Por Iván Gutiérrez
En política es común la estrategia de atacar la reputación de los adversarios para demeritar su imagen pública y credibilidad, restándoles con ello confianza y respaldo popular. Si bien los antecedentes mexicanos de este tipo de acciones son abundantes en el historial de ciertos grupos económicos (CCE) y medios de comunicación (Televisa y TV Azteca), las declaraciones de Javier Alatorre emitidas el pasado viernes 17 de abril en noticiero de difusión nacional —referentes a ignorar las recomendaciones del Dr. Hugo López Gatell—, toman otras proporciones por la contingencia sanitaria actual del COVID-19, evidenciando una profunda falta de ética y humanidad en quienes operan lo que se vislumbra como una campaña de difamación del tipo “Guerra Sucia”, instrumentado para lo que los sociólogos denominan como un “Golpe de Estado blando”.
UN NUEVO CAPÍTULO EN LA GUERRA SUCIA
Para quienes trabajamos en los medios de comunicación, y más específicamente, para quienes hemos trabajado tanto en el área periodística como en la publicitaria, resulta evidente que en días recientes ha iniciado una agresiva campaña de desprestigio contra el gobierno de López Obrador, similar a ediciones pasadas de lo que en nuestro país se denomina como “Guerra Sucia”.
Algunos recordarán capítulos previos de esta guerra, como la sonada campaña “AMLO es un Peligro Para México” durante las elecciones del 2006, con los continuos spots patrocinados por el Consejo Coordinador Empresarial enfocados a provocar miedo en la población ante “la catástrofe” de suspender la política económica de gobiernos anteriores (solo en esta campaña el CCE invirtió 200 millones de pesos junto con Jumex, Sabritas y la Sociedad Armate en mensajes de radio y televisión); o la reciente serie “Populismo en Latinoamérica”, difundida a gran escala durante las elecciones de 2018. La resolución que nos han dejado estos episodios previos es que el dinero mueve la construcción de la imagen. Si desean explorar más este tipo de antecedentes pueden leer más en el artículo “La construcción de la imagen de López Obrador en los spots de sus adversarios”.
LOS COSTOS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN: LOS INVERSORES DE LA CAMPAÑA
Es bien sabido —en cada mañanera lo anuncia— que el gobierno de López Obrador ha decidido reorientar el aparato estatal hacia objetivos específicos, entre ellos, el combate a la corrupción, una línea de acción que necesariamente se cruza con actores económicos poderosos. Dentro de este contexto es que el sexenio actual ha reestructurado a profundidad las relaciones de poder entre los medios y la autoridad política, una complicidad que operó por décadas con total impunidad, siendo el triunfo de Peña Nieto la cúspide del alcance de este matrimonio.
Gran parte de la alianza medios-gobierno del último sexenio la podemos rastrear a través de las partidas publicitarias, distribuidas directamente a comunicadores pero también a medios de comunicación. Como se documenta en la publicación “Pagó EPN millones a López Dóriga, Arreola, Krauze, Callo de Hacha…”, de 2013 a 2018 la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto entregó recursos por mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación a diferentes periodistas y columnistas, incluidas cifras millonarias para Joaquín López Dóriga, Enrique Krauze y demás.
Tras la llegada de la Cuarta Transformación al poder, para prácticamente todos los medios poderosos del país el recorte en publicidad oficial fue drástico, siendo los medios “opositores” a López Obrador de los más afectados, pues perdieron las preferencias que gozaron durante el sexenio peñanietista. Compartamos algunos datos para contextualizar este ajuste. En 2019 el Gobierno Federal gastó menos de 2 mil 500 millones de pesos para difundir su propaganda, 40% por debajo de lo gastado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018. Medios como Televisa y TV Azteca obtuvieron en 2019 contratos por montos inferiores en 77.8% y 70%, respectivamente, a los que recibieron en 2018. En el área de la prensa escrita El Universal pasó de recibir 271 millones de pesos de contratos en 2018 a 68 millones de pesos en 2019 –una reducción de 74%–.
Dentro de la línea de combate a la corrupción emprendida por el Gobierno de Obrador también se da una rearticulación con las cúpulas empresariales nacionales, en su mayoría integrantes del Congreso Mexicano de Negocios (CMN) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), representantes e impulsores de políticas públicas neoliberales implementadas en México desde los años setentas.
