El pasado 11 de febrero se presentó el reglamento interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en San Luis Acatlán, Guerrero, donde estuvieron 27 comisarios municipales de 33 que pertenecen al sistema de justicia comunitario, 32 consejeros locales y regionales, así como comisariados ejidales y comunales.
Por Tlachinollan / @Tlachinollan
Con las modificaciones que se realizaron en el reglamento interno de la policía comunitaria se perfiló como un instrumento normativo de avanzada, sobre todo, en el tema de los matrimonios forzados de niñas indígenas. La reeducación sigue siendo la propuesta más efectiva de impartición de justicia comunitaria desde 1994. El reglamento impreso que fue repartido a todas las comunidades le da formalidad y legalidad a la institución.
Para la coordinadora de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Rubí Martínez Villa, originaria de Pascala del Oro, el respaldo de las comunidades va en incremento y los resultados que ha tenido la policía comunitaria son invaluables, bajando los índices de violencia en la Costa-Montaña.
La historia de la coordinadora Me’ phaa, Rubí Martínez, refleja las batallas de las mujeres en la estructura de la CRAC-PC, pero con el tiempo se han convertido en fortalezas que ahora se sintetizan en el reglamento, en la praxis de la justicia comunitaria.
La lucha empieza desde que me hundía en el dolor por la pérdida de mi sobrina, de mi abuelo, mi padre y de mi esposo en tan solo un año, sin embargo, mis alegrías son mis dos hijos. Lo que me cambió la vida fue cuando ingresé a la CRAC-PC en el 2014. Había iniciado un proceso de resiliencia al lado de los pueblos indígenas sin que me diera cuenta.
Todo pasó en el camino en medio de una profunda tristeza. Las asambleas, las palabras de otras mujeres aminoraba mi dolor en el alma. Con los días me perdía en el tiempo en la encomienda que me había dado mi comunidad: hacer justicia. Miraba las majestuosas montañas con la esperanza más allá para seguir adelante. No me sentía en condiciones, estaba molesta con el mundo, pero poco a poco me fui dando cuenta de lo que podía hacer en lugar de seguir apagándome.
Los escabrosos caminos no fueron fáciles de andar porque las mujeres tuvieron que abrir las brechas de la desigualdad para participar activamente en sus comunidades. Sin embargo, en la actualidad hay más mujeres ocupando cargos en la CRAC-PC. Las mujeres no llegan como topil, ellas llegan como comité del centro de salud. En 2016 algo cambió porque en el aniversario de la CRAC-PC, en Espino Blanco, se agregó al reglamento que se podía elegir a un coordinador o coordinadora a quienes hubieran realizado servicio de comisario o comisariado, incluso si una mujer participaba activamente en la vida comunitaria. Eso nos ha favorecido a muchas, así pude ser coordinadora.
Ser mujer y ocupar un cargo significa luchar porque estar en medio de una estructura patriarcal y machista para nosotras es profundamente doloroso e incómodo. Yo no quiero renunciar porque ya empecé, voy en camino y voy a resistir. Al inicio tuve que enfrentarme a mis compañeros y les dije: –también ustedes al tenerme aquí se tienen que reeducar porque los hombres quieren que una mujer piense como un hombre.
-Es que las cosas no son así, Rubí, me respondieron.
-No, tú las aprendiste así porque tú eres hombre, pero yo no soy una mujer queriendo ser hombre. Soy una mujer en toda la extensión de la palabra, con pensamiento, con sentimiento y no me van a cambiar ese panorama, al contrario, ustedes tienen que ver que la mujer también piensa, razona, pero con inteligencia del sentimiento porque es lo que más le metemos nosotras, reflexionamos con el corazón, pensamos con las emociones y los sentimientos. Las mujeres vivimos y damos vida, no tenemos por qué soportar un maltrato, ni permanecer en un espacio donde no nos están valorando, le dije.
Dentro de la policía comunitaria hay espacios para las mujeres, aunque en algunas comunidades aún limitan la participación para nosotras. Nos cuartan el derecho para hacer servicio comunitario, y nos obligan a hacer cosas que no hemos aprendido. La CRAC-PC tiene que aprender y respetar la participación de la mujer. A veces, aunque queremos participar en asuntos de la comunidad, no podemos por las responsabilidades que tenemos en casa. Se suma a los discursos machistas porque en algunas comunidades dicen que la mujer se ponga a echar tortillas, que cuide a sus hijos, pero también somos pisoteadas y lastimadas. Los pueblos deben respaldar a las mujeres y darles libertad para que participen en las asambleas activamente. Mi abuela y mi mamá me enseñaron a no quedarme callada, sino a pelear. Así, poco a poco se van ganando los espacios porque la lucha sigue hasta que no exista la opresión.
En el 2012, cuando revisé el reglamento interno de la CRAC-PC me di cuenta que ya se hablaba de la prohibición de la venta de niñas, pero, como siempre, las autoridades no le ponen interés. Entonces, las mujeres nos desanimamos porque no tenemos el respaldo de nuestros pueblos.
Es necesario empujar fuertemente y hacer hincapié en que no se van a vender las niñas en nuestro territorio. Durante las asambleas sobre el reglamento interno llevada a cabo en 2022 algunos señores de Zitlaltepec decían: –cómo es que vamos a andar cuidando a las hijas, pero ¿por qué no? Son nuestras hijas, quién las va a educar sino somos nosotras y nosotros. Es triste hacer acuerdos para casar a niñas y niños por dinero.
Por ejemplo, en la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, es una casa de enlace de la policía comunitaria, nos golpeó por sus prácticas insensibles hacia las niñas; es el caso de la niña Angélica, de la comunidad de Joya Real, cuando la detuvieron por escapar de un matrimonio forzado. Las autoridades estatales tienen olvidadas a las familias indígenas.
Las reformas recientes que se realizaron en el reglamento interno de la policía comunitaria se tiene estrictamente prohibido vender a las hijas o llevar a cabo un matrimonio forzado. En el aniversario 27 de la CRAC-PC las mujeres señalaron que el sistema de justicia comunitaria no debe permitir estas prácticas porque se violenta los derechos de la niñez. Para la venta de niñas el castigo es de diez a quince años, para quien compra y para quien vende. En violaciones no había pena y se dejaba a la deriva, por eso colocamos el máximo castigo que es de 30 años, no importa si es familiar o una persona externa la que esté abusando de un menor. También tratamos el tema del aborto. Los feminicidios se reeducarán con 30 años.
Lo único que me deja un trago amargo es que no hubo mucho tiempo para reflexionar y discurrir en el tema de mujeres. Las asambleas no alcanzan para abordar con mayor relevancia nuestras demandas. No perdemos las esperanzas porque siento que abonamos a la construcción de la paz en nuestras comunidades, somos sujetas de cambios.
En las asambleas las autoridades se dieron cuenta que la mujer padece las violencias, pero que también tiene el derecho de participar en esta lucha por la justicia. Esta vez fuimos escuchadas, y podemos quitar comas y poner otras.
Mi palabra para las mujeres indígenas de la Montaña, Guerrero y el mundo es que luchemos juntas porque sabemos que somos indispensables en la sociedad para cambiar el estado de cosas. Las mujeres somos transformadoras y necesitamos demostrarlo. Somos fuertes. Sigamos educando, no para glorificar a las que llegamos a un espacio, sino seguir enseñando a las que vengan atrás para seguir sembrando esperanzas en los territorios de la justicia comunitaria.
