El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio demanda reformas urgentes a la Constitución y Código Penal de Sonora para despenalizar el aborto y proteger los derechos reproductivos de las mujeres.
Por Redacción / @Somoselmedio
Hermosillo, Sonora, 17 de septiembre de 2024 – El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó una solicitud formal para la declaración de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado en el estado de Sonora. Esta medida busca enfrentar una legislación que, hasta la fecha, criminaliza el aborto y restringe los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
A pesar de que en trece estados de México el aborto ha sido despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, Sonora mantiene uno de los marcos normativos más restrictivos del país. El Código Penal estatal castiga con penas de hasta seis años de prisión a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo, lo que deja en situación de vulnerabilidad a quienes deciden ejercer su derecho a la autodeterminación reproductiva.
En 2008, la reforma a la Constitución local agravó aún más esta situación, al considerar al cigoto como una persona desde la concepción. Esto no solo ha intensificado la persecución de mujeres que eligen abortar, sino que también ha afectado a quienes sufren abortos espontáneos, generando un entorno de hostigamiento legal y psicológico.
El OCNF señaló que, a diferencia de otros estados que han avanzado en la despenalización del aborto, Sonora continúa aplicando sanciones estrictas que limitan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. La organización exigió que tanto el Artículo 1º de la Constitución del Estado como los Artículos 265 al 270 del Código Penal sean modificados, con el fin de armonizar la legislación local con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
La solicitud de Alerta de Violencia de Género se presentó ante la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Con esta acción, el OCNF busca presionar a las instituciones gubernamentales para que se implementen reformas legales que garanticen el derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud reproductiva seguros y libres de estigmas.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, las carpetas de investigación por aborto han fluctuado en la última década, con un repunte en los últimos años. La persistencia de este tipo de sanciones evidencia la urgencia de reformar la ley para que las mujeres no enfrenten consecuencias legales por decidir interrumpir su embarazo.
El OCNF, que agrupa a 43 organizaciones de derechos humanos en 24 estados del país, destacó que esta situación no solo violenta los derechos reproductivos de las mujeres, sino que perpetúa una estructura de desigualdad y discriminación. La red recalcó que la única manera de proteger plenamente a las mujeres de Sonora es despenalizar el aborto y garantizar su acceso a servicios médicos seguros, tal como lo establece la SCJN en su sentencia del 7 de septiembre de 2021.
