Por Redacción/@Somoselmedio
El pasado 5 de agosto, familiares y colectivos en apoyo activistas presos en penales a lo largo del país, marcharon hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de exigir una audiencia con el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar.
Los colectivos denunciaron que sus familiares se encuentran injustamente encarcelados y que los delitos por los cuales han sido acusados, han sido fabricados por las Fiscalías del país con el fin de castigar su activismo en defensa del territorio y en defensa de los derechos humanos y de las mujeres.
Los 4 casos de “presos políticos y presas políticas”
Cuatro colectivos encabezaron la marcha, al grito de “presos políticos libertad, presas políticas libertad”, los asistentes exigieron la libertad de Karla y Magda activistas feministas detenidas en el desalojo de la Casa Refugio Okupa Cuba; de Kenia Hernández, defensora Amuzga sentenciada a más de 21 años de prisión; de Fidencio Aldama, líder de la Tribu Yaqui Loma de Bácum, sentenciado a más de 15 años de prisión; y la libertad de Alfredo Bolaños Pacheco, Fernando Gavito, Herminio Monfil, Isaías Gallardo, Omar Hugo Morales, Francisco Durán, y Jaime Betanzos, presos políticos mazatecos de Eloxochitlán, Oaxaca.
De acuerdo con los colectivos, en todos los casos mencionados se identifican severas violaciones a los derechos humanos de los y las detenidas; faltas al debido proceso; obstrucción de la justicia; y también tortura. De acuerdo con los testimonios, el fin de mantener a estas personas en prisión es desalentar la protesta social y la organización social.
Presos Políticos de Eloxochitlán
Mujeres familiares de los 7 presos de Eloxochitlán explicaron que la detención de sus hijos, padres y esposos fue realizada de manera arbitraria hace ya más de 8 años; sin embargo, pese a demostrar de muchas formas la inocencia de Jaime Betanzos, Omar Morales, Alfredo Bolaños, Herminio Monfil, Fernando Gavito, Isaías Gallardo y Francisco Durán; los hombres siguen en prisión sin recibir sentencia.
“Ellos deberían ser liberados tan solo por la grave violación a sus derechos, la Constitución dice que la prisión preventiva no debe superar los 2 años, y aquí ya son 8 años de injusticia”.
Las mujeres mazatecas familiares de los presos explicaron que la persecución a sus familiares comenzó por la defensa de su territorio de intereses políticos y económicos de grupos caciquiles que cuentan con el apoyo y respaldo de partidos políticos, teniendo así influencia en el sistema judicial mexicano y obstaculizando el camino a la libertad de los 7 hombres mazatecos.
Fidencio Aldama es un defensor del territorio Yaqui y ahora preso en el estado de Sonora. De acuerdo con sus compañeros, Fidencio fue detenido de manera arbitraria hace seis años y condenado a 15 años y 6 meses de prisión por cargos relacionados con la muerte de una persona en la comunidad de Loma de Bácum, Sonora.
Fidencio, junto con otros miembros de su comunidad, se opusieron a la construcción de un gasoducto en Sonora de 835 kilómetros de longitud, destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México.
“Mientras los miembros de la comunidad se reunían en asamblea, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales e imponer otras autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados.”
Fidencio, fue acusado del asesinato del joven pese a que familiares de la víctima testificaron en defensa del líder Yaqui, y pese a que la bala que mató al joven no coincide con el arma de Fidencio.
Kenia Inéz Hernández, es activista indígena Amuzga y Defensora de derechos humanos de los pueblos en Guerrero. De acuerdo con la abogada de la defensora, Kenia fue detenida sin motivo y al no tener nada contra ella, se le acuso de robo injustamente.
La abogada también denunció que el Estado mexicano mantiene a Kenia en un penal de máxima seguridad, sin la posibilidad de ver a sus hijos y sin recibir atenciones de salud y alimentación suficientes.
“Kenia cuenta con nueve causas penales en su contra y cada vez que nos organizamos para apoyarla se le suman una causa por el hecho de que evidencian violaciones en sus derechos humanos.”
Karla y Magda, presas después del desalojo de la Okupa Cuba
Karla y Magda son activistas feministas que luchan contra la violencia machista en México, el 15 de abril, tras el desalojo violento de la Casas Refugio Okupa Cuba, fueron detenidas y trasladadas a Santa Martha.
De acuerdo con sus familiares, la Fiscalía de la CDXM fabricó el delito de narcomenudeo en su contra, sembrándoles 10 bolsitas de marihuana a cada una, esto con el fin de poder mantenerlas en prisión para después poder fabricarles nuevos delitos.
“Las fotografías de Karla y de Magda fueron filtradas a medios de información, ellas fueron también amenazadas y torturadas para obligarlas a realizar otras pruebas. Sabemos que su detención tienen como fin político el castigar toda protesta feminista.”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compromete a dar seguimiento a la mesa de diálogo
Tras más de dos horas de marcha bajo el sol, los colectivos arribaron a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde realizaron un mitin político para posteriormente ser recibidos por el director de área Christian Candi Cisneros.
Tras varias horas de reunión, los familiares de los 4 casos informaron que la SCJN se comprometió a seguir las mesas de dialogo; estas fueron las demandas entregadas al personal del ministro Zaldívar.
