Arena y grava son el nuevo “oro”. Sin embargo, la forma en la que se extraen de los cuerpos de agua provoca una degradación ambiental alimentando, principalmente, a la industria de la construcción y a la voracidad de un sistema de concesiones. Esta es la historia del río Verde. Pero, su conflicto, es el de todos los cauces.
Por: Melina Gil Meza
Fotografía: Alejandro Velazco
Apenas quedan puñados de piedras, flanqueando a las aguas empeñadas en resistir. Los sabinos secos tantean suelo al cual aferrarse, al cual asirse: en Los Morones, un paraje del río Verde en el occidente mexicano, les despojaron hasta la oportunidad de enraizar. “Ya se acabaron todo (…). Se hicieron ricos, con montañas de arena”, cuenta Juan*, pescador, abreviando los años de extracción de materiales del río que, entre razones de mercado e indolencia institucional, arriesgan la vida en el cauce y el agua que se dirige al área metropolitana de Guadalajara (AMG).
Lucro y olvido
El río Verde nace al sur del estado de Zacatecas, entra a la entidad de Aguascalientes y, posteriormente, ingresa a Jalisco, por el municipio de Villa Hidalgo. Un kilómetro arriba de la presa Ajojúcar, en la ciudad de Teocaltiche, inicia su denominación oficial. Se encuentra entre los 23 ríos más explotados de México, de un total de 1,023 cuerpos de agua de los que se obtiene material pétreo (arena, grava). Este es el recurso natural que, según la ONU, se ha convertido en el segundo más importante del mundo debido a sus múltiples aplicaciones — y la misma organización ha advertido cómo su sobreexplotación conduce a riesgos ecológicos —.
En total, para obtener materiales del río Verde existen 39 permisos o concesiones otorgadas, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) e información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) obtenida vía transparencia. Pertenecen a 22 particulares, los cuales se han hecho de los títulos entre los años 2002 y 2022. Todas las autorizaciones se encuentran en seis municipios del estado de Jalisco: 17 se ubican en Teocaltiche, 12 en Cañadas de Obregón, cinco en Yahualica de González Gallo, tres en Jalostotitlán, una en Mexticacán y una más en Cuquío.
Quienes ejercen las autorizaciones presentan una relación con el poder público, principalmente a nivel municipal, de ciudades ubicadas en las tres entidades por las que corre el río.
Esto, según arroja la sistematización y análisis de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, padrones de proveedores y el Registro Público del Comercio.
En suma, 46.15 % de los títulos de concesión son de particulares que han fungido como proveedores públicos, cuentan o han contado con familiares en algún nivel de gobierno, o bien, ha ejercido directamente un cargo de forma institucional.
En medio de ese contexto de proximidad con el poder, 9 de cada 10 autorizaciones presentan vigencias ya expiradas, revela la propia información emitida por CONAGUA.
“Esas empresas manifiestan que cuentan con los permisos, cuando la realidad es que ya están caducos o no existen”, comparten habitantes organizados del municipio de Teocaltiche.
CONAGUA defiende la situación como un desfase. A través de la respuesta a la solicitud de información 330009424002585, señala que para realizar modificaciones en los registros requiere de una petición expresa de la unidad administrativa involucrada que, a la fecha, no ha sucedido.
Además, la arena y grava se han extraído, casi en su generalidad, sin valorar el daño causado: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reconoce que sólo 2.5 % de las 39 concesiones existentes en la cuenca presentaron una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de forma previa. 15.3 % habrían promovido una MIA de forma posterior a iniciar la explotación.
Aunado, ninguno de los permisos ha implementado una restauración ambiental de los sitios de extracción. Los propios registros institucionales dan cuenta de que casi la mitad de las concesiones no ha sido inspeccionada una sola ocasión. Y, 83.3 %, dejó de tener supervisiones desde hace una década.
