de siete semanas no ha ingresado a Gaza ningún suministro humanitario ni comercial, debido al cierre prolongado de todos los puntos fronterizos.

Este bloqueo, descrito por el PMA como “el más prolongado al que se ha enfrentado Gaza”, ha provocado el colapso de los mercados locales y del sistema alimentario. Los precios de los alimentos básicos se han disparado hasta un 1400% en comparación con los registrados durante el alto al fuego a principios de año, mientras la escasez se agrava. Esta situación incrementa gravemente el riesgo de desnutrición, especialmente entre niños pequeños, mujeres embarazadas y lactantes, personas mayores y otros grupos vulnerables.

Actualmente, más de 116,000 toneladas de ayuda alimentaria —suficientes para alimentar a un millón de personas durante cuatro meses— están listas para ser enviadas a Gaza tan pronto como se reabran los cruces fronterizos. El PMA instó a todas las partes a priorizar la protección de la población civil, permitir de inmediato el ingreso de la ayuda humanitaria y respetar sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario.

Otras agencias de la ONU también han alertado sobre el deterioro de la situación. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advirtió sobre el aumento del riesgo de violencia de género en un contexto de “privación y miedo extremos”, en el que mujeres y niñas carecen de recursos y protección. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) señaló que las órdenes de desplazamiento forzado han confinado a la población a menos de un tercio del territorio de Gaza, ahora fragmentado e inseguro, y reportó que medio millón de personas han sido desplazadas solo en el último mes.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la destrucción deliberada de maquinaria esencial para operaciones de rescate y asistencia humanitaria en Gaza, lo que dificulta la recuperación de víctimas, la limpieza de escombros y el suministro de servicios básicos, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades. La Oficina subrayó que los ataques intencionales contra bienes civiles son ilegales y constituyen crímenes de guerra. Además, denunció los altos niveles de violencia perpetrada por colonos israelíes contra la población palestina en Cisjordania.

Suspenden obra de SEDENA en Bacalar por falta de permisos ambientales: colectivos celebran victoria legal

SEDENA, Bacalar

Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la construcción de un proyecto hotelero de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la zona federal de la Laguna de Bacalar, Quintana Roo. La medida cautelar se da tras una demanda de amparo presentada por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) y Proyecto Justicia Común (PROJUC) debido a la falta de permisos ambientales y consulta pública, representando una victoria para la defensa ambiental en Bacalar.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 25 de abril 2025.- Desde marzo de 2025, habitantes de Bacalar iniciaron protestas pacíficas ante el comienzo de una obra de la SEDENA en la zona federal de la laguna, frente al emblemático Fuerte de San Felipe. El proyecto, identificado como un hotel, se puso en marcha sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni con un proceso de consulta a la comunidad local, según denunciaron DMAS y PROJUC.

Ante esta situación, ambas organizaciones civiles interpusieron una demanda de amparo indirecto, argumentando que el proyecto representa una grave amenaza para el equilibrio ecológico de la Laguna de Bacalar, vulnerando derechos fundamentales como el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la participación en asuntos ambientales y a la buena administración de los pobladores.

El día de ayer 24 de abril, un Juez de Distrito en Quintana Roo concedió la suspensión provisional solicitada, ordenando la paralización inmediata de las obras que ponen en riesgo el medio ambiente y el patrimonio cultural de Bacalar. Esta medida cautelar estará vigente hasta que se celebre la audiencia incidental el próximo 28 de abril, donde se determinará si se concede la suspensión definitiva, lo que implicaría la detención total de la construcción hasta la resolución del fondo del asunto.

DMAS y PROJUC celebraron este fallo como un “logro importante para la defensa ambiental, la participación ciudadana y la justicia ecológica en México”. Consideran que sienta un precedente crucial para evitar que proyectos gubernamentales avancen sin respetar la legalidad y los derechos de las comunidades afectadas.

Las organizaciones invitaron a los residentes de la zona de Bacalar a contactarlos a través del correo electrónico contacto@projuc.mx para recibir asesoría y promover, sin costo alguno, sus propias demandas de amparo indirecto contra este proyecto.

