Por Tlachinollan / @Tlachinollan
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) es una de las organizaciones sociales más combativas del estado que tuvo mucha influencia en la Costa Grande, desde Coahuayutla, La Unión y Tecpan de Galeana, hasta Coyuca de Benítez. Su influencia se extendió en las comunidades rurales que se adhirieron a la lucha independiente para abanderar las demandas más sentidas de las familias del campo. En su pliego petitorio sobresalía la presentación de los desaparecidos de la década de los 70. Para el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, se trataba de un desafío y una provocación, sin embargo, para los miembros de la OCSS era un reclamo justo. Una demanda innegociable e irremplazable, porque se trataba de nietos, hijos, sobrinos, esposas y familiares de decenas de personas desaparecidas, que señalaban a Rubén Figueroa Figueroa, como la autoridad responsable junto con el ejército y las policías del estado. A ellos se les señala como los culpables de las desapariciones forzadas de más de 600 ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la política de terror que implantaron en el estado.
La OCSS nació en ese contexto de violencia y apareció como una organización enraizada en la lucha popular. Tomó las calles para hacer públicas sus denuncias por todas las atrocidades y violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el gobernador, el ejército, los policías y todos los agentes del estado encargados de aplicar los planes de contrainsurgencia.
El 3 de mayo de 1995 una organización de Benito Juárez, que era de Bartolo Guzmán, hermano de Benigno Guzmán, a quienes apoyaban económicamente con todo, recibió junto con la OCSS a Rubén Figueroa en Tepetixtla. El gobernador pedía que lo recibieran con banda de chile frito y comida, sin embargo, la OCSS rechazó esa petición. Ese día después de la reunión, cuando la OCSS le entregó un pliego de demandas donde incluía la presentación de los desaparecidos, el gobernador y el coronel dijeron que la OCSS y Benigno Guzmán tenían ideas muy extrañas en la cabeza y que a esos se los iba a llevar la fregada. Con su lenguaje amenazante y temerario les espetó: quieren una palada de tierra o quieren que les reciba sus demandas. La organización no quitó el dedo del renglón porque exigía la presentación de Gilberto Romero Vázquez, representante de la OCSS en Atoyac, quien había sido desaparecido el 24 de mayo de 1995, un mes antes de la masacre de Aguas Blancas.
La organización se formó en 1994, no tuvo una vida organizativa normal como otras agrupaciones. A un año de su formación varios de sus miembros fueron masacrados, perseguidos y criminalizados. Dentro de los crímenes más cruentos están los de Rocío Mesino, el de su hermano Miguel Ángel y el de Ranferi Hernández que fue asesinado e incinerado su cuerpo junto con su suegra, su esposa y un ahijado. Esta lucha desigual obligó a la OCSS a denunciar con más fuerza las arbitrariedades que cometían los policías y el mismo ejército, que siempre los catalogó como facinerosos. Para desmovilizarlos encarcelaron a 4 de sus compañeros: Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, Orlando Ávila Mesino y Jerónimo Hernández Refugio. Llevan 20 años encarcelados injustamente. Jerónimo recientemente fue liberado después de una lucha tenaz de sus familiares y compañeras de la OCSS. Su proceso estuvo plagado de irregularidades, además de ser sobreviviente de tortura. Jerónimo nunca conoció a la persona que lo acusó. Tampoco tuvo algún careo. La procuraduría del estado por medio de la policía judicial lo detuvo con violencia el 20 de octubre del 2002, por el delito de homicidio y portación de armas en Coyuca de Benítez.
Jerónimo y su papá, don Juan Hernández, fueron sobrevivientes de la camioneta que fue balaceada el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, donde la policía motorizada mató a 17 campesinos que estaban exigiendo la presentación con vida de su compañero Gilberto. Don Juan, al escuchar los balazos brincó de la lona y se metió debajo de la camioneta para protegerse. El único delito de Jerónimo fue pertenecer a la Organización Campesina de la Sierra del Sur y ser un líder que levantó la voz contra los caciques y sus pistoleros. La persecución que sufrió fue feroz. En varias ocasiones lo intentaron asesinar. Rocío declaró en su momento que Jerónimo Hernández había sido torturado y amenazado por el comandante de la policía judicial Celerino Viviano Pineda.
En este contexto se da su encarcelamiento como víctima de delitos fabricados. Con este confinamiento injusto Jerónimo perdió todo, además de la libertad perdió a su familia que se desintegró. También se enfermó y hasta la fecha padece las secuelas de las torturas. Lo tuvieron en diferentes cárceles del país: en Acapulco, Taxco, Durango, Chilpancingo. Al catalogarlo como un preso de alta peligrosidad lo trasladaron a Chiapas, después al Altiplano, en el Estado de México y por último lo regresaron a Chilpancingo, ante las presiones de la OCSS. Su libertad la obtuvo por la campaña que emprendieron con otras organizaciones y familiares de presos políticos de Chiapas y Oaxaca. Hubo periodistas solidarios que plantearon sus casos en las mañaneras para que el presidente de la república se enterara de que su equipo de trabajo no estaba atendiendo los casos de los presos políticos que purgan penas injustas. Su persistencia surtió efectos porque la secretaría de gobernación solicitó los expedientes de los 4 presos para darle seguimiento con la secretaría de seguridad pública federal.
