El nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) despierta preocupación y críticas por falta de transparencia y experiencia, generando una respuesta conjunta de consejos ciudadanos de búsqueda.
Por Redacción / @Somoselmedio
El pasado lunes 23 de octubre, la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en México generó una serie de preocupaciones y críticas por parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y diversos Consejos Estatales de Búsqueda. En un comunicado conjunto, estos organismos expresaron su inconformidad y señalaron deficiencias en el proceso de designación que ponen en riesgo la eficacia y la transparencia en la búsqueda de personas desaparecidas.
El proceso de designación, que se llevó a cabo en medio de lo que los críticos llaman una “consulta pública” simulada e inacabada, fue criticado por su falta de participación y transparencia. Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP), los criterios y lineamientos para el nombramiento de la titular de la CNB no se cumplieron plenamente, especialmente en lo que respecta a la experiencia comprobada.
Los críticos señalaron que el proceso se limitó a permitir a las familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos postular candidaturas, sin dar a conocer los resultados de estas postulaciones ni generar un cuadro comparativo de experiencia y capacidades de los candidatos. Además, no se convocó a una consulta pública, y se excluyó la participación de familiares de personas desaparecidas, colectivos, personas expertas y miembros de la sociedad civil. Esta falta de transparencia representa un retroceso en la lucha contra la desaparición de personas en el país.
El nombramiento de una persona con un perfil político en lugar de un perfil técnico y con experiencia en desaparición de personas, así como la falta de conocimiento del marco normativo nacional e internacional sobre desaparición y búsqueda de personas desaparecidas, generó inquietud y descontento entre los críticos.
En un comunicado, los firmantes consideran que esta designación no solo es ilegítima sino que también debilita la confianza de las familias de las víctimas y la sociedad en general en el compromiso del gobierno con esta problemática.
En respuesta a esta situación, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y los Consejos Estatales de Búsqueda emitióo una serie de demandas. Entre las principales peticiones se encuentran:
- La revocación del nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda debido a la falta de transparencia y experiencia especializada.
- La reposición del proceso de selección para el cargo de titular de la CNB, garantizando total transparencia y consistencia con la LGMDFP, incluyendo entrevistas públicas de los candidatos y la presentación pública de sus planes de trabajo.
- La apertura de espacios de escucha y participación con la Secretaria de Gobernación y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, para asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso.
- La publicación de los criterios y lineamientos utilizados en la selección, respaldados por una exposición fundada y motivada que explique la idoneidad del perfil elegido como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
- La demanda de que se responda a estas peticiones sin denostar a las víctimas y los críticos, evitando calificarlos de conservadores y asegurando un enfoque genuino en la búsqueda de personas desaparecidas.
En medio de la incertidumbre y la desconfianza que rodea la designación de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, el llamado de los Consejos Ciudadanos de Búsqueda es “que la justicia y la verdad en la búsqueda de personas desaparecidas no pueden ceder ante intereses políticos.”
Por su parte la sociedad civil, las familias de las víctimas y expertos en la materia exigen transparencia en el proceso de selección.
