El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) mediante un conversatorio con diferentes organizaciones mencionaron como México, deberá cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos ante las instancias internacionales de acuerdo al Examen Periódico Universal.

Texto por Jorge Yeicatl / @Jorge_Yeicatl

Fotografías por Mario Marlo /@Mariomarlo

Ciudad de México,25 de Julio del 2024. El GTPM llevó a cabo el pasado 23 de julio del presente año el conversatorioEPU: la agenda pendiente en migración y asiloen línea, con organizaciones como Poder, Sin Fronteras y Asylum Access México, las cuales son especialistas en temas de migración y derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria es una red de la sociedad civil conformada por organizaciones, redes y personas que trabajan a favor de los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México.

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) mediante un conversatorio con diferentes organizaciones como México cumplió con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos ante las instancias internacionales .
Fotografia por Mario Marlo

Lucia Luengas, quien estuvo de moderadora e integrante del GTPM, inició la conferencia dando un breve contexto, donde explicó que desde el examen del 2019 y la reciente evaluación de este año ha habido un incremento en las recomendaciones, lo que significa que la crisis de derechos humanos se ha agudizado en temas muy específicos, tales como protección a periodistas violencia contra las mujeres, militarización y, desde luego, lo relativo a movilidad humana.

El objetivo principal de esta reunión virtual es visibilizar las políticas de protección frente al estado que niega constantemente las violaciones a derechos humanos que cometen contra de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en México .

De acuerdo con Zúe Valenzuela, integrante de Poder, esta revisión por parte del Examen Periódico Universal (EPU), establecido por miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), “donde México asistió por cuarta vez a esta evaluación con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es decir, sobre todo los tratados relativos a la Protección de Derechos Humanos”.

El EPU no se compone de un momento particular, sino que es un proceso donde se tiene que participar con las organizaciones para ver cuál ha sido el recorrido en el pasado, como México, que ha sido analizado desde el 2009-2013 y 2018-2019. Cabe resaltar que la revisión del último periodo mencionado fue la comparecencia ante instancias internacionales.

 Asimismo, Zúe Valenzuela argumentó que “México se encuentra en revisión desde el 2023 hasta el año en curso, donde el Estado Mexicano recibió retroalimentación de 318 veces”, es decir, que el número de recomendaciones aumentó, puesto que en el periodo 2018-2019 tuvieron 264 recomendaciones.

En la actualidad, México no rechazó ninguna recomendación por parte del Consejo de Derechos Humanos, sino que, al contrario, aceptaron 304 y las restantes tomaron nota para mejorar en materia de Derechos Humanos.

¿Qué se puede decir de las recomendaciones aceptadas y rechazadas por parte de la EPU?

De acuerdo con Lucía Chávez de AAMX y Luisa Schlotterer de Sin Fronteras, armaron un informe temático sobre la situación de las personas migrantes y sujetas de protección donde englobaron todas las recomendaciones de la sociedad civil, donde no solamente se tiene material de personas refugiadas, sino también solicitudes de asilo y personas migrantes.

Las recomendaciones tienen el objetivo de limitar las facultades de control y verificación migratoria únicamente a los órganos civiles, a su vez, derogar leyes como la ley de la Guardia Nacional, donde esta instancia realizó verificaciones migratorias.

El tema de revisiones migratorias ha vivido una discriminación por parte de la militarización, es por eso que la EPU, de acuerdo a Luisa Schlotterer, mencionó la recomendación relativa a la desmilitarización, propuesta por Nueva Zelanda, donde se habló de reducir el poder al ejército en la sociedad. También recalcó el uso ilegítimo de fuerza y el abuso del poder por parte de las fuerzas armadas, ya que esta institución está “preparada para vencer al enemigo y no proteger a la sociedad civil”.

En conclusión, la próxima administración encabezada por Claudia Sheinbaum tiene el reto de asumir y cumplir las recomendaciones, donde se ven todo tipo de estrategias para mejorar la convivencia en la sociedad civil.

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