En el marco del décimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, miles de personas marcharon por avenida Reforma para exigir justicia, mientras los padres y madres denuncian la complicidad del Ejército y el gobierno en los hechos.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías Mario Marlo / @Mariomarlo y Erik Salinas / @erik.skelter
Ciudad de México, 26 de septiembre 2024.- La tarde del jueves, más de 10 mil personas se unieron a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para exigir justicia y verdad, a diez años de la desaparición forzada de sus hijos. Bajo una persistente lluvia, la multitud recorrió Avenida Reforma hasta llegar a la plancha del Zócalo, donde las voces de dolor y resistencia de las familias resonaron una vez más, cuestionando al gobierno y al Ejército por su papel en los hechos de 2014.
Al llegar al Antimonumento +43, madres y padres develaron un memorial en honor a los estudiantes desaparecidos. Este espacio de memoria, compuesto por fotografías y breves textos acompañados de códigos QR, busca mantener vivo el reclamo de verdad y justicia.
Tras recorrer el trayecto desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, que se encontraba blindado con vallas antimotines, los padres y madres de los 43 realizaron un mitin para expresar su indignación. Mario González, padre de uno de los estudiantes, fue contundente al dirigirse al presidente Andrés Manuel López Obrador. “No nos hagamos tontos, usted sabe perfectamente quién participó masivamente en el ataque cobarde hacia nuestros hijos. Fue el Ejército. Usted lo sabe, y desafortunadamente se puso del lado de la traición”.
Un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa también tomó la palabra durante el mitin, denunciando la constante criminalización de los normalistas rurales y las represalias sufridas por parte del gobierno. “Es un pecado ser normalista”, declaró, aludiendo al hostigamiento hacia quienes buscan educación en las zonas más vulnerables del país. El joven normalista expresó un sentimiento de traición hacia el presidente López Obrador, quien, según sus palabras, se comprometió a llegar a la verdad, pero en su lugar ha perpetuado la represión.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de los derechos humanos y representante de las familias, denunció el intento de boicotear la marcha por parte de las autoridades, quienes colocaron barreras de cemento para obstaculizar el paso de los manifestantes. Rosales subrayó que, además de no proporcionar verdad a las familias, se ha traicionado la lucha por la justicia. “Es inaudito que, además del llanto y sufrimiento que día a día enfrentan nuestras madres, hoy se les impida el paso”, afirmó.
Rosales recordó que en los primeros años de la investigación existió voluntad para llegar a la verdad. Se crearon mecanismos como la Comisión para la Verdad, que permitieron ciertos avances. Sin embargo, estos progresos se detuvieron en 2022, cuando las investigaciones comenzaron a señalar al Ejército Mexicano como uno de los implicados en la desaparición de los estudiantes. “Imagínense, un Ejército infiltrando una escuela”, enfatizó Rosales, señalando que el encubrimiento ha sido sistemático y deliberado.
La frustración de las familias fue evidente cuando un grupo de manifestantes quemó la figura simbólica de un militar en la plancha del Zócalo, un acto cargado de significado que expresa la creciente desesperanza ante la falta de justicia y transparencia en las investigaciones.
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos tras ser detenidos por policías locales, quienes, en complicidad con el crimen organizado, participaron en la desaparición. Desde entonces, el dolor de sus familias ha sido constante, enfrentándose a la falta de respuestas claras y a la impunidad de los responsables.
A lo largo de esta década, la búsqueda de justicia ha sido obstaculizada por diversos actores políticos y militares, lo que ha generado desconfianza y desesperanza entre las familias y la sociedad civil. La lucha por Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la impunidad en México, una herida abierta que sigue doliendo profundamente en el tejido social del país.
