Luego de que la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Jalisco denunciara públicamente que la Secretaría de Salud demoró en ofrecer los servicios de aborto a una niña de 12 años, víctima de violencia sexual y con un embarazo de 23 semanas, organizaciones locales y nacionales externaron su indignación y recordaron que obligar a una niña a continuar con embarazo forzado constituye una forma de tortura.
Si bien, la interrupción se llevó a cabo, no fue hasta cuatro semanas después y gracias a la visibilización del caso. La Secretaría de Salud Jalisco informó vía comunicado de prensa que la dilación de la atención fue debido a que las personas médicas candidatas a realizar el procedimiento en el tercer trimestre de gestación “están en proceso de capacitación”.
Por ello, la red de defensoras, colectivas y organizaciones exigieron con urgencia garantizar el acceso a inmediato a los servicios de aborto para todas las niñas en el estado que lo soliciten, así como medidas de reparación para la víctima y no repetición. Además, llamaron al Congreso de Jalisco a acatar la determinación dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito quien ordenó eliminar el delito de aborto en Jalisco.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal / ZonaDocs
Con una carta pública, organizaciones locales y nacionales manifestaron su indignación ante “las múltiples violencias sociales e institucionales” que vivió una niña de 12 años que, tras ser víctima de violencia sexual por parte de su padre -y quedar embarazada-, también fue víctima de la omisión y dilación de las autoridades de salud quienes demoraron más de 10 días para garantizarle los servicios de aborto.
La comunicación fue extendida al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al Congreso de Jalisco, a la Secretaría de Salud Jalisco, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Aunque el caso fue dado a conocer el 20 de abril por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Jalisco, las organizaciones informaron que la niña llegó a solicitar los servicios de interrupción desde el 12 abril, con 23 semanas de embarazo. Sin embargo, advirtieron que “de manera injustificada” la Secretaría de Salud Jalisco “retrasó la atención inmediata para la interrupción legal del embarazo”, “obligando a la niña a continuar con ese embarazo forzado por 11 días más”.
No obstante que, a través de un boletín oficial de prensa, el OPD Servicios de Salud Jalisco justificó sus acciones asegurando que las personas médicas candidatas a realizar el procedimiento en el tercer trimestre de embarazo se encontraban en proceso de capacitación, las organizaciones recordaron que obligar a una niña a continuar en contra de su voluntad con un embarazo forzado por 11 días más constituye una forma de tortura, de acuerdo con estándares internacionales.
Según detalló el OPD, se han realizado 225 procedimientos de interrupción del embarazo bajo la NOM- 046 (causal violación) del año 2016 a 2023, dentro de los siete hospitales del estado donde se encuentra activo el Programa de Interrupción Legal del Embarazo.
Pese a estos datos, las organizaciones afirmaron que 397 niñas, entre 2023 y 2024, han parido y han sido atendidas por los servicios de salud. Para las defensoras esta estadística deja en evidencia que, “la intención de los servicios de salud era hacer desistir a la niña de su solicitud original de interrupción de un embarazo por violación”. Y es que, de acuerdo con Ddeser, Servicios de Salud Jalisco, además de dilatar el proceso de interrupción, durante más de diez días intentó convencer a la niña de llevar el embarazo a término, ofreciéndole como única opción la adopción.
“Durante los días que la niña y su familiar quedaron “varadas” en el hospital, personal médico ofreció a la niña un eco para escuchar el corazón del “bebé” y se sugirió la posibilidad de dar en adopción como una mejor alternativa a la interrupción”, advirtieron las organizaciones.
Situación que consideraron “constituyen violaciones graves a los derechos humanos de la niña, que además ha sido víctima de violencia sexual”.
Sobre estos señalamientos, el OPD Servicios de Salud Jalisco informó que “analizará ante los órganos institucionales correspondientes, la actuación del personal de salud que intervino en la atención de la niña” dentro del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” en Guadalajara, “con la finalidad de mejorar cada paso del servicio y generar las acciones que resulten necesarias para garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención a mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en proceso de aborto”.
En el comunicado oficial del OPD del 26 de abril, informaron que la niña había recibido los servicios de interrupción en otra entidad, “a fin de garantizar la integridad física de la niña y cumplir con su derecho al aborto seguro”. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que, el organismo no hubiese llevado a cabo la canalización de manera inmediata como lo estipula el Programa Estatal de Interrupción de Embarazo del Estado de Jalisco, actualizado y publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 7 de marzo de 2024.