Comunidad de Tacuro exige cumplimiento de sentencia para elegir o ratificar a su Jefe de Tenencia

La comunidad indígena de Tacuro, Michoacán, se encuentra en un impasse debido al incumplimiento del Ayuntamiento de Chilchota de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que ordena realizar una asamblea para solucionar un conflicto interno sobre la elección o ratificación de su jefe de tenencia.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Tacuro, Michoacán, 25 de abril de 2025 La comunidad de Tacuro, en el municipio de Chilchota, exigió el cumplimiento inmediato de la sentencia emitida en el juicio TEEM-JDC-024/2025 por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que ordenó la celebración de una asamblea para definir de manera democrática a su autoridad civil.

De acuerdo con la resolución del TEEM, se instruyó al Ayuntamiento de Chilchota a organizar una consulta comunitaria en la que los habitantes de Tacuro decidan si desean ratificar al actual Jefe de Tenencia, Arnulfo Mateo Bautista, o llevar a cabo un proceso electivo para elegir a una nueva autoridad.

Sin embargo, hasta el momento, el Ayuntamiento de Chilchota no ha cumplido con esta orden, situación que ha agudizado los conflictos sociales dentro de la comunidad. El Tribunal Electoral señaló que los argumentos presentados por la autoridad municipal para justificar el incumplimiento son insuficientes, y recordó que la sentencia fue emitida precisamente para atender el conflicto intracomunal y garantizar los derechos de participación de todos los habitantes de Tacuro.

“La forma en que se puede solucionar el conflicto intracomunal es realizando las acciones ordenadas en la sentencia, pues claramente se analizó la situación que atraviesa la comunidad, considerando tanto los intereses de un grupo como de otro”, subrayó el Tribunal en su fallo.

El origen del conflicto radica en la división entre quienes apoyan la ratificación de Arnulfo Mateo Bautista como Jefe de Tenencia y quienes exigen una elección abierta para nombrar a una nueva autoridad. Ante esta situación, el Tribunal no optó por favorecer a uno de los grupos, sino que estableció un mecanismo democrático que permitiera a toda la comunidad decidir libremente mediante una Asamblea General.

En su resolución, el TEEM dejó claro que la consulta debe ser realizada con la participación de toda la comunidad, respetando su carácter como máxima autoridad, y con la colaboración del Ayuntamiento de Chilchota para garantizar que el proceso se lleve a cabo en condiciones justas y equitativas.

Organizaciones y habitantes de Tacuro reiteraron su llamado urgente:
¡Que la Asamblea General de Tacuro, máxima autoridad, decida quién será su Jefe de Tenencia! ¡Cumplimiento inmediato a la sentencia del juicio TEEM-JDC-024/2025!

Muere el defensor Marco Antonio Suástegui tras ataque armado en Acapulco

Muere el defensor Marco Antonio Suástegui tras ataque armado en Acapulco

Tras ocho días hospitalizado, el histórico dirigente del CECOP falleció debido a las heridas provocadas en un atentado en Acapulco. Organizaciones exigen una investigación exhaustiva y castigo a los responsables.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- Después de luchar durante ocho días por su vida en un hospital privado, este viernes se confirmó el fallecimiento de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien fue atacado a balazos el pasado 18 de abril mientras salía de la playa Icacos en Acapulco, Guerrero.

El asesinato de Suástegui no es un hecho aislado. De acuerdo con diversas organizaciones sociales, se enmarca en una estrategia sistemática de represión y hostigamiento contra quienes defienden la tierra, el agua y los derechos colectivos en México.

El líder campesino fue atacado por un hombre armado que le disparó en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido. Aunque su familia logró trasladarlo de inmediato a un hospital, las heridas fueron letales. El atentado ocurrió en un contexto de creciente violencia en Acapulco, donde las organizaciones criminales han fortalecido su control frente a la pasividad —y en algunos casos la complicidad— de las autoridades locales y federales.

Una vida de lucha y represión

Desde que asumió la defensa del territorio comunal de Cacahuatepec frente al megaproyecto hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui enfrentó criminalización, amenazas de muerte, encarcelamientos arbitrarios y la desaparición forzada de su hermano Vicente Iván Suástegui en 2021. A pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las organizaciones denuncian que estas fueron insuficientes e ineficaces.

Según el comunicado firmado por colectivos como Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre otros, Suástegui seguía siendo acosado de forma constante. “Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí”, denunciaron.

