Por: Mto. Fernando David Márquez Duarte
Los grupos indígenas han sido históricamente oprimidos, marginados e invisibilizados en nuestro país, y también en nuestro estado de Baja California (BC), aunque estos grupos llevan viviendo en el territorio por mucho tiempo más del que nosotros y mucho tiempo antes de que existiera México como país. Los grupos indígenas han resistido la invasión y colonización de España, han resistido la invasión estadounidense y la apropiación de más de la mitad del territorio mexicano, han resistido la intervención francesa, las dictaduras de Santa Anna, de Porfirio Díaz, y han luchado para lograr la independencia de México, y la Revolución Mexicana. Han sobrevivido a décadas de pobreza, violencia, desigualdad, corrupción, han sobrevivido al PRI, ha sobrevivido al PAN, han sobrevivido al narco, han sobrevivido al COVID-19.
Han sobrevivido todo esto y más sin poder formar parte de la toma de decisiones en nuestro país, han sido marginados y hechos menos, han sido insultados y discriminados por ser indígenas. Pero llega un punto en que la deuda histórica de nuestro país y nuestro estado hacia ellos es tan evidente que no es posible seguir haciendo caso omiso. Justo en este 2021, 500 años después de la invasión y colonización por España se les reconoce por fin el derecho a ser parte de la toma de decisiones públicas de nuestro país, de su país, estableciéndose acciones afirmativas para asegurar que los grupos indígenas en BC puedan ser representados en el Congreso local y en los ayuntamientos. Sin embargo, el sistema colonial impuesto desde la invasión se perpetua hoy en día, usando el sistema legal, político, económico y social para seguir manteniendo oprimidos a los pueblos indígenas; se había logrado por fin un cambio que permitía a estos grupos el poder llegar a ser diputados (as), a ser regidores (as), pero ciertos partidos políticos usaron su poder para decirles “no te lo mereces, eres inferior”. El PAN, PBC, MC y PT fueron estos partidos.
Este proceso empieza con el proceso legal iniciado por Edgar Montiel, indígena mixteco de Tijuana, para que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) respetara la resolución de la Suprema Corte de Diciembre de 2017 en cuanto a representación indígena (acciones afirmativas), mismo que en 2019 es resuelto a su favor, después de acudir al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), a la sala regional de Guadalajara y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJE). A raíz de esta resolución, el IEEBC es obligado a acatarla, por lo que elabora un plan para realizar una consulta pública a pueblos indígenas en BC, misma que es realizada durante octubre y noviembre de 2020, en la que cientos de indígenas en el estado realizaron propuestas para asegurar su representación política en el proceso electoral local de BC 2020-2021.
A raíz de estas propuestas, fue discutido el Dictamen #7 de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del IEEBC, el cual se aprobó de manera unánime en la sesión del Consejo General el 30 de Noviembre de 2020. En este Dictamen se establecieron las siguientes acciones afirmativas a favor de personas indígenas en Baja California:
En cuanto a las diputaciones locales se estableció en los lineamientos que por lo menos dos de las 25 diputaciones del congreso de B.C. sean personas indígenas. En estos mismos lineamientos se establece que de no haber obtenido el primer lugar en ninguno de los 17 distritos electorales locales en B.C., los candidatos indígenas podrán acceder a estas dos diputaciones por el principio de representación proporcional, respetando el principio de paridad de género, por lo que una diputada indígena debe ser mujer y otro hombre.
Para las regidurías indígenas se decidió que cada ayuntamiento debe de incluir por lo menos un regidor (a) indígena en su lista de aspirantes a integrar el cabildo, menos Ensenada, que por la cantidad relativa de población indígena debe incluir dos, una mujer y un hombre. Las regidurías indígenas deben postularse en las primeras cuatro fórmulas de cada partido para garantizar que se llegue a por lo menos una regiduría indígena en cada municipio.
Sin embargo, los partidos siguientes impugnaron el dictamen del IEEBC: Partido Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PT), y Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de Baja California (PBC), justificando su impugnación diciendo que las cuotas definidas son “demasiado” para la población indígena en B.C., así mismo, aseveraron que el IEEBC no realizó una consulta adecuada para llegar a estas acciones. La impugnación fue resulta por el TJEBC, en donde se resolvió el expediente RI-47/2020 dejando sin efectos los artículos 20, 23 y 30 de los Lineamientos del Dictamen #7 antes mencionado, de los que los lineamientos 20 y 30 son respecto a participación política indígena (lo aprobado anteriormente por el IEEBC sobre el establecer las regidurías y diputaciones locales indígenas en B.C.) (Redacción, 2021a). Así mismo, el Tribunal resolvió que el IEEBC defina al menos uno de los 17 distritos electorales locales para la postulación de candidatos indígenas (Heras, 2021).
En la sesión extraordinaria del Consejo General del IEEBC del 1ro de Febrero de 2021, se aprobó el Dictamen #10 para acatar la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de BC RI-47/2020. De manera que las acciones afirmativas a favor de indígenas en Baja California quedaron de la siguiente manera: en el distrito XVII solamente es donde los partidos están obligados a postular candidaturas indígenas para diputaciones locales. Los partidos solo están obligados a postular una fórmula de candidatura a regiduría indígena en uno de los cinco municipios, en cualquier posición (pudiendo ser la última). Es importante mencionar que aunque se aprobó el Dictamen para acatar la resolución, los consejeros Daniel García, Viridiana Maciel, Graciela Amezola y Abel Muñoz manifestaron que no están de acuerdo con la resolución del TJEBC, porque consideran que es un retroceso de las acciones afirmativas aprobadas en el Dictamen #7 en Noviembre.
Esta resolución del TJEBC a favor de los partidos que impugnaron es sumamente lamentable, ya que es un retroceso total de las acciones afirmativas que fueron establecidas por el IEEBC a raíz de las propuestas de los grupos indígenas en BC. Esto es un indicador de que el sistema legal es usado por las élites políticas de nuestro país y nuestro estado para seguir oprimiendo a los pueblos indígenas mediante un sistema neocolonial, donde la justicia es solo para ricos y poderosos.
No debemos olvidar los nombres de los magistrados del TJEBC que impusieron el retroceso de estas acciones afirmativas: Jaime Vargas Flores, Carola Andrade Ramos y Elva Regina Jiménez Castillo.
No debemos olvidar a la hora de emitir nuestro voto en las elecciones que el PAN, PBC, MC y PT usaron el poder político y el sistema legal injusto para seguir oprimiendo a los pueblos indígenas, porque consideraron que las acciones afirmativas eran “demasiado” para ellos.
Finalmente, hay que exigir a los partidos políticos que postulen personas indígenas para puestos de elección popular, independientemente del retroceso en las acciones afirmativas, si es que en verdad se preocupan por la población como tanto pregonan.