Exponiéndola así a enfrentarse a una interrupción de 27 semanas.
“El caso revela que en Jalisco se cuenta con autoridades incompetentes, violentas y machistas, que recargaron todo su ser en el cuerpo de una niña a la que además le cruzan diversas condiciones de discriminación: ser mujer, ser niña, ser indígena, ser pobre”.
De acuerdo con la información oficial la niña se “reporta estable” y en “buen estado de salud” tras el procedimiento. Aunado a ello, el Gobierno de Jalisco – a través del trabajo interinstitucional- se comprometió a generar una ruta de “reparación integral del daño y las garantías de no repetición”, poniendo al centro el interés superior de la niñez y favoreciendo el acceso a “servicios de recuperación física, psicológica, económicos, jurídicos, de asesoramiento, de salud, sociales, educativos, y aquellos necesarios para la progresividad de su autonomía”.
Aseguraron que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres (SISEMH), la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco y la Fiscalía del Estado darán un seguimiento puntual y acompañamiento al caso. Además, señalaron que de forma paralela, las autoridades de justicia “trabajan en la investigación de los hechos y la detención del presunto responsable” que cometió el delito de abuso sexual infantil en contra de la niña, el cual podría ser sancionado hasta con 25 años de prisión.
En la coyuntura de este caso, el pasado 25 de abril se dio a conocer que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó eliminar el delito de aborto en Jalisco, luego de fallar a favor del amparo 344/2023, promovido a través de una estrategia jurídica nacional por diversas organizaciones, quienes buscan evidenciar la inconstitucionalidad de las leyes estatales que aun penalizan el aborto autoprocurado o voluntario.
“Con esta decisión, este estado se convertirá en la decimotercera entidad en despenalizar el aborto. Este logro significaría un avance fundamental para el reconocimiento del aborto como un servicio esencial”, destacaron las organizaciones en su carta pública.
En ese sentido, exigieron a las y los legisladores la modificación del artículo 4 de la constitución estatal en función de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pendientes aún en el estado, así como que se derogue el delito de aborto del código penal, antes de que termine la presente legislatura.
Frente a este avance, llamaron a las instituciones a garantizar la integridad de la niña y a cumplir con un listado de acciones, entre las que se encuentran: un plan de restitución de derechos hacia una vida libre de violencia; detener y sancionar al agresor; e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes en contra del personal que violentó los derechos de la niña.
Asimismo, se llamó a establecer una fecha inamovible para la capacitación de aborto en tercer trimestre en el estado, así como, mientras esto suceda, contratar personal con el perfil que se requiere para llevar a cabo las interrupciones.
En ese sentido, llamaron a “garantizar que todas las niñas y adolescentes embarazadas reciban una consejería que cumpla con lo establecido en la NO 046”, así como “garantizar el acceso inmediato a los servicios de aborto, a todas las niñas de Jalisco que lo soliciten”.
A través de esta carta, la red de defensoras, colectivas y organizaciones reconocieron que hace falta que se afine la estrategia de erradicación del embarazo en niñas y adolescentes, que se generen políticas públicas necesarias para la erradicación de la violencia sexual y que, a la par, se revisen los diversos tipos penales como el abuso sexual infantil y otros para que el Código Penal de Jalisco finalmente integre los estándares más altos de protección a las víctimas de violencia sexual.
Como parte de las peticiones expuestas por las organizaciones, las instituciones gubernamentales se comprometieron a:
1) una ruta para la especialización a médicos y médicas no objetores de conciencia en la interrupción del embarazo en el tercer trimestre “ para atender, de manera diligente, con enfoque de niñez, interseccional e intercultural, los casos de IVE en segundo y tercer trimestre y garantizar el aborto seguro con base en las resoluciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y el Lineamiento Técnico de Atención al Aborto Seguro”.
2) Poner en marcha “la Consejería Itinerante para la atención a mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en proceso de aborto”, con el fin de ofrecer orientación, asesoría y acompañamiento con perspectiva de derechos humanos antes, durante y después del aborto seguro.
3) El “fortalecimiento e intensificación de las acciones educativas y de socialización en las escuelas, familias y comunidades para la prevención del abuso sexual infantil y adolescente”.