Pese a las constantes alertas sobre el peligro que enfrentaba, el Estado mexicano no implementó mecanismos efectivos para salvaguardar su integridad, lo que hoy culmina en una tragedia que pudo haberse evitado.

Las organizaciones firmantes adviertieron que el asesinato de Suástegui es parte de un patrón de violencia que afecta particularmente a quienes se oponen a megaproyectos, defienden los territorios y denuncian la colusión del crimen organizado con las autoridades locales.

Denunciaron también que el grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición de Vicente Iván Suástegui es el mismo que habría perpetrado el ataque contra Marco Antonio. A pesar de que existen mapas oficiales que identifican las zonas de operación de estas células delictivas, no se ha actuado para detenerlas ni para proteger a las víctimas.

Ante este nuevo crimen, las organizaciones sociales exigen una investigación pronta, imparcial y profunda que sancione a los responsables materiales e intelectuales. También demandan medidas de protección reales para la familia Suástegui y para todas las personas defensoras del territorio en Guerrero.

“No se trata de un caso más de violencia: es un mensaje de terror para quienes se atreven a defender sus derechos y su territorio. Urge que el Estado mexicano actúe antes de que más voces sean silenciadas”, alertaron en su pronunciamiento.

Comunidades otomíes se reúnen en Las Moras para preservar su herencia culinaria

La séptima Feria Gastronómica Otomí Hnini Ndosküä reunirá a cocineras y cocineros tradicionales del municipio de Villa del Carbón, Estado de México, para compartir sabores, saberes y técnicas ancestrales en una jornada que también contempla rituales, artesanías y expresiones en lengua originaria.

Por AlanDJHM / @alandjhm

Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- La comunidad otomí de Las Moras, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México, será anfitriona de la séptima edición de la Feria Gastronómica Otomí Hnini Ndosküä este sábado 26 de abril. El evento se llevará a cabo en la explanada de la Iglesia de la Santa Cruz, a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 3 de la tarde.

El objetivo central de esta feria es fortalecer el vínculo entre la identidad cultural del pueblo otomí y su cocina tradicional, mediante la preparación y exhibición de alimentos elaborados con ingredientes de temporada, técnicas de cocción que han sido transmitidas de generación en generación, y utensilios característicos de la vida comunitaria en el campo.

Durante la jornada, personas provenientes de las 13 comunidades indígenas de Villa del Carbón, entre ellas San Luis Anáhuac, Xhajay, Potrero Largo, La Esperanza y El Arenal— ofrecerán una amplia variedad de alimentos como mole de guajolote, tamales de frijol, tortas de flor cocida en hoja de encino, pulque de moras, salsas de xoconostle, aguas naturales y dulces cristalizados. La mayoría de estos productos provienen directamente de las huertas, milpas y traspatios familiares.

Los Orejones son como el ratatouille versión otomí, fotógrafia de IZA comunicación y cultura

De acuerdo con los organizadores, el evento tiene una doble intención: por un lado, revalorar el conocimiento culinario heredado por abuelas, madres y cocineras tradicionales, y por otro, propiciar el encuentro e intercambio de recetas, ingredientes y experiencias entre las distintas localidades del municipio, muchas de las cuales mantienen prácticas alimentarias poco visibles ante el avance de la industrialización.

Además de la comida, la feria contará con expresiones culturales como rituales de apertura con elementos ceremoniales otomíes, música, cantos y danzas interpretadas por niñas, niños y adultos mayores, así como una muestra artesanal donde se podrán adquirir productos elaborados a mano con técnicas tradicionales. Parte de estas actividades se desarrollarán en lengua hñähñu.

Uno de los momentos más esperados es el concurso gastronómico que premiará a los mejores platillos, bebidas y postres, valorando principalmente el uso de métodos tradicionales como el hervido, la cocción al vapor o en penca, así como la incorporación de ingredientes propios del entorno local. El jurado estará conformado por los chefs Agustín Maldonado y Pablo Salas, este último fundador del restaurante Amaranta, reconocido por promover la cocina mexiquense.

