A 100 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
naufragamos en el mar de la impunidad;
el ejército se niega a rendir cuentas de su responsabilidad
y la Fiscalía General de la República
se empeñó en cancelar 16 órdenes de aprehensión contra los militares.
El 2023 es el año definitivo para dar con el paradero de los 43.
Por Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña
En la cuesta de enero nuestro estado registró 120 personas asesinadas. La violencia irrumpió principalmente en el puerto de Acapulco, donde más de 100 personas han sido asesinadas. Los resultados son sumamente adversos a pesar de la llegada de más de 500 efectivos militares y de la Guardia Nacional. Las escenas de violencia son cotidianas e imparables. Predomina el caos, sobre todo, por la descoordinación de las fuerzas de seguridad y la infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones gubernamentales. La crisis de seguridad se ha materializado en casos graves como el asesinato de Samuel Buenfil, jefe operativo de la policía auxiliar municipal de Acapulco, los perpetradores demostraron su pode de fuego al privarlo de la vida a unos metros de la Secretaría de Seguridad. El asesinato del jefe operativo ocurrió en una jornada de violencia que dejó como saldo sangriento 9 hombres asesinados, 5 de ellos desmembrados en el poblado de San Martín Jovero en la zona rural del puerto.
El despunte de la violencia en Guerrero se expandió en varias regiones como en la zona Norte, la Tierra Caliente y la zona Centro, principalmente. Las víctimas fueron comerciantes y transportistas que aparecieron con huellas de tortura y varias de ellas desmembradas o asesinadas a balazos. Los hechos ocurrieron en lugares públicos, en calles, avenidas y zonas céntricas, sin que las autoridades hayan identificado y mucho menos detenido a los responsables. Es una cadena que desquicia a la población en general y deja una herida abierta a las familias que quedan desamparadas y sometidas al yugo criminal.
Por otra parte, el malestar de la población se ha expresado en las protestas que a diario acontecen, principalmente en la capital del estado. En los primero 28 días de enero se registraron 74 protestas que ocurrieron en las principales ciudades del estado como Acapulco, Iguala, Taxco, Pungarabato, Tlapa y Teloloapan. Existe una multiplicidad de demandas que muestran la diversidad de problemáticas que no se atienden, y que ante la indolencia de las autoridades la población afectada al no encontrar canales de interlocución apela a la protesta como un recurso legítimo para mostrar su indignación. Hay un gran número de bloqueos de las vías de comunicación por parte de madres y padres de familia, así como de maestros a causa del incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades educativas. La infraestructura escolar es obsoleta a causa del descuido en el mantenimiento y reparación de los edificios. Los trabajos que se realizan son sumamente caros y de pésima calidad por la corrupción que persiste entre las autoridades y las empresas constructoras. La desatención es mayúscula en las regiones más rezagadas como en la Montaña, donde existe una gran deuda con los pueblos indígenas. La exigencia de justicia por parte de las familias que son víctimas de la violencia, forman parte de las acciones recurrentes ante la imposibilidad de ser atendidos y escuchados. El número de víctimas se multiplica en el estado y no hay una institución que las acompañe y que esté en condiciones de proporcionarle el apoyo que requieren. Hay un sentimiento de orfandad entre las mujeres que tienen que sobreponerse para enfrentar la violencia de sus hijos o sus parejas y sobrevivir al miedo y a la pobreza. La violencia contra las mujeres es sistemática y generalizada, lamentablemente muchas de ellas optan por guardar silencio ante el desprecio y maltrato que dan las autoridades cuando piden el apoyo o interponen una denuncia. La indiferencia y el desdén que prevalece en quienes desempeñan algún cargo público ha zanjado más la confianza de las mujeres porque mancillan su dignidad.
Se constata el incremento de las acciones de fuerza por parte de colonos, estudiantes, maestros, organizaciones sociales, colectivos de personas desaparecidas, de trabajadores despedidos que van generando un clima de animadversión y polarización social que profundiza la crisis de ingobernabilidad. En el plano municipal los presidentes y presidentas no se digan a atender a la población. Concentran todo el poder y el presupuesto, y se preocupan por su buena imagen en las redes sociales y por su futuro político. Los síndicos procuradores, regidores y regidoras solo están prestos para hacer negocios y grillas con el erario público. A la población le sale muy caro mantener esta burocracia parásita que sólo aprende las malas prácticas de los gobernantes corruptos. Lo que prevalece en los gobiernos municipales es el agandalle de los presupuestos públicos a través del diezmo, de las obras y de su involucramiento en los negocios de la construcción para ser más redituable su carrera política.
