El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, emitió un pronunciamiento donde enfatizó que, pese a que confían que el Gobierno Federal aún puede mostrar un compromiso con las familias buscadoras, lo que en realidad viven es una injusta incertidumbre porque el problema no sólo no se ha tomado con seriedad, sino que ahora se hacen “censos” que buscan minimizar e invisibilizar las desapariciones.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
“A la casa de mis familiares llegaron por parte de Bienestar Social a preguntar si se encontraba Luis Ángel León Rodríguez, pues querían hacerle unas preguntas porque lo tenían reportado como desaparecido, y si eso ya no era así tenían que bajar su ficha del registro de búsqueda, pero esto es terrible y es revictimizante”, así se expresó Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel -policía federal que fue desaparecido el 16 de noviembre de 2009 en Zitacuaro, Michoacán- en el marco del pronunciamiento que emitió, junto a sus compañeras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El censo con el que el Gobierno de México busca “dimensionar” la problemática de las desapariciones en el país para las madres buscadoras es una burla porque no sólo se hace sin contar con una metodología clara, sino que también parte de un desprecio a las denuncias que desde hace varios años hacen sobre que las desapariciones siguen creciendo.
“Nosotras creemos que más que ser menos desaparecidos, la tendencia es la contraria son muchos más… tenemos dudas de esa metodología, no tenemos confianza… por eso creemos que el ejercicio del censo será usado para manipular las cifras de desapariciones en el país”, puntualizó Irma Orgen del colectivo Uniendo Corazones e hija de Marco Antonio Orgen Maldonado, quien fue desaparecido el 17 de noviembre de 2013 en Huachinango, Puebla.
Además agregaron que este censo no tendría que darse sin haberse consultado con las familias buscadoras, pues son decisiones que se les debería de consultar porque no se trata de “estadísticas o números, sino de personas”.
En cuanto a mecanismos de consulta, las familias buscadoras también manifestaron su deseo por participar de manera activa en la selección de la nueva o nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, esto tras la denuncia de Karla Quintana, quien salió de la institución señalando presiones para disminuir la cantidad de personas desaparecidas.
“Nosotros queremos que se nos diga cuál va ser la metodología para recibir las solicitudes y cuál para entrevistarlos, pues sabemos que desde la política se busca poner a cuates, pero lo que queremos las familias es a una persona que sepa de búsqueda; por ello, estaremos buscando tener una reunión con Encinas porque no queremos ser excluidas del proceso”, señaló Laura Curiel, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, quien fue desaparecida el 10 de marzo de 2015 en Tlanepantla de Baz, Estado de México.
Esta exclusión, recordaron, ha sido la constante durante toda la gestión de Andrés Manuel López Obrador, pues pese a que éste dijo que las desapariciones eran prioritarias para su gestión: “nunca nos ha recibido, como si lo hizo con Estela de Carloto de las Abuelas de la Plaza de Mayo”. Sin embargo, esperan que en lo que aún le queda de su gobierno pueda atender sus demandas.
Demandas justas ante una problemática en aumento
Como parte del pronunciamiento colectivo que realizaron los más de 75 colectivos que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), señalaron que preocupación porque, a más de cuatro años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por particulares: “aún tenemos que seguir exigiendo su efectivo funcionamiento”.
Aunado a ello, denunciaron que sigue sin existir un Plan Nacional de Búsqueda, así como los registros y bases de datos forenses y genéticos como lo mandata la Ley, y ni se diga del Plan Nacional de Exhumaciones, el cual ni siquiera se he creado.
Entre sus exigencias puntuales señalaron que el Estado Mexicano debe:
- Crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre a los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) y los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para la implementación de las distintas recomendaciones internacionales.
- Asignar un presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación.
- Hacer efectivo el Protocolo Homologado de Búsqueda, pues aún no existen acciones coordinadas de búsqueda inmediata que contribuyan a fortalecer la búsqueda en vida y los procesos de justicia.
- Crearse de manera inmediata el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, así como en el Plan Nacional de Exhumaciones y en el Plan Nacional de Búsqueda, contemplados en la Ley General.
- Hacer trabajar ya el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).
Finalmente, al Estado Mexicano le recordaron que:
“No nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y la justicia”.