"En la cocina otomí, la flor de calabaza es uno de esos ingredientes clave"

La primera edición de esta feria fue organizada en 2018 como parte de las festividades del Día de la Santa Cruz. En ese entonces, la iniciativa surgió de las propias familias de Las Moras, quienes decidieron abrir un espacio para mostrar la riqueza culinaria otomí. A lo largo de siete años, el evento ha ido creciendo en participación e impacto, convirtiéndose en un referente local de organización comunitaria y promoción cultural.

Las Moras se ubica a unos 20 minutos del centro de Villa del Carbón, considerado uno de los pueblos mágicos del Estado de México. La región se distingue por su herencia otomí y por la persistencia de prácticas agrícolas, rituales y culinarias que aún resisten a los procesos de desplazamiento cultural.

Defensora triqui Emelia Ortiz García denuncia allanamiento y robo en su hogar: exige justicia por feminicidios y desapariciones

La líder indígena y activista triqui, Emelia Ortiz García, denunció un nuevo acto de intimidación tras el allanamiento de su vivienda, donde le sustrajeron documentos personales y pruebas de casos de violencia. La defensora, con medidas cautelares, responsabiliza al grupo MULTI y exige protección ante la creciente persecución.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 24 de abril 2025.- La reconocida defensora triqui Emelia Ortiz García, figura clave del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y secretaria de la Casa Cultural de la Nación Triqui, ha sido víctima de un acto de intimidación. Al regresar a su hogar el pasado martes 22 de abril, tras visitar la comunidad de Rastrojo, constató que su vivienda había sido allanada y despojada de documentos personales y diversas pertenencias. Este hecho se suma a la persistente persecución, hostigamiento e intimidación que enfrenta la defensora, quien exige justicia por el feminicidio de sus hermanas Virginia y Adriana, ocurrido el 5 de noviembre de 2024, así como por la desaparición de sus primas Virginia y Daniela, cuyo paradero se desconoce desde el 5 de julio de 2008 en la región de la mixteca.

Según relata la defensora de derechos humanos, en dos ocasiones previas, individuos desconocidos ingresaron a los lugares donde resguarda sus pertenencias, perpetrando robos y saqueos. En estos incidentes, las cerraduras de las puertas fueron forzadas y los cristales de las ventanas destrozados, sustrayendo además documentos cruciales relacionados con denuncias de compañeros asesinados y desaparecidos.

Emelia Ortiz García, quien actualmente cuenta con medidas cautelares de protección, señala directamente como responsables de estos actos intimidatorios a integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), organización surgida en 2006 a partir de una escisión del MULT.

Con una trayectoria de más de 25 años dedicada a la defensa de los derechos humanos y al rescate cultural de la indumentaria del pueblo Triqui, Emelia Ortiz García es una voz fundamental en la lucha por la justicia en Oaxaca.

Ante esta grave situación, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras han emitido un llamado, exigiendo garantías urgentes de protección para Emelia Ortiz García. Asimismo, demandan una investigación diligente de los hechos y el fin de la impunidad que ampara a sus agresores. Ambas organizaciones hacen un llamado a la solidaridad con la defensora y responsabilizan al Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, de cualquier nuevo ataque contra su integridad y seguridad.

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IPRI denuncia explotación de territorios indígenas para minerales críticos sin consentimiento previo

En el tercer día del Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas (UNPFII), la organización Indigenous Peoples’ Rights International (IPRI) alertó sobre la violación sistemática del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en proyectos mineros. Exigen acciones urgentes a Estados y empresas para proteger los derechos territoriales y la autodeterminación de las comunidades.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 24 de abril 2025.- La Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI) denunció durante el tercer día del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) la continua explotación de territorios indígenas para la extracción de minerales críticos sin la debida protección de su Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). En un panel centrado en esta problemática, la organización calificó esta práctica como una grave violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, recursos y a la autodeterminación, derechos amparados por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), el Convenio 169 de la OIT y otras normativas internacionales de derechos humanos.

La IPRI criticó la Declaración de Política Minera sobre Pueblos Indígenas (MPS) revisada del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), adoptada en agosto pasado. A pesar de la participación de buena fe de los pueblos indígenas en el proceso de revisión, la organización lamentó que el ICMM no defendiera el derecho de los pueblos indígenas a decir NO como parte fundamental de su CLPI, incluso ante la firme oposición expresada durante la elaboración de la declaración. Según la IPRI, en lugar de exigir a las empresas que respeten las decisiones de las comunidades indígenas, la MPS ofrece directrices para avanzar con proyectos incluso cuando el consentimiento ha sido denegado.