Las insuficiencias en la labor de examinación que realiza el gobierno federal no son novedosas; el ejercicio periodístico y la información de transparencia han dado cuenta de su existencia. Actualmente, el Sistema Nacional de Información del Agua expone que las personas acreditadas para realizar visitas de inspección a toda la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico (a la que pertenece el río Verde) suman un total de dos.
A la desatención del río Verde, le anteceden casos similares —documentados periodísticamente— que muestran el riesgo de devastación de la actividad extractiva. Uno de ellos es el río San Rodrigo, al norte de México, en el estado de Coahuila, donde la extracción, junto a otra problemática, ha arruinado el equilibrio ambiental.
“Era zona de reposo de la mariposa Monarca. Al inicio de la primavera, el cielo se oscurecía, se nublaba el cielo con su llegada. No quedó nada, no quedaron árboles. Se estranguló el río y toda la biodiversidad se murió”, cuenta el activista Waldo Terry, de la organización Amigos del Río San Rodrigo.
Relata que el daño ha alcanzado hasta el agua subterránea y las regiones más distantes del territorio.
“A partir de los años ochenta, cuando llegan maquiladoras, empezaron a demandar material pétreo para construcción. La extracción ha sido brutal”, relata, “derrumbaron los árboles, excavaron el lecho del río y afloró el acuífero: quedó expuesto y entonces se ha agotado por evaporación. Se agotó todo el sistema hidrológico de la cuenca baja”.
“Los materiales pétreos no se deben extraer. Debe legislarse y quedar prohibida tajantemente (la actividad)”, sentencia y ejemplifica cómo esta determinación ya ha quedado explícita en marcos jurídicos europeos y estadounidenses, en los que se prohíbe o regula estrictamente.
Entre el vaivén de la arena
En la carretera 207, en Los Altos de Jalisco, es constante el paso de camiones que avanzan, cargados de material.
Acarreando el despojo.
Sobre la misma vía, en dirección hacia el norte, también es posible observar retroexcavadoras, al igual que en el camino que conduce hacia el balneario de Agua Caliente, en la localidad de Palmarejo, ubicada en la ciudad jalisciense llamada Cañadas de Obregón.
“Se extrae al menos un camión por día, con hasta 40 toneladas de arena”, calcula Gonzalo, habitante de la región.
Incluso, frente a Los Morones, hay maquinaria cribando los volúmenes minados. Con la misma concesión que tenían para explotar los materiales del río “se brincaron” al terreno vecino, narran pobladores de la zona.
El movimiento se dio cuando agotaron los sedimentos del sitio. Ante la disminución del recurso natural, narran en la región, se ha estado incorporando la práctica de triturar las piedras, para alcanzar volúmenes de extracción redituables. Por cada góndola (vehículo para carga) se estima una venta de hasta $40, 000.
Los daños socioambientales que deja la extracción en poblaciones de Los Altos — que colinda con los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato —, confirman sus habitantes, son motivados por la industria de la construcción que ha emergido en la zona. Los materiales pétreos extraídos se utilizan principalmente como insumo en la edificación de diversas obras.
“Son empresarios de la región: Tepatitlán (de Morelos), Yahualica (de González Gallo)…” enumera Gonzalo, al describir el perfil de los areneros. El alcance de la demanda también llega a las poblaciones de las entidades federativas vecinas.
El aprovechamiento de materiales pétreos se encuentra establecido tanto en la Ley de Aguas Nacionales (1992) como en su reglamento, de forma que CONAGUA es la autoridad responsable. También, la explotación se guía con la presentación de un formato denominado “CNA-01-005 Concesión para la extracción de materiales”.
El trámite dicta la obligación de entregar una MIA, sin embargo, su valoración queda atribuida a la SEMARNAT, quien “no tiene facultades en la resolución final del título (de extracción de arena) ni en la supervisión del aprovechamiento”, explica Luis Manuel Martínez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y especialista en Recursos Naturales, “y CONAGUA sólo cuida la parte hidrológica y topográfica, en el sentido de que no se vaya a obstruir el cauce ni alterar la forma del río”.
