CDMX, 17 de octubre 2018.- Padres de familia de los menores afectados del kínder “Marcelino de Champagnat” ubicado en la colonia de San Juan de Aragón en la Gustavo A. Madero, acudieron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para exigir que se hagan las investigaciones correspondientes y se haga justicia para los más de 30 pequeños víctimas de abuso sexual.
El pasado 8 de octubre se presentó la primera denuncia por abuso sexual ante la autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México por parte de uno de los padres de familia, posteriormente llegaron más quejas del mismo tipo.
En entrevista para Somoselmedio, los familiares expresaron que sus hijos de entre cuatro y cinco años presentaron cambios en su comportamiento, los menores ponían pretextos para no ingresar a la escuela, “los niños nos decían que no querían entrar a la escuela, les dolía el estómago, hasta que una niña le confesó a su mamá que el monstruo la tocaba y la amenazaba con matar a sus papás si les decía algo de lo que le hacía en los baños o en un salón.”
Así fue como comenzó a revelarse que más niños fueron víctimas del trabajador administrativo que se hacía llamar “Calavera” y se metía a los sanitarios con los niños tocándolos y obligándolos a verlo masturbándose.
El día de ayer, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) remitió los casos a la Procuraduría General de la Republica (PGR) por el delito de abuso sexual. Tras las primeras investigaciones, Luis Ignacio Sánchez, titular de la institución, anunció que Ramón Morales Jacobo fue identificado como presunto agresor y que ya había sido destituido de su cargo que ocupaba en el plantel, sin embargo, padres y madres de los menores aseguraron que tanto la directora Ada Torres Gutiérrez como la inspectora Itzel Cabrera Torres son cómplices de Ramón Morales ya que la directora supo de la primera agresión contra un alumno del plantel e hizo caso omiso de la queja encubriendo a Morales Jacobo. Además, los padres y madres afirmaron que la “evidencia” fue borrada.
“En los salones donde el agresor se encerraba con los alumnos se limpió todo y hasta los botes de basura desaparecieron, así como varios documentos y papeles que pudieron tener relación con el trabajador.”
Hartos de que las autoridades hicieran caso omiso a las denuncias, el martes 17 de octubre, a primera hora, los familiares de los menores cerraron la Avenida 608, en San Juan de Aragón, pero fueron reprimidos por policías capitalinos, que a golpes liberaron la avenida, dejando heridos a varios de los tutores de los menores, otros dos fueron detenidos.
La SEP pronunció que apoyaría a los afectados y cooperará con las autoridades para que se haga justicia y brindó asesoría jurídica para la denuncia, sin embargo, los familiares de los menores explicaron para este medio que hasta el día de hoy aun no ven llegar esa ayuda, además de que no se sabe con exactitud cuántos niños más fueron abusados, ya que Ramón Morales trabajaba en ambos turnos del kínder.
Las madres y padres de los pequeños siguen exigiendo justicia y ayuda tanto para a ellos como para sus hijos, ya que la violencia que sufrieron no solo fue física sino también verbal y psicológica.