Para describir al grupo principal (CMN) podemos retomar un párrafo del reportaje “La élite del poder, colusión de magnates y políticos”: “Para garantizar sus intereses, el CMN se valió de todo: varios de sus miembros financiaron las campañas de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o Vicente Fox, recurrieron al chantaje, fomentaron el boicot publicitario contra el periódico Excélsior de Julio Scherer, aplaudieron la represión de 1968 y orquestaron campañas sucias contra los candidatos de izquierda, ya fuera Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador. El CMN impulsó la privatización de las empresas paraestatales y la disminución del gasto público, logró reducir los derechos laborales y contener los salarios y obtuvo la apertura de la economía a la inversión extranjera…”.
Los grandes beneficios recibidos por las cúpulas empresariales son diversos. Periodistas han documentado adjudicaciones directas de obra pública, litigaciones a modo, creación de fideicomisos para empresas amigas del gobierno en turno, distribución de programas sociales desviados a empresas fantasma y una lista muy extensa de claros actos de corrupción. Sin embargo, entre los múltiples pactos y privilegios establecidos entre estos grupos económicos y los gobiernos priistas y panistas podemos traer uno de noticia reciente, que corresponde a la condonación de impuestos: empresas a las que antes se les condonaba impuestos millonarios (50 mil millones de pesos solo de 15 grandes deudores) ahora deben, como el resto de mexicanos, poner de su parte para las arcas públicas.
No queda en eso, pues recordamos también que en el último año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una serie de investigaciones que vinculan a importantes figuras públicas del sexenio pasado con empresarios de alto nivel, en casos donde la corrupción, los desvíos de recursos y la condonación de impuestos han puesto bajo la lupa a grandes figuras del CMN y el CCE.
Es aquí donde comienza a vislumbrarse el probable origen del financiamiento de la campaña contra la “amenaza” Obrador, y digo financiamiento porque estamos hablando de una campaña bien dirigida y estructurada, donde hay actores específicos que están inyectando recursos para poner a operar una maquinaria de desprestigio y caos desinformativo. Pero vayamos paso a paso.
EL FLUJO DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: LOS OPERADORES DE LA CAMPAÑA
Es importante tomarnos un momento para revisar el ecosistema que participa en la construcción de la opinión pública en los medios (convencionales y digitales) mexicanos actuales. Para fines prácticas esbozaré un esquema sencillo, y me referirá en particular a los integrantes de “la oposición”, si bien el modelo es extrapolable (en la mayoría de sus variables) a los que comulgan con el gobierno.
En la esfera comunicativa nacional podemos identificar la existencia de los siguientes grupos, organizados de acuerdo al compromiso ideológico de cada uno:
Grupo A
- Ciudadanos inconformes que simpatizan con la oposición y detestan a la administración actual. Muchos de ellos son activos usuarios de Twitter y pertenecen a un nivel socio económico medio-alto; pueden ser simpatizantes o no de los partidos políticos opositores.
- Líderes de opinión y medios de comunicación críticos e independientes, defensores de lo que consideran derechos y libertades primordiales; son intelectuales, columnistas, periodistas y activistas que comulgan con principios de derecha.
Grupo B
- Ciudadanos que pertenecen abiertamente a partidos políticos de la oposición que se organizan en una estructura jerárquica para buscar objetivos establecidos por la agenda partidista; son grupos militantes, escuelas de cuadros y funcionarios públicos pertenecientes a los partidos de oposición.
- Publicistas y granjas de bots que accionan contra quien se les indique, replicando o creando las opiniones, publicaciones y tendencias dictaminadas por sus superiores; operan bajo contratación y financiamiento.
- Líderes de opinión y medios de comunicación al servicio del mejor postor, ya sea gobierno, iniciativa privada, o ambos.
En el esquema anterior hay un flujo orgánico (digamos, no publicitado) que reacciona contra el gobierno de López Obrador sin buscar un interés económico directo de por medio. Estos serían los integrantes del Grupo A. Sin embargo, la generación de la gran mayoría de la opinión en contra de la administración federal actual es inorgánica, es decir, viene de actores que se mueven por intereses económicos. Los integrantes del Grupo B encajan en este modus operandi, pues crean y distribuyen información/opinión con base a un presupuesto de por medio. Nos referimos a granjas de bots, columnistas, presentadores de televisión, periodistas e influencers a quienes se les entrega el guion escritor por quien financia el servicio.
La encomienda actual, maquilada por el Grupo B y replicada por el Grupo A (con claros flujos opinativos inversos), tiene como uno de sus objetivos secundarios de campaña el restarle credibilidad al Dr. López Gatell, desgastándolo como figura representativa de la 4T, esto al sobredimensionar datos, adjudicarle noticias falsas y en sí, confundir a las audiencias. Claro que este objetivo también aplica para todo tipo de dependencias y funcionarios de la Administración Federal, pues la intención última de toda la estrategia es acabar con un gobierno que amenaza, desde su concepción, los privilegios de la oligarquía mexicana.
