La ambientalista Berta Cáceres se opuso a la construcción de una represa hidroeléctrica llamada “Agua Zarca” en el río Gaualcarque, en Honduras por la empresa local Desarrollos Energéticos A.C (DESA), al no haber consultado al pueblo indígena Lenca y por ende violentar sus derechos humanos, pese a su asesinato en 2016 la empresa siguió operando hasta el pasado 9 de julio cuando le fueron retirado los fondos y finalmente clausurado por las autoridades, según informó el portal “El Libertador”.
Cáceres era miembro de las organizaciones Otros Mundos A.C/Amigos de la Tierra, acompañaba al pueblo indígena Lenca contra la construcción de la represa. El 2 de marzo de 2016 Berta fue asesinada dentro de su casa, en el mismo atentando Gustavo Castro de otros Mundos resulto herido.
Berta Cáceres coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una de las organizaciones sociales más importantes de Honduras, con 25 años de lucha.
El Libertador mencionó que en primera instancia el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) retiraron su apoyo de manera definitiva. Este 9 de julio transcendió la cancelación del proyecto por haber desatado persecución, amenazas y asesinatos a personas opositoras.
DESA por medio de un comunicado informó de la cancelación en pro de la reducción de conflictos en la zona. No obstante, la empresa mencionó que pese a la cancelación de la inversión, se continuará la inversión social en las comunidades de occidente de Honduras.
“La lucha de Berta no fue en vano”
Al respecto, Gustavo Castro al ser cuestionado por vía electrónica mencionó que pese a la impunidad e intereses económicos, se logró detener esta presa hidroeléctrica que envía un mensaje a los pueblos de que se puede pese a tener en contra un gobierno tan corrupto e impune:
“Ahora el reto es que en el juicio que se llevará a cabo en el mes de septiembre en Honduras por el asesinato de Berta y la tentativa de homicidio en mi contra, se haga justicia y se castigue a los autores materiales, aunque luego será necesario que la investigación continúe sobre los autores intelectuales. De no haber justicia, será un mensaje terrible para los movimientos sociales, la resistencia y sobre todo para las defensoras de los derechos humanos que liderean la resistencia en la defensa de la tierra y territorio”.
Castro tomó a la clausura del proyecto como una victoria momentánea y que da esperanza a seguir el trabajo en defensa de los derechos humanos y ambientales de Latinoamércia:
“Es una victoria para el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR) porque es una lucha de los movimientos que da esperanza de que pueden detener este tipo de magaproyectos extractivos de gran impacto socio ambiental, aunque lamentablemente a un costo muy alto que tienen que pagar los pueblos. La lucha contra la empresa, el gobierno, los bancos y otros intereses de inversión tuvo éxito gracias a la movilización de los pueblos.
El ambientalista mencionó que en México y Chiapas se tiene el reto de seguir el ejemplo de Berta y otros movimientos para prevenir el arribo de megaproyectos extractivos, y dijo que Berta pese a la victoria ganada continuaría su lucha con otros procesos parecidos:
“Creo que Berta hubiera hecho lo que ahora su organización está haciendo, festejar una victoria popular, que es de los pueblos indígenas con el apoyo de la solidaridad internacional. Berta seguiría apoyando otros procesos de resistencia en su territorio y solidarizándose con otras luchas en defensa de la tierra y el territorio”.
Por último, Castro mencionó que el siguiente paso es continuar con la lucha para que se garanticen la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas en Honduras y Latinoamérica:
“El reto en Honduras es enfrentar un gobierno con altas tasas de impunidad y violencia y bajo la continuidad de un gobierno ilegítimo que se impone nuevamente con fraude electoral. Este gobierno seguirá impulsando más concesiones mineras, ciudades modelo que acá llamamos Zonas Económicas Especiales y otros proyectos extractivos. La lucha por los derechos humanos y lograr avances en las estructuras de gobierno que garanticen la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los periodistas” finalizó.