Por Teresa Balcazar/ @BalcazarTeresa
A unos días de que el presidente del Senado, Martí Batres Guaderrama, informara de la firma del protocolo que contiene el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el cual se someterá a discusión y votación en una sesión extraordinaria, programada para este martes; se documentó que en los últimos años el gobierno ha perdido 380 millones de dólares en demandas por proyectos extractivos cancelados.
Se trata de una cláusula incluida en la mayoría de los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión, que establece protección a los inversionistas, al obligar a los Estados a indemnizar a las empresas por proyectos no concretados.
El mecanismo de demanda es denominado Solución de Controversias entre Inversionista y Estados (SCIE). Esta permite a las empresas presentar demandas por millones de dólares en tribunales privados. La mayoría de los casos, sometidos a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pertenecen al sector de minería, petróleo y gas.
Bajo este sistema, que ha cobrado relevancia en los últimos años, México tiene 4 casos de demandas, vinculados a proyectos extractivos de industrias mineras provenientes de Estados Unidos y Canadá.
Todo lo anterior se encuentra en el informe: Casino del extractivismo, elaborado por los investigadores Jen Moore y Manuel Pérez Rocha en colaboración con Mining Watch Canada, Institute for Policy Studies y Center International Eviromental Law.
Las apuestas: el Convenio 169 (OIT) contra el arbitraje supranacional
En el 2000 se registró un incremento exponencial en los precios de los metales, como el oro y la plata que, años después, aumentaría sus estimaciones en 750%. Tal acrecentamiento reconfiguraría los metales y los minerales, atrayendo montos importantes de la inversión mineral global en América Latina, hasta convertirse en la principal región receptora de los flujos de capital transnacional; así lo informó el doctor Manuel Ignacio Martínez Espinoza, catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su texto Repertorios de Acción Colectiva frente al extractivismo minero en América Latina.
Acorde con Moore y Pérez Rocha, a la par de tener un aumento exponencial en las actividades de exploración y extracción de minerales, América Latina y México se convirtieron en las regiones más demandadas.
La mayoría de las demandas provienen de empresas que cotizan en Canadá, debido a los requisitos poco estrictos, en materia de normas, para listar y constituirse como sociedad; además de las bajas tasas de impuestos corporativos.
Desde los años ochenta, los investigadores han documentado que, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, el Grupo del Banco Mundial, con el apoyo de varios gobiernos del norte, impulsan acciones para facilitar la inversión extranjera privada; desconociendo la labor de las comunidades afectadas por minerías, cortes, gobierno e incluso organismos internacionales de derechos humanos.
Pese a que el convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece el derecho de los pueblos indígenas de decidir sus propias prioridades, en lo que atañe al proceso de desarrollo; las cláusulas restringen la capacidad del gobierno de garantizar los derechos de autodeterminación de los pueblos Originarios.
Las empresas presentan demandas alegando que sus proyectos mineros y ganancias futuras podrían haber sido afectados. En la mayoría de los casos, las demandas fallan a favor de los inversionistas.
El mecanismo que con frecuencia se utiliza es la Solución de Controversia entre Inversionistas y Estados (SCIE). La Solución permite a inversionistas extranjeros demandar a los gobiernos directamente ante tribunales de arbitraje supranacionales. El tribunal al que más se recurre es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Bacon Mundial, en donde se dictaminan sobre demandas relativas a vulneraciones de las protecciones de inversionistas, consagradas en una gran variedad de acuerdos legales, incluyendo tratados de comercio y de inversión.
En México cuatro empresas mineras han amenazado con presentar demandas:
En el marco del tratado del Libre Comercio de América del Norte, en 2010, luego de que las autoridades ambiéntales en el Estado de Chiapas clausuraran la mina de barita La Revancha (Payback), en diciembre de 2009; la empresa canadiense Blackfire Exploration presentó una demanda por un monto de 800 millones de dólares. Sin embargo, la demanda se disolvió en 2017.
El segundo caso se da en el marco de la Cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá, en 2016. El gobierno recibió la notificación de someter a arbitraje internacional los reclamos de la empresa canadiense Primero Mining por incumplimiento en normas del TLCAN.
En septiembre de 2018, después de publicarse la renegociación del TLCAN, la empresa estadounidense Legacy Vulcan LLC notificó su intención de una demanda que reclamó 500 millones de dólares, por el supuesto impedimento de explotación de dos predios en Quintana Roo. Seguido de que la demanda se presentara el 3 de enero de 2019, la empresa estadounidense, Odyssey Mineral Exploration, comunicó una demanda al país, por no haber aprobado los permisos ambientales para su minería de fosfato, en suelos marinos cerca de Baja California Sur. La cantidad en juego es de 3, 540 mil millones de dólares.
De los cuatro casos documentados en el informe, destaca el asesinado del dirigente Comunitario, Mariano Abarca (27 de noviembre 2009). Los sospechosos son personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.
Años más tarde, a través de una solicitud amparada por la Ley de Libre Acceso a la información en Canadá se reveló que la embajada de Canadá en México asesoró a la empresa, pese a su conocimiento de las amenazas contra miembros de las comunidades.
La defensa del territorio frente a la ruleta del extractivismo
A la par de registrarse un auge en la industria extractiva, a finales de la década de los 90, los conflictos sociales en América Latina fueron aumentando.
Los conflictos derivan por el otorgamiento de licencias a las concesiones extranjeras.
El ascenso en el número de las licencias mineras en América Latina, que reconfiguró las franjas territoriales, dio paso a que empresas vulneraran la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios.
En total, México ha concesionado el 11.3% (22, 100,000) de hectáreas a la minería, le antecede Chile con el 41% y Perú con el 14.3%.
En un informe publicado por el portal de noticias Breaking, la Red de Afectados Contra la Minería (REMA), señaló que por lo menos 150 comunidades en pugna contra mineras, ubicadas en el centro y norte de Guerrero, presentan una escalada de violencia tras el arribo de las empresas canadienses en 2008.
Derivado de los conflictos se registró, a finales de año, 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México: 108 han sido asesinatos, de los cuales 82 fueron perpetrados contra personas indígenas.
De enero a mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las oficinas de la ONU , documentaron un aumento en el asesinato a personas defensoras de derechos humanos: 10 personas fueron asesinadas durante ese periodo, cifra cercana a los 13 casos documentados durante el 2018.
Ante ello, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha encomendado, en diversas ocasiones, la misión de proteger los derechos humanos de los pueblo originarios.
Sin embargo, las altas demandas que presentan empresas, ante tribunales, representan un acoso adicional para las comunidades, quienes a nivel internacional carecen de contrapeso legal, para activar procedimientos cuando las actividades mineras violan sus derechos.