OPOSICIÓN SIN ESCRÚPULOS Y TRAICIONES ANUNCIADAS: LOS PROMOTORES DEL ODIO
Ahora bien, lo que indigna de la ofensiva emprendida por los intereses económicos y políticos previamente descritos, son las líneas que el Grupo B está dispuesto a cruzar en esta campaña de desinformación y manipulación. Claro, si contextualizamos que las órdenes vienen de las mismas cúpulas que hubieran preferido el continuismo del PRI o el PAN en el poder, es comprensible la falta de respeto a la vida y el bienestar social.
El posicionamiento de TV Azteca del viernes pasado debe entenderse bajo la óptica de los intereses político-económicos antes descritos, un escenario donde comienzan a perfilarse una serie de traiciones hacia López Obrador, dos de ellas incluidas en el segmento donde Javier Alatorre llamó la desobediencia de las recomendaciones sanitarias.
El primer actor de la traición es TV Azteca, con quien claramente ha habido un desacuerdo del que todavía se desconoce la naturaleza, pero cuyos alcances son claros. Las especulaciones apuntan a un desacuerdo que inició desde la declaración de la Fase 2. Desde entonces Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, manifestó su postura sintetizada en “salvar la economía significa salvar más vidas”, a propósito de las restricciones para evitar que el COVID-19 se propagase, con la que ponía por encima la productividad de sus empresas antes que la seguridad de sus empleados.
A los días de esta declaración comenzaron a circular videos por redes sociales donde se mostraban decenas de personas conglomerados en la Torre Esmeralda (propiedad de corporativos dirigidos por Ricardo Salinas Pliego), con el personal de trabajo lado a lado y sin llevar cubre bocas. A la par comenzó a circular una carta escrita por un empleado de Grupo Salinas, donde afirmaba que en el Corporativo Esmeralda se había reportado ya un caso de COVID-19, sin que por ello la empresa permitiera que los trabajadores se fueran a casa.
Siguiendo esta línea, podría suponerse que las diferencias provienen de este desacato, donde la ambición de Salinas Pliego ha friccionado su relación con López Obrador. Sin embargo, sucede que en las mismas fechas la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Esteban Moctezuma Barragán –director de Fundación Azteca durante 17 años, previo a su incorporación al gobierno de la 4T–, adjudicó un contrato por 969 millones de pesos para Grupos Salinas, justo cuando tres días antes el magnate había sufrido pérdidas multimillonarios en un negocio en Estados Unidos, las cuales provocaron un hueco financiero de 235 millones de dólares en Banco Azteca, que el magnate debió rescatar con una inyección de 7 mil millones de pesos de Grupo Elektra (información de Proceso). De aquí la confusión en este desencuentro con el primer “aliado”. Pueden leer más información al respecto en “La 4T dejó entrar hasta la cocina a Salinas Pliego, y le dio tarjetas, más anuncios, jóvenes becarios…”.
La segunda daga por la espalda para Obrador la porta Jaime Bonilla, quien para los bajacalifornianos que le seguimos la pista desde hace años sabemos que pertenece a la misma clase política de la estirpe del ex gobernador Kiko Vega. Bonilla tiene todo el potencial (y probablemente la intención) de participar en la ofensiva contra quien lo llevó al poder. Su función principal es dividir a la población y, de nuevo, desgastar la figura de López Gatell, cuestionando las cifras presentadas por el doctor y señalándolo abiertamente como mentiroso.
Las intenciones bonillistas se pueden rastrear fácilmente al claro choque de posturas que hubo entre Obrador y Bonilla en lo concerniente a la instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali. Mientras que AMLO promovió una consulta popular para decidir si esta empresa se quedaba o no en tierras cachanillas, Bonilla fue un fiel promotor de su instalación, puesto que para el gobernador el agua siempre ha representado un negocio. No sorprende entonces que aproveche el momento para unirse a la campaña contra López Gatell, pues es una oportunidad para marcar distancia del Gobierno Federal. Intereses son intereses.