Así, narra el académico, la gestión pública queda desarticulada, colocando en vulnerabilidad las funciones indispensables que realizan los materiales pétreos en el ecosistema.
El escenario posterior a la explotación también tiene rasgos débiles: la legislación determina una serie de criterios, para el ejercicio de los títulos de aprovechamiento de arena y grava, enfocados en la restauración ambiental de los ecosistemas que impacte, no obstante, ante la evidencia de datos iniciales que aporta la MIA, se incumple.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su posterior reglamentación consolidaron la valoración del impacto ambiental en México. Por su parte, el formato CNA-01-005 se publicó en noviembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.
En el caso del río Verde, 33 concesiones de extracción de pétreos del río Verde se autorizaron antes del formato; 6, posterior a él.
Fuentes consultadas de SEMARNAT revelaron que, para que las prórrogas del primer grupo continúen operando requieren ceñirse a la disposición que exige la MIA, debido a que su ampliación es un nuevo acto de autoridad, aplicado bajo la última actualización jurídica.
Aún cuando se contara con esta herramienta, Manuel Llano, director de la iniciativa CartoCrítica — promotora del acceso público a la información socioambiental — apunta que persistirían debilidades de origen, entre los que destaca la ausencia de una evaluación integral regional.
“El efecto acumulativo de un proyecto sobre otro (…) no es algo que se evalúa. No lo hace SEMARNAT: su trabajo es valorar trámites individuales, si cumple sí o no. Si se quiere observar lo que sucede de manera transversal en una región, la autoridad no tiene las herramientas ni las atribuciones”, sostiene.
“(La regulación) es completamente ficticia: el titular de derechos, simplemente remite un par de coordenadas. La arena es renovable en un ecosistema sano, donde se va depositando e ingresando nueva. Pero, cuando se interrumpe y se vuelve a tomar, y diez permisionarios kilómetros arriba o abajo también extraen, no hay renovación alguna. El río se va convirtiendo en una mina”.
Protagonistas de un saqueo
Entre las faenas propias de su oficio, Juan acomoda las redes que utilizó en la jornada. Sentado en el patio de ingreso, desenreda habilidosamente su material de trabajo.
Desde hace más de 50 años es pescador en el río Verde. Cada vez debe desplazarse a distancias más lejanas (de Temacapulín, en Cañadas de Obregón) para encontrar peces: la explotación del material del lecho ha anulado los sitios de reproducción de las diferentes especies, dado que requieren condiciones específicas que, anteriormente, encontraban entre el sedimento y las raíces de los sabinos. Se formaban franjas de criaderos, por amplias longitudes. Tal vez hasta tres kilómetros continuos, cuenta.
Pero eso fue antes. Previamente a la llegada de la maquinaria y de procesos opacos.
“Desde un principio no los hubieran dejado, no se cansa la gente de ganar dinero”, reclama, con cierto dejo de rabia, porque recuerda cómo —a diferencia de la actual vegetación degradada, con raíces expuestas — los árboles de los márgenes del río complementaban invaluables postales.
El municipio de Cañadas de Obregón acumula 31 % de las concesiones autorizadas para extraer grava y arena del río Verde. La historia de sus habitantes, es, en realidad, la misma voz de quienes disienten de atestiguar la explotación excesiva de materiales pétreos, a lo largo de la cuenca del río Verde. El que, a fuerza de integrarles, ha convertido las aguas en parte de una identidad.
“Yo no necesitaba el mar, porque tenía el río (Verde)”, coincide Don Poncho, respecto de aquellos mejores tiempos, cuando las aguas están limitadas por una playa que permitía la formación de cuatro balnearios naturales para las personas habitantes de Temacapulín: Saucitos, Troncones, Tierra Blanca y Los Morones.
Desde la década de 1960, cuenta, comenzó la extracción de arena del río Verde, pero era de forma artesanal. Participaba la propia población de Temaca; lideraban empresarios provenientes de las ciudades de Mexticacán, Yahualica de González Gallo y Tepatitlán. En años más recientes, se incorporó maquinaria e incrementó el volumen y velocidad de explotación.