La familia de Jerónimo es muy humilde, son de la comunidad de Atoyaquillo, municipio de Coyuca de Benítez. Su papá es un señor de aproximadamente 80 años, su mamá también. Su padre, trabaja en el campo, y a pesar de su edad no ha dado tregua a su lucha con tal de ver a su hijo fuera de la cárcel. Viven en extrema pobreza con su pequeña parcela de maíz.
Cuando a Jerónimo lo encarcelaron ya no pudo apoyar a sus hijos. Su esposa con muchas carencias se encargó de ellos. Con los años aprendieron a trabajar por su cuenta. El mayor de sus hijos tiene 24 años, el segundo 23, el tercero 20 y el más pequeño cuenta con 12 años. No tuvieron la oportunidad de estudiar, tuvieron que trabajar para poder comer. Hoy a pesar de su libertad, Jerónimo padece varias enfermedades y no tiene dónde vivir ni un lugar para tratarse medicamente.
Su libertad fue producto de una lucha compartida con varias organizaciones que también tienen presos políticos, como los de Nochixtlán y los presos de Los Amates. Hicieron un frente para buscar la libertad de todos los presos. Jerónimo está libre no por una ley de amnistía, porque no la aceptó la OCSS. Está libre porque cumplió con una sentencia condenatoria. Pagó una pena que no fue probada en el juicio. Todo el proceso estuvo viciado. Así lo demostró el abogado Hegel Mariano, quien demostró su compromiso como defensor en los casos de los presos de la OCSS. Ahora el gobierno está obligado a reparar los daños, porque además de ser víctima de tortura le truncaron su vida y la de sus 4 hijos, también la de su esposa que se vio obligada a luchar por su cuenta.
A través del Comité de Preliberación y Amnistía que preside el doctor Crescencio, se retomaron dos de sus casos, el de Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena. Ellos también fueron torturados y sus familiares fueron desplazados de su comunidad. Su encarcelamiento fue muy doloroso para sus hijos e hijas porque padecieron el desprecio y la persecución de las autoridades.
Siguen tres presos de la OCSS: Orlando Ávila Mesino, que dentro de unos 15 días se le va a dictar sentencia; el caso de Gilberto Aguirre Bahena estaba purgando su pena en Morelos y se logró que lo trasladaran a Guerrero. En los primeros días de marzo la jueza tendrá que dictar la sentencia, esperando que sea favorable. El caso de Antonio Barragán Carrasco está en Atlacholoaya, Morelos, tiene tres procesos y está sentenciado a 40 años por cada proceso. El ensañamiento de las autoridades fue extremo, fue como una cadena perpetua. Con la aplicación del protocolo de Estambul demostró que también fue víctima de tortura. Sus compañeras y compañeros tienen la esperanza de que esta prueba le sirva para alcanzar su libertad. A Gilberto lo detuvieron en el 2001 y Antonio en el 2000. Al primero en San Quintín y el otro en el mismo estado de Baja California, pero en otro campo agrícola. Ellos salieron desplazados después de la masacre. Se tuvieron que ir porque el hermano de Gilberto fue asesinado, Eugenio Aguirre Bahena, y había una persecución contra todos los dirigentes de la organización. Algunos de los que huyeron lograron cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
En el año en que apareció el Ejército Popular Revolucionario (EPR) varios miembros de la OCSS fueron torturados. A unos los colgaron de un helicóptero y a otros les pusieron miel y los colocaban en los hormigueros. A Hilario Mesino, líder histórico de la OCSS lo detuvieron en la Ciudad de México. El gobierno federal se obstinó en criminalizar su lucha al señalarlo como el cabecilla del EPR, al igual que a Benigno Guzmán. Hilario estuvo casi tres años en la cárcel, fue declarado por Amnistía Internacional como preso de conciencia; Benigno fue trasladado a Puente Grande, Jalisco donde fue torturado junto con otros luchadores sociales como Bertoldo Martínez y Efrén Cortés.
Jerónimo está con uno de sus hijos, pero está delicado de salud. El nuevo viacrucis que enfrenta es cómo lograr que las autoridades de salud lo puedan atender como parte de la reparación del daño, sobre todo por las secuelas de la tortura. Como campesino ya no tiene tierra para sembrar, como padre de familia no tiene un trabajo seguro y tampoco está en condiciones de hacerlo por su enfermedad. Su futuro es incierto y sumamente riesgoso porque nadie le garantiza seguridad y rehabilitación en su estado de salud. Serán los compañeros y compañeras de la OCSS las que tendrán que cobijarlo y velar por su recuperación. La combatividad y persistencia les ha dado la fuerza para nunca sucumbir ante las amenazas y peligros. Lograron a pulso la libertad de Jerónimo, ahora seguirán luchando para que sus 3 compañeros sean liberados. No hay descanso para quienes nacieron para defender los derechos humanos como ejemplarmente lo ha hecho Hilario, doña Alicia y Norma Mesino.