LOS ROSTROS DE LA MEZQUINDAD
El llamado a la desobediencia de las medidas sanitarias pronunciado por Javier Alatorre es solo un indicador del punto al que está llegando la campaña contra la 4T, sin embargo, no es el único síntoma. Ahí tenemos a Silviano Aureoles –gobernador de Michoacán acusado de tener nexos con el crimen organizado–, pronunciando que no acatara las fechas de cuarentena difundidas por el Gobierno Federal; a los gobernadores del PAN diciendo que las batas recibidas no servían para el personal médico, declaraciones desmentidas después por el doctor Gatell, quien aclaró que éstas eran para personal de baja exposición; al Bronco y al gobernador de Tamaulipas afirmando que rechazan el calendario nacional de cuarentena; a Reforma publicando en primera plana el incremento del 4% en la tarifa de luz , desmentidos horas después por la Comisión Federal de Electricidad.
Y así, a diario circulan un sin fin de noticias falsas por las redes y los grandes medios de comunicación guiados por sus intereses económicos (Grupo B), haciendo un pobre uso de su libertad de expresión y rebajando su credibilidad a los niveles de Donald Trump, quien, por cierto, esta semana agregó una nueva mentira a la lista (el Wasington Post expuso que llevaba 16,241 mentiras al corte de sus 3 años), al afirmar que el virus fue creado en un laboratorio chino.
Como ya mencionamos, la intervención de actores políticos de niveles superiores en la campaña actual es clara: el dinero mueve la opinión. El CCE fue quien sonó la campana de ataque hace dos semanas, al confirmar que las grandes corporaciones del país no recibirían condonación alguna de impuestos. Sin embargo, la sorpresa ha venido del exterior, pues pareciera que la amenaza que la oposición ve en el gobierno de Obrador trasciende intereses nacionales. Ahí tenemos al Financial Times publicando una editorial, hecha de adjetivos, sobre los “graves errores” de López Obrador. Las calificadoras como Moodys también han puesto de su parte, recortando gravemente la confianza para invertir en México sin mucho fundamento más allá de las afectaciones a las empresas manchadas de corrupción, y hasta el FIM ha puesto su granito de arena en el imaginario de “crisis” que buscan provocar los opositores.
Este es el escenario que tenemos enfrente. Se imaginarán que, para estas personas, empresas y organismos financieros, las vidas, los “daños colaterales” perdidos en el campo de batalla durante la ofensiva, no importan demasiado. Ya lo dijo Javier Alatorre, a quien millones ven como un símbolo de confianza informativa, que ya es irrelevante lo que diga la Secretaría de Salud: un claro llamado a salir a la calle a contagiarse. En fin, no por nada se le llama “Guerra Sucia”.
Es lamentable que tales niveles de mezquindad proliferen en una época tan sombría para todos. Asombra y enfurece ver cómo, antes que abonar a la solidaridad, unidad y el apoyo mutuo tan necesario en estos momentos, los medios, empresarios y gobernadores se presten a estas campañas de manipulación, cuyo objetivo principal no es generar información de calidad para que la ciudadanía construya su propio juicio, sino, por el contrario, construir un clima de pánico, miedo, división, desconfianza, confusión y odio, escenario ideal para quitar del poder a quien incomoda los intereses de unos cuantos. Ante la situación actual, es igual de importante desinfectare de la información que propagan este tipo de agentes virulentos.
P.D: Aquí no se trata de defender lo indefendible. López Obrador ha tomado decisiones muy equivocadas en los últimos 60 días (la compra de un estadio de Beisbol, la última de ellas), pero estos no justifican la gravedad de la campaña emprendida contra su proyecto de gobierno. Recordemos que poniendo en perspectiva, los strikes de AMLO siguen distando por mucho de los kilométricos (y hasta el momento irreparables) errores de las administraciones neoliberales anteriores, como son: la impunidad, la corrupción, la Estafa Maestra, la Casa Blanca de Peña Nieto, el derroche y desvíos de las dependencias públicas, las privatizaciones de sectores estratégicos, el desmantelamiento de Pemex y la precarización del Seguro Social, la complicidad con el crimen organizado y un larguísimo etcétera que ya deberíamos tener en cuenta en los antecedentes políticos y económicos que se requieren para analizar la situación actual.
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Comunicólogo especializado en el periodismo narrativo y de investigación, enfocado en temas de políticas públicas, problemáticas sociales y derechos humanos. Gustoso cronista de entornos contraculturales, es aficionado a la documentación de propuestas musicales, además de columnista de temas varios e inquieto escritor de ficciones literarias. Ha colaborado en medios como Revista Todos Santos, Suplemento Cultural Palabra, Revista Clarimonda, Somos El Medio y Revista Erizo. Actualmente es editor de contenidos culturales en el portal periodístico 4Vientos.net y Director General de la Revista Molcajete. Le gusta beber cerveza en rincones donde hay buenas rockolas.