Por Max González Reyes
El pasado 29 de abril concluyó segundo periodo del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Ese mismo día se instaló la Comisión Permanente que fungirá los próximo cuatro meses. Como lamentablemente sucede cada fin del periodo, se aprobaron diversos dictámenes al vapor, es decir, sin análisis previo y mucho menos con un análisis detallado de cada uno de ellos.
La singularidad de la conclusión de este periodo ordinario es que el Senado recibió de la Cámara de Diputados un cúmulo de minutas que urgía aprobar ya que implican materias prioritarias para el ejecutivo. Previamente, desde finales de marzo, la Cámara Alta había dejado pendiente la designación de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) toda vez que el presidente había vetado los nombres que había designado el Senado, dejando inoperante dicho Instituto. Aunado a ello, durante el mes de abril los senadores no llegaron a un acuerdo para designar dichos consejeros. Como protesta a esa designación, en las últimas sesiones los senadores de oposición al grupo mayoritario se unieron para exigir que se nombrara a por lo menos a un consejero para el INAI y así pudiera operar. Para el 27 de abril se tenía un acuerdo entre todas las fracciones para votar un consejero, pero al momento de emitir la votación no se alcanzó la mayoría requerida por la ley, toda vez que los senadores de Morena no respetaron el acuerdo y no votaron por la propuesta acordada.
Ante ello, los senadores integrantes del bloque de oposición interrumpieron la sesión, tomaron la tribuna y la Mesa Directiva e impidieron que se continuara con la sesión hasta que se nombrara un comisionado del INAI. Ante tal presión, el presidente de la Mesa Directiva no tuvo más opción que dictar un receso que se prolongó hasta la noche del viernes 28 de abril. Sin embargo, puesto que los senadores se perpetraron en la tribuna senatorial, la sesión no se llevó a cabo el en recinto de Insurgentes y Reforma, sino en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, y ni siquiera en el salón de sesiones de la vieja casona, sino en el patio principal, improvisado como reunión del pleno. Además de ello, dicha sesión se llevó a cabo sólo con los senadores de Morena y sus aliados: PT, PVEM y PES.
Cabe señalar que en el transcurso del receso que dictó la Mesa Directiva, la bancada de Morena se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Según reportes, ahí se decidió que la sesión se llevara a cabo en una sede alterna.
La sesión de la noche del 28 de abril apenas tuvo el quórum requerido: 65 senadores, aunque hubo momentos en que estaban 64 e incluso 63 legisladores, pues se aprobó la licencia de la senadora Claudia Balderas Espinoza, que estaba de comisión en una reunión Unión Europea-México, en Bruselas, Bélgica, los días 27 y 28 de abril, pero de inmediato se le tomó protesta a su suplente. Esa circunstancia era motivo para suspender la sesión pero en ningún momento se solicitó revisar el quórum.
Durante dicha sesión, el primer dictamen que se votó fue el de la llamada 3de3, que inhabilita a cargos de elección popular a posibles candidatos que tengan antecedentes de violentadores, abusadores sexuales y deudores de pensión alimenticia. Con ese dictamen se inició una cascada de votaciones de otras 20 reformas que se presentaron hasta la madrugada sin ninguna reserva, análisis o discusión, leídos por la secretaria de la Mesa Directiva con una rapidez que por momentos no se le entendía, uno tras otro y votados de la misma manera. Dentro de los dictámenes aprobados se destacan: la aprobación de la reforma para reducir a 18 años la edad para ser diputado, el decreto para desaparecer a la Financiera Rural y la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, entre otros.
Sobre esa sesión hay reportes que hubo votaciones que no se alcanzaba el quórum, pero ni la improvisada Mesa Directiva la suspendió ni ningún senador pidió una revisión del requisito reglamentario para continuar. La sesión terminó al filo de las 3 de la madrugada del 29 de abril con la clausura del periodo ordinario. Los dictámenes aprobados fueron turnados al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para los ahí presentes los dictámenes cumplieron su trámite correspondiente.
Toda esta escena legislativa hizo recordar aquellas sesiones donde el PRI tenía mayoría. Cabe recordar que la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto también fue aprobada en una sede alterna integrada por la mayoría de ese partido, porque los que fungían como oposición en ese momento (que hoy son gobierno) tomaron la tribuna y no permitieron el acceso a la sede del Senado. Como aquella ocasión, hoy la mayoría de Morena con sus aliados aprobaron iniciativas en una sede distinta a la habitual.
El fondo estructural de escenas como la vivida los últimos días de abril, es la disputa entre el ejecutivo y el Congreso. Desde 1997 cuando ya no hay una mayoría absoluta, el poder legislativo despertó de un largo letargo, puesto que los distintos presidentes han buscado por todos los medios controlarlo. Mal que bien, habían logrado llevar una relación amistosa entre ambos, pero esa relación se empezó a desdibujar a partir de 2018 cuando la mayoría de Morena volvió a poner en sumisión al legislativo, derivado de la petición del ejecutivo a la aprobación de sus iniciativas de no cambiarle “una coma”. Eso ha llevado a escenas como las vividas en el fin del periodo ordinario pasado. Poco importa respetar el proceso legislativo, revisar la verificación del quórum y mucho menos analizar lo que se vota. Como en tiempos antiguos cuando el PRI dominaba, si viene del ejecutivo se tiene que votar y aprobar.
Ante tal desaseo legislativo, es probable que varias de las reformas aprobadas no lleguen a buen puerto, pues hubo una serie de irregularidades como las ya mencionadas. La oposición ha anunciado que pugnarán varias de ellas, por lo que el tema no se ha terminado. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral por improcedencias en el proceso. La misma suerte puede ocurrir con varias de las reformas aprobadas ese viernes en el Senado.