La organización también expresó su profunda preocupación por el lanzamiento de la Iniciativa de Estándares Mineros Consolidados (CMSI) por cuatro importantes asociaciones mineras: The Copper Mark, ICMM, la Asociación Minera de Canadá y el Consejo Mundial del Oro. La IPRI, junto con otras organizaciones, manifestó su firme oposición al borrador de la CMSI, argumentando que no respeta el derecho de los pueblos indígenas al CLPI.

La IPRI subrayó la influencia significativa de estas asociaciones empresariales en la industria minera global, destacando que el ICMM por sí solo representa un tercio del sector. En este contexto, la organización calificó de “profundamente preocupante” que estas asociaciones aparentemente solo de palabra respeten los derechos indígenas, incluido el CLPI, pero no actúen en consecuencia ante la decisión colectiva de las comunidades, incluyendo su derecho a rechazar proyectos extractivos.

Ante el Foro Permanente de la ONU, la IPRI formuló una serie de recomendaciones cruciales para garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en la extracción de minerales críticos:

  1. CLPI vinculante, con mecanismos de supervisión independientes.

  2. Titulación de tierras indígenas antes de cualquier actividad extractiva.

  3. Beneficios equitativos y participación indígena en toda la cadena minera.

Familias de Tilapa exigen reunión con gobernadora Evelyn Salgado por incumplimiento en reubicación tras desastres naturales

Comunidades Me’phaa en Tilapa, Guerrero, denunció el incumplimiento de la Secretaría General de Gobierno en la compra de 600 hectáreas para reubicar a 150 familias afectadas por huracanes. Exigen acción inmediata ante el riesgo de deslaves y años de abandono.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 24 de abril 2025.- Las familias de Tilapa, comunidad indígena Me’phaa en Malinaltepec, Guerrero, acusaron a la encargada de la Secretaría General de Gobierno estatal, Anacleta López Vega, de incumplir los acuerdos para adquirir 600 hectáreas en San Luis Acatlán. Estas tierras permitirían reubicar a 150 familias afectadas por deslaves tras tormentas como IngridManuel y el reciente huracán John.

Gelasio Ambrosio Santana, comisariado de bienes comunales, recordó que el 6 de agosto de 2024 se pactó la compra con López Vega, quien aseguró que “su palabra era la ley”. Sin embargo, tras múltiples reuniones —la última el 28 de marzo de 2025—, no hubo avances. “Solo nos dieron falsas esperanzas”, denunció en conferencia de prensa en el Centro Tlachinollan.

Riesgo inminente y desatención histórica
Un dictamen de Protección Civil advierte que varias zonas de Tilapa están en riesgo de colapso por deslaves, agravados por la deforestación y la topografía abrupta. Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, destacó la “alta conflictividad agraria” en la Montaña, donde comunidades como Tilapa luchan por tierras ancestrales frente a la indiferencia gubernamental.

El comisario municipal, Félix Noé Galeana Flores, hizo pública la denuncia por el incumplimiento de acuerdos desde agosto de 2024, subrayando la esperanza inicial depositada en la visita de la doctora Anacleta el 6 de marzo. “Lamentamos su engaño a la comunidad por parte del gobierno que no nos ha dado una respuesta clara y efectiva”, expresó Galeana Flores; recordando también que el problema de la tierra en la región tiene raíces históricas profundas, que datan de hace aproximadamente 80 años

El principal de la comunidad, Inocencio Díaz, también se sumó al reclamo, recordando la presencia de diversas autoridades en reuniones previas, sin que se concretaran soluciones. “Nos han discriminado y maltratado porque ya van varias reuniones que ha tenido nuestra autoridad agraria, pero siempre han prolongado la fecha para dar una respuesta favorable. Lo que queremos es atención y que el gobierno pueda intervenir para finiquitar nuestros problemas que ya llevamos tiempo arrastrando”, manifestó.

Ante la falta de respuestas, la asamblea de Tilapa acordó acciones más contundentes, incluyendo una movilización el 13 de mayo. Inocencio Díaz, principal de la comunidad, exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al gobierno federal intervenir: “Queremos diálogo, pero ya nos orillaron”.