“Me tocó ir: con todo lo que la mano de chango alcanzaba hacían camino, a medio río, para que la máquina pudiera ir trabajando. Tremendo”, cuenta.
En Los Altos, también se reconoce un repunte de la actividad cuando iniciaron las obras de la presa El Zapotillo. Es decir, el proyecto se utilizó como un argumento para disfrazar la toma de materiales.
El paso de la extracción ha socavado puntos del río, generando que los sitios de encuentro se les transmuten a ubicaciones de tragedia. Doña Isaura, otra habitante de Temaca, estima que personas habrían perdido la vida por ahogamiento, al acudir a nadar, sin conocer las alteraciones del paso de la explotación.
“Se les ha pedido que no escarben en los lugares turísticos para que no pasen desgracias”, sostiene.
Ella misma ha tratado de resistir, organizando voces de resistencia: han ganado victorias, como la conciliación de 200 metros libres de extracción, acordados con un equipo de extracción. Pero, también, las confrontaciones han escalado hasta eventos de criminalización de la protesta: en 2018, habitantes de Temaca tuvieron que acudir al Ministerio Público, al acusárseles de obstrucción a las vías de comunicación, debido a que cerraron el paso de camiones areneros.
Las amenazas y la tensión aún prevalecen. Hay momentos en que, tomar fotografías o registros de la extracción de materiales pétreos, les resulta hasta en advertencias de violencia.
Despojo y crecimiento
A diferencia de los parajes de degradación del río Verde, las ciudades que se ubican en la región, y que se conectan directamente vía terrestre, se han extendido y urbanizado, colmando sus territorios con nuevas construcciones que, entre otros insumos, se habrían provisto de los materiales de sus aguas, según coinciden los testimonios de habitantes de Cañadas de Obregón y Teocaltiche.
La revisión de más de dos décadas de registros y archivos de los gobiernos municipales de la zona revela que, tan sólo en territorio jalisciense, se han construido más de 41 mil nuevas edificaciones en municipios cercanos al cuerpo de agua: 45.6 % de todas las obras las concentra Tepatitlán de Morelos.
La cantidad de nuevas licencias de construcción detonó en el año 2003 (un incremento de 22% en relación al año previo). El comportamiento coincide con un aumento de 600 % en el registro de nuevas concesiones para la extracción de pétreos del río Verde.
La tendencia al alza es compartida hacia Aguascalientes y Zacatecas. En conjunto, desde el año 2000 a la fecha se han construido 196,631 edificaciones en la zona.
La situación es coincidente con las relaciones de los titulares de las concesiones para extraer pétreos del río: 41 % de las autorizaciones para explotar de grava y arena el río Verde se encuentran vinculadas con sociedades y/o empresas dedicadas a la industria de la construcción o desarrollo inmobiliario, según los datos del Registro Público del Comercio.
Un paso, una incertidumbre
El 29 de diciembre de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto de Zona de Restauración Ecológica de la Región de la Presa El Zapotillo, que protege de forma legal a una porción de la cuenca del río Verde, en Los Altos de Jalisco.
La figura — que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para aquellas áreas que presentan procesos de degradación, desertificación ó graves desequilibrios ecológicos— se emitió en el contexto de la implementación de un Plan de Justicia.
Este es un instrumento del gobierno federal (iniciado en la administración 2018-2024) que se previó para reparar integralmente el daño causado a las y los habitantes de las localidades de Temacapulín, Palmarejo (Cañadas de Obregón) y Acasico (Mexticacán), por la imposición del megaproyecto original de la presa El Zapotillo — que antes de los cambios implementados, implicaba inundarles —.
Desde los acercamientos que habitantes sostuvieron con las autoridades habían solicitado que se considerara el freno a la explotación de sedimentos del río; en respuesta, el decreto incluye un alto a la entrega de nuevas concesiones (y de prórrogas a éstas) en el polígono de atención.
