Por el “Frente Nacional yo por las 40 horas“
Ante el cambio de administración, en el Frente Nacional por las 40 Horas estamos conscientes de que nuestro país sigue en condiciones deplorables y que los costos de la crisis los paga el pueblo.
Durante el sexenio saliente nos enfrentamos a uno de los mayores problemas de salud de la historia, la pandemia de COVID-19, producto de las malas condiciones ambientales mundiales ocasionadas por el mismo desarrollo del capitalismo que repercuten en el surgimiento de enfermedades zoonóticas, sin embargo, la respuesta institucional mexicana volvió a sacar a flote no sólo una mala improvisación de las autoridades, sino la vulnerabilidad y deficiencia histórica del sistema de salud.
La otra deuda de la arrogantemente autonombrada 4T es la inseguridad y violencia, que aunque se ha desacelerado la tasa de homicidios general, se tienen las cifras históricamente más altas de víctimas por homicidio doloso (170 mil), lesiones dolosas, feminicidio, extorsión y secuestro. No obstante, frente a esto el corporativismo estatal ha crecido, en muchos estados de la república hay más militares que policías, su presupuesto y las actividades en las que se han involucrado desplazan al poder civil, estas estrategias no han devenido en la disminución de la violencia, abundan los casos en los que se violan derechos humanos de personas que sólo tuvieron la mala suerte de cruzarse con un convoy. Queremos ese presupuesto en hospitales, escuelas, infraestructura pública, mejora de servicios y del medio ambiente, no en balas.
En violencia de género, es claro que las medidas de paridad no son suficientes, pues la opresión estructural mezcla muchos tipos de violencia; el machismo y la misoginia persistieron durante el gobierno de AMLO y en el caso de la política de Sheinbaum, hubo confrontación y oportunismo durante su gestión en CDMX. A nivel nacional, en salud, oportunidades y violencia, el “apoyo” de las instituciones gubernamentales asemeja a veces hasta un obstáculo. Sin mencionar tampoco otras tareas pendientes en inclusión, no solo de las mujeres, sino también pueblos indígenas, la niñez, población de la diversidad sexogenérica o población con discapacidades.
Otra deuda son las víctimas de desaparición forzada, que ascienden a más de 61 mil, aunque el gobierno apenas y reconoce a una tercera parte, el gobierno no ha contado con un plan de búsqueda integral, tampoco ha tenido buena comunicación con las familias ni las ha involucrado debidamente, sigue siendo revictimizante. Hay más de 72 mil personas fallecidas sin identificar desde 2006, la justicia sólo llega al 1% de los casos, el porcentaje de mujeres desaparecidas aumentó y cabe destacar que la mayoría de víctimas es población trabajadora. Hay muchos casos como el de Ayotzinapa donde están involucradas instituciones del gobierno, este último ilustra muy bien una buena parte de casos y destaca que México es un país peligroso para la lucha social. Todo lo anterior sin mencionar que el presupuesto para el rubro de atención a desapariciones como para protección de Derechos Humanos, es bajo.
Están también las personas damnificadas de los sismos de 2017, como las del huracán Otis y recientemente el huracán John, otras también por derrumbes e inundaciones en otras partes del país, las comunidades y ecosistemas afectados por los derrames de contaminantes como el caso de Río Sonora o Valle de Perote, entre otros. La deuda alcanza fuerte a comunidades que han sufrido el despojo de su tierra y el agua, con planes de “desarrollo” antidemocráticos y ecocidas que ponen en riesgo su presente y su futuro, que abonan a mayores problemas de movilidad en lugar de mejorarla. Las personas migrantes trabajadoras nacionales e internacionales que huyen de la violencia, la crisis, las malas condiciones ambientales de sus lugares de origen, sufren la violencia en sus trayectos, en muchos casos mortal, de los cárteles y la del Estado militarizado, que se vincula con la sumisión a la política migratoria de los Estados Unidos.