En la cuesta de enero hubo un promedio de 4 movilizaciones diarias que nos dan el pulso de la desatención gubernamental y de la crispación social que empieza a enrarecer la convivencia pacífica y el diálogo respetoso. Los bloqueos forman parte del desorden que existe al interior de las instituciones del estado y de los gobiernos municipales. No hay una atención coordinada a las demandas añejas de la población. Le apuestan al desgaste y a la prolongación del conflicto para postergar las soluciones definitivas. Obligan a que la gente desborde su enojo y radicalice sus acciones. En este mes los buenos deseos del 2023 se han resquebrajado ante la desatención de las autoridades y la ausencia de propuestas que de manera realista y efectiva vayan resolviendo las demandas añejas.
El 18 de enero integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares se vieron obligados a bloquear varias vías de comunicación en los municipios de Chilpancingo, Acapulco y Marquelia al no encontrar una interlocución de alto nivel en la Secretaría de Educación para que puedan contar con un reconocimiento oficial. En el segundo día de las protestas bloquearon la autopista del sol para ejercer mayor presión, sin embargo, las autoridades educativas respondieron con el envío de 80 policías antimotines que llegaron para evitar que continuaran con su protesta. Fueron cuatro días de bloqueos que obligaron a que las autoridades firmaran una minuta de acuerdos donde se comprometen atender las demandas de infraestructura educativa y pagos a los docentes de las preparatorias populares.
Por otra parte, 150 miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero no tuvieron otra opción que salir a las calles para exigir el pago del bono decembrino. Cerraron los dos accesos del Poder Ejecutivo donde policías antimotines amagaron con reprimirlos. Al final les prometieron que les cubrirían el pago del bono.
El pasado 24 de enero en la ciudad de Tlapa todo el personal docente en coordinación con las madres y padres de familia y la participación de los estudiantes de la secundaria Juan N. Álvarez cerraron todos los accesos a la cabecera municipal con la principal demanda de que las autoridades educativas construyan un nuevo plantel ante el grave deterioro de sus edificios que tiene más de 50 años. Se mantuvieron firmes ante una demanda añeja al grado que las vías de Tlapa y Chilapa y la de Puebla estuvieron bloqueadas durante tres días. Este desquiciamiento de la ciudad forma parte del caos cotidiano que se replica en varias regiones, donde los ciudadanos y ciudadanas se han visto obligadas a tomar acciones de fuerza para obligar que las autoridades asuman su papel como garantes de los derechos básicos de la población. Lo lamentable es que se normalicen estas medidas de fuerza como el único recurso para sentar a las autoridades y obligarlas a dar una respuesta. La gente está aprendiendo a dar la pelea en la calle ante una burocracia gubernamental que ha sido indolente con los ciudadanos y ciudadanas de a pie, quienes ya no están dispuestos a esperar que caigan las migajas del presupuesto público.
La proliferación de grupos de civiles armados que se han autodenominado como policías comunitarios está siendo una bomba de tiempo en algunos municipios por la disputa territorial que protagonizan grupos antagónicos. El caso de la policía Tecampanera de Teloloapan es muy sintomático de lo que sucede con otros grupos de autodefensa que erigen como el poder de facto que está por encima de las autoridades municipales para imponer sus leyes y asegurar sus negocios como parte de la economía criminal que impera en su territorio. La disputa que libran se da con las armas en las manos, poniendo en alto riesgo a la población civil. La alianza que ha establecido el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón con los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo conocido como Los Tlacos es una confrontación abierta que desafía a las mismas instituciones del estado y la federación, que han dejado crecer a estas organizaciones por los intereses económicos que subyacen en estas regiones.
Hay una complicidad entre grupos de autodefensa vinculados con el crimen organizado que encuentran un terreno fértil en los gobiernos municipales para erigirse como los garantes de la seguridad a cambio de tomar el control de los giros comerciales. Esta situación ha empoderado a los grupos de autodefensas que no emergen de las asambleas comunitarias y que más bien se erigen en grupos que ejercen violencia para someter a la población, supeditando a los policías municipales a sus intereses. Las autoridades del estado tienen la obligación de prevenir los delitos y la violencia que se incuba con la presencia de estos grupos que se han fortalecido ante la ausencia de los cuerpos de seguridad del Estado, y la falta de investigaciones ministeriales y acciones penales ante la violencia ejercida de manera abierta y pública con el uso de sus armas, la práctica de la extorsión y el cobro de cuotas. La cuesta de la violencia está desbordando los márgenes de la legalidad y deja entrever un clima de ingobernabilidad que puede contaminar la vida pública en el estado de Guerrero.