Se contempla una superficie de restauración de 20 mil 810 hectáreas, que abarca todo el paso del río en la frontera entre Mexticacán y Cañadas de Obregón, una porción del este de la ciudad de Yahualica de González Gallo, así como una superficie mínima de los municipios de Jalostotitlán y Teocaltiche.
A pesar de lo emitido, la intención federal aún no es reflejada en actuaciones puntuales. De acuerdo con los datos abiertos del Programa Nacional de Inspección (PNI) 2024, ninguna de las inspecciones efectuadas en el estado de Jalisco, durante el primer semestre del año, tuvo como propósito la vigilancia de materiales pétreos.
Entrevistada respecto al decreto, Claudia Gómez Godoy, representante del gobierno federal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Jalisco, sostuvo que está previsto que las poblaciones participen en la implementación de la figura.
“La idea es que sí se involucren las comunidades en las acciones de restauración y de vigilancia”, señala. “Formamos dos comités, uno en Acasico y uno en Temacapulín, de vigilancia del río. Que ellos van a ser los primeros que van a denunciar en caso de que hubiera extracciones ilegales, contaminación o derrames”.
El programa de restauración — instrumento que determina la gestión de la zona decretada— aún se encuentra en construcción, pero está planteado que, en cinco años, se recupere el deterioro del área. Gómez Godoy subraya que los alcances se avocarán al perímetro ya delimitado.
Sin embargo, el decreto deja expuesta una proporción significativa de las concesiones: al confrontar la georreferenciación de los 39 títulos actuales contra la delimitación del polígono se localizan 51.2 % de las autorizaciones fuera del área de protección.
Ante la situación, en julio de 2024, habitantes de la localidad de Belén del Refugio, de Teocaltiche, enviaron una comunicación oficial dirigida al Gobierno del Estado de Jalisco para solicitar que se incluya la totalidad del municipio en el polígono de la Zona de Restauración.
Entre los permisos que también quedan excluidos, se encuentra la concesión más reciente y con mayor volumen de extracción aprobado (21,999 metros cúbicos anuales): el título 08JAL262251/12KADA21, identificado en Cuquío y cuyo titular es Adrián Cornelio González Fernández, el exalcalde del mismo municipio.
El daño latente
Apenas en el trienio 2018-2021, González Fernández descubrió la potencialidad del material pétreo del río Verde. En el punto del cauce que eligió la actividad es redituable: una góndola cargada con 30 metros cúbicos de arena puede generar ganancias de 20 mil pesos, principalmente entre diciembre y marzo.
“Esto es un negocio. En Temaca, en todos lados. No soy el único”, afirma.
Anteriormente, la arena para la construcción se llevaba desde Cañadas de Obregón, Teocaltiche u otros puntos de Los Altos de Jalisco.
Al cierre de su periodo como presidente municipal tramitó el permiso para obtener el título. No obstante, actualmente la concesión se encuentra judicializada, en lo que González Fernández estima como un conflicto político.
Desde enero de 2022 ha estado impedido para extraer áridos. Sin embargo, terceros han utilizado de forma irregular la concesión para introducir maquinaria y aprovechar el material. Al respecto, acusa, las autoridades federales han sido omisas, pese a conocer los hechos.
La condición reciente de la concesión no la ha eximido de su impacto. Las imágenes satelitales muestran una afectación de la vegetación más allá de la ribera, pero que coincide con las coordenadas del proyecto, en una superficie de aproximadamente cinco hectáreas.
Entre los daños potenciales más significativos que representa el aprovechamiento de arena, además de las alteraciones a la fauna y vegetación riparia (es decir, que crece a lo largo del río), se encuentra la disminución de la calidad del agua al no retenerse contaminantes de los caudales. Asimismo, se encuentra la afectación en la disponibilidad de agua subterránea.
“Los sedimentos tienen la capacidad de mantener el agua. Cuando los retiramos, la capacidad de infiltración disminuye mucho”, explica Adriana Álvarez Andrade, especialista en Gestión Integral del Ambiente, enfocada en extracción pétrea, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Esto genera afectaciones erosivas, así como inundaciones.
