A pesar de los avances legislativos, un informe revela que la implementación del derecho a la consulta indígena en México sigue siendo deficiente, con proyectos impuestos que afectan a comunidades y generan conflictos sociales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 9 de enero de 2025.- Un informe conjunto de organizaciones civiles, académicas y organismos internacionales denunciaron a través del Informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México, las serias deficiencias en la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas en México, a pesar de algunos avances legislativos en la materia. Este derecho, fundamental para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas, está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos ratificados por México.
El informe subraya que los procesos de consulta en México suelen ser deficientes, carecen de transparencia y no respetan los principios fundamentales establecidos en los compromisos internacionales. Estas deficiencias han resultado en la imposición de proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales que impactan gravemente a las comunidades indígenas, provocando desplazamientos forzados y conflictos sociales.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la ausencia de consultas adecuadas. Según el documento, las pocas consultas que se realizan no cumplen con los principios de ser previas, libres e informadas. La información proporcionada a las comunidades es, en la mayoría de los casos, insuficiente, inaccesible o excesivamente técnica, lo que dificulta que las comunidades comprendan plenamente los proyectos y participen de manera efectiva en las decisiones.
Además, la desigualdad en la participación emerge como un obstáculo recurrente. Las barreras lingüísticas, la falta de intérpretes en lenguas indígenas y la inexistencia de espacios adecuados para el diálogo han limitado significativamente la capacidad de las comunidades para intervenir en los procesos de consulta, perpetuando su exclusión.
El informe también denuncia la prevalencia de proyectos impositivos. En muchos casos, obras de infraestructura y actividades mineras se implementan sin llevar a cabo una consulta auténtica, limitándose a procesos administrativos simulados. Un caso emblemático es el de una carretera en Oaxaca, cuya aprobación se dio sin la debida consulta a las comunidades indígenas afectadas, lo que ha generado tensiones y una creciente resistencia entre los habitantes locales.
Estas deficiencias tienen un impacto devastador en las comunidades indígenas, como los pueblos zapotecos y mixtecos en el sur del país. Muchos han sido desplazados de sus territorios, han perdido el acceso a recursos naturales esenciales y han visto alteradas sus formas de vida tradicionales. Además, la falta de consultas efectivas ha impedido que estas comunidades ejerzan su derecho a decidir sobre proyectos que afectan directamente su desarrollo y bienestar.
El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU establecen claramente la obligación de garantizar consultas adecuadas antes de emprender cualquier proyecto que impacte las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Aunque México ha ratificado estos acuerdos, el informe destaca que la implementación en el terreno es deficiente y que persiste un incumplimiento sistemático de estas obligaciones.
Amnistía Internacional ha calificado la situación como un incumplimiento de las obligaciones internacionales de México y exigió garantizar consultas auténticas y transparentes. Elvira Méndez, del Consejo Indígena de México, pidió al gobierno a respetar la autonomía y las formas de vida de las comunidades, además de proporcionar información accesible en lenguas indígenas.
El informe concluye con un llamado a las autoridades mexicanas para mejorar la calidad de las consultas, asegurar la transparencia y establecer mecanismos de seguimiento. Asimismo, recomienda crear plataformas de diálogo permanente que consideren las especificidades culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas.
“Cumplir con el derecho a la consulta no es solo una obligación legal, sino un acto de justicia social fundamental para garantizar