La represión del estado en Chile criminaliza la lucha por la vida y atenta contra los derechos humanos
Manifestamos nuestra consternación y nuestro rechazo frente a las medidas que el Estado está tomando actualmente en Chile y que violan gravemente los derechos humanos del pueblo chileno. Las personas que están participando en las manifestaciones masivas contra la austeridad, la precarización de la vida y la privatización de los derechos sociales, están ejerciendo sus derechos inalienables a la libertad de opinión, de expresión, de reunión y de asociación, así como el derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos públicos, todos ellos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La protesta generalizada del pueblo chileno no se ha tratado sólo de una reacción momentánea ante el aumento del costo del pasaje en el transporte, sino que es una respuesta legítima frente a las medidas depauperantes impuestas por el gobierno chileno desde el Régimen Militar de 1973, es decir es la suma del malestar histórico generado por casi 50 años de ataques económicos y medidas neoliberales que han empobrecido a la mayoría del pueblo chileno, beneficiando solamente a unas cuantas personas y en detrimento de los derechos humanos y de la vida del grueso de la población.
Las políticas neoliberales adoptadas por los Estados de la región han generado que estos se alejen de su finalidad primordial que es garantizar plenamente los derechos humanos. Si los derechos humanos no funcionan como límites a los mercados y a la Lex mercatoria, se seguirá abriendo la puerta para su privatización, como ha sido el caso de Chile y de otros países en la región. El Estado chileno, lejos de asumir sus responsabilidades para la realización de los derechos humanos, ha mantenido políticas económicas que los han vulnerado de manera sistemática, lo cual no sólo se aleja de su deber esencial de proteger en condiciones de igualdad a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sino que, al privilegiar la protección de los derechos patrimoniales sobre los derechos humanos, está obstaculizando toda posibilidad de que el grueso de la población pueda acceder a una vida digna.
Frente a este escenario, la población chilena simplemente ha reaccionado para defender su vida y sus derechos. Por lo que se trata de una protesta no sólo legítima, sino también jurídicamente válida, al defender la necesidad de que los derechos humanos prevalezcan sobre cualquier interés económico.
Sin embargo, ante la lucha del pueblo chileno por la defensa de sus derechos humanos, el gobierno ha respondido brutal y violentamente a través de las fuerzas armadas. La barbarie ha sido convocada. Hasta el momento se registran denuncias graves de tortura y de violencia sexual en las detenciones, además de la muerte de 19 personas, donde al menos 5 fueron causadas por carabineros y militares. Las cifras se actualizan minuto a minuto: 2138 personas detenidas, incluyendo más de 200 niñas, niños y adolescentes; 269 heridos registrados, de los cuales 134 recibieron disparos de armas de fuego y que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad al interior de las prisiones.
Como se ha señalado reiteradamente, se ha establecido en estándares internacionales de derechos humanos que los hechos puntuales de violencia no pueden invocarse para afirmar que una protesta es violenta en su totalidad y considerando que en contextos de protestas generalizadas pueden surgir situaciones de conflictividad y tensión, el condenar dichas protestas como “no pacíficas” para justificar el uso desproporcionado de la fuerza y de la violencia por parte de los agentes estatales vulnera gravemente el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión de las personas que están participando en las protestas sociales. Por ello, denunciamos que la criminalización de la protesta invisibiliza los reclamos de fondo del pueblo chileno y su oposición frente a las inequidades, desigualdades y carencias sociales crecientes que se están generalizando en la región.
Chile será para el mundo una promesa o una derrota. La lógica del neoliberalismo implica considerar todo como mercancía y, aunque los mercados pretendan cerrar este debate, Chile, que otrora ha querido ser considerado un hijo ejemplar del neoliberalismo, es ejemplo de lucha por la vida y la dignidad. Chile y el mundo necesitan que cese la mercantilización de la vida. Los derechos humanos son nuestros pequeños pero multitudinarios “escudos”, y hoy todos necesitamos defenderlos en Chile.
Por ello, ante este panorama, nosotros, abogados y abogadas, activistas, defensoras y defensores de los derechos humanos, en particular del derecho a la educación pública,
gratuita y popular; y del acceso universal e igualitario a todos los derechos sociales, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex-integrantes del Consejo General de Huelga 1999-2000:
I. Demandamos el cese inmediato de cualquier medida estatal que suprima, así sea temporalmente, el pleno disfrute de los derechos humanos que pertenecen a toda la población, incluyendo cualquier tipo de estado de excepción o de emergencia, así como el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad interior.
II. Reiteramos que frente al saqueo de los pueblos y la privatización de los derechos económicos, sociales y culturales; las protestas para la defensa de la vida son un derecho en sí mismo que debe ser respetado, no sólo en Chile sino en todo Estado.
III. Exigimos al gobierno chileno que cumpla de manera inmediata con sus obligaciones nacionales e internacionales y con todos los tratados de derechos humanos de los que es parte, garantizando la integridad y los derechos tanto de las personas que están participando en las manifestaciones y protestas como de las que han sido detenidas o criminalizadas, así como restituyendo los derechos humanos que al ser vulnerados han dado origen a las protestas.
IV. Reiteramos que la comunidad internacional tiene la obligación de investigar las muertes y las recientes violaciones de derechos humanos, de manera pronta, efectiva e imparcial, velando porque se garantice la no repetición.
V. Exigimos que la OEA y la ONU, en particular a sus instituciones y mecanismos de protección de derechos humanos, tomen una posición clara sobre el uso de las medidas de excepción y la suspensión de derechos e intervengan de manera urgente para exigir al Estado chileno el respeto de todos los derechos fundamentales de las personas que se manifiestan legítimamente en las calles y están defendiendo su vida y su dignidad.
Consejo General de Huelga – Facultad de Derecho
1999 – 2000, Universidad Nacional Autónoma de México
(octubre 25, 2019)
Contacto: @CGHder_UNAM99