También daña la disponibilidad de agua superficial: “cuando hay agua corriendo es porque el subsuelo ya se saturó. Si se quita arena y no se permite que recargue (el acuífero) abajo está vacío. Entonces, en la siguiente precipitación, el agua va a correr unos metros, pero enseguida se va a infiltrar (para intentar compensar)”, señala.
Según la investigadora, idealmente, se tendría que efectuar un balance de sedimentos, junto a un análisis de vulnerabilidades de cada cuenca, influidas por el régimen de lluvia, geología y suelos. La Región Altos Sur de Jalisco, en donde se ubica el río Verde, se localiza sobre 11 acuíferos, de los cuales 9 presentan condiciones de sobreexplotación, con un volumen total para la región de 90.08 millones de metros cúbicos anuales de déficit.
En el territorio, se sabe, veneros y manantiales alimentan el caudal del río. Héctor Gutiérrez, quien pasó todos los veranos de su infancia en el pueblo de Palmarejo, en Cañadas de Obregón, en casa de su abuela, recuerda como el agua de las profundidades emerge, para encontrar hacia dónde fluir.
“En toda esa zona hay ojos de agua caliente, agua termal. Igual, en medio del río, en el punto que se conoce como El Arenal, nace agua”, dice. Agua que sólo ubica quien ha crecido ahí.
La especialista Álvarez Andrade subraya que los impactos de la actividad extractiva terminan siendo resentidos en las partes más bajas de las cuencas.
En el caso del río Verde, la problemática descrita — concentrada en las zonas más altas — arriesga la salud del cuerpo de agua en la parte del río que se represa para alimentar al Sistema El Zapotillo y dotar del líquido a 1.1 millón de habitantes del AMG.
En agosto de 2024 se concluyó dicho Sistema —compuesto por la presa del mismo nombre, así como dos acueductos —. El proyecto se planeó para abastecer durante las siguientes cinco décadas.
Un relato común
A medio kilómetro de donde solía existir una parte de playa del río Verde, después de una bifurcación carretera, Gonzalo cuenta que la actividad extractiva va más allá de la zona.
Es la historia común de los ríos del país.
“Compañeros de Oaxaca, Guerrero, han sido afectados en su integridad, criminalizados, por situaciones parecidas en el tema de los ríos, de la extracción de arena. El sistema en el que hemos entrado, en las grandes ciudades, no hay suficiente agua ni arena para seguir construyendo y estar en esta dinámica de empresas inmobiliarias. Una forma de construir extractivista, de ciudades hechas de materiales convencionales y no sustentables”, dice, rechazando un modelo de consumo apuntalado por el abuso de particulares y la omisión de autoridades.
“No. Los ríos deben ser para la vida”, desafía.
Resiste.
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Este trabajo se realizó con el acompañamiento de la Maestría en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Para la realización del reportaje se solicitaron entrevistas tanto a la delegación de SEMARNAT en Jalisco así como al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico sin embargo, al cierre de la investigación, no habían respondido las peticiones.
* Los nombres de los testimonios se presentan sin apellidos, en atención a la situación de riesgo identificada. La identidad y conocimiento del caso de cada persona entrevistada fueron acreditados. La atribución de las personas habitantes de Teocaltiche se realizó de forma general, por los mismos motivos de seguridad.
El testimonio que aparece con el nombre de “Gonzalo” fue una modificación completa del nombre de la fuente, a petición expresa de la misma.
Se consideraron tanto las concesiones reconocidas en los datos abiertos como las que CONAGUA manifestó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). A través de esta última, la Comisión también informó de otros permisos, sin embargo, al georreferenciarlos se ubicaron hacia los límites con Colima. Asimismo, indicó a los títulos 08JAL262249/12KADA21 y 08JAL262244/12KADA21, no obstante, su localización se encuentra a kilómetros de distancia del río Verde.
El corte de información sobre concesiones es al 31 de julio de 2024.