La pobreza en general se redujo ligeramente con el aumento salarial, mucha de ella en el llamado sector formal, mientras que la “informal” se benefició de la extensa política de programas sociales que, en cambio, resultan en un paliativo; la pobreza extrema creció muy ligeramente, no obstante, un pequeño puñado concentra una riqueza obscena que sigue creciendo, el gobierno sigue privilegiando y sirviendo a los intereses del capital, dándoles vía libre incluso para burlarse de sus sanciones. La deuda “pública” también aumentó y sigue esclavizando al pueblo mexicano a intereses extranjeros.
En materia laboral los avances son mínimos a pesar de que fue el sexenio más activo en la materia en los últimos 30 años; un aumento aún insuficiente en vacaciones, una actualización mínima de la tabla de enfermedades de trabajo, el salario mínimo aumentó, pero se consume inmediatamente por la carestía de la vida, pues no cubre a veces ni una cuarta parte de la canasta básica (con cifras del Coneval de este año), de igual manera se ve absorbido por el Impuesto Sobre la Renta, etc.; hay desempleo extendido con una tasa del 10% con un importante componente de mujeres y jóvenes; subsiste la violación fragante de derechos laborales, trabajos sin contrato, seguridad social precaria y reducida, la carencia en salud creció en un 150%, el outsourcing no ha sido desterrado, sino que en varios casos ha sido maquillado, en otros tantos es el mismo gobierno el que no cumple o reconoce derechos laborales, el teletrabajo perdura en un área de regulación gris así como muchas de las personas trabajadoras por aplicación, muchas empresas mantienen el trabajo presencial más por tradición que por productividad; tasa de sindicalización baja de un 12.7% con casi la misma presencia de los sindicatos blancos y charros; la resolución de demandas laborales se ubica en un 52.5% aunque sí se han reducido los tiempos; continúan varias deficiencias en la cualificación de egresados del sistema educativo más allá de una orientación sólo laboral, la cobertura educativa continúa baja sobre todo en los niveles de mayor abandono y aumentó el abandono escolar en la niñez.
Proyectos de ley que apuntaban a ser aprobados inmediatamente como la Ley silla, quedaron congelados. La reducción de la jornada laboral inmediata a al menos 40 horas, el aguinaldo de 30 días, la ampliación de la prima de antigüedad, ampliación de la licencia de paternidad que el senado le bajó 10 días a la propuesta original, la licencia de lactancia extendida y menstruación, las cuotas de contratación de personas adultas mayores o con alguna discapacidad, la igualdad salarial de género, el Sistema Nacional de Cuidados, muchas de estas incluso llevan más de dos años discutiéndose, varias han sido dictámenes que simplemente no se meten en la agenda de votaciones mientras una u otra cámara gasta su tiempo en revisar efemérides o incluso con festejos lejanos a cualquier prioridad nacional.
Desde el Frente Nacional por las 40 horas, insistimos que ya no hay cabida para culpar a gobiernos anteriores cuando la impunidad y complicidad perduran, cuando esos “culpables” no están pagando la condena que merecen. Ante la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, su mayoría legislativa y ante todo el Estado mexicano, ¡queremos justicia y dignidad ya! no como un juego más. No pedimos imposibles, pero si ni eso pueden garantizar estarán traicionando al pueblo de México que tanto dicen representar y defender, no se le puede llamar democracia a un sistema en donde generalmente solo unos pocos deciden la vida de millones, la democracia tendría que ser donde realmente la mayoría del pueblo y la clase trabajadora pueden decidir sobre su día a día y sobre su futuro sin que se tengan que resignar a lo que les deja el capital, la burocracia y las cúpulas políticas. ¡Basta de rodeos, descalificaciones y ninguneos para la clase trabajadora! ¡Basta de pretextos, mentiras y traiciones!
¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!
¡Por la justicia y dignidad laborales!
¡Por la unidad, independencia y emancipación de la clase trabajadora!
Frente Nacional yo por las 40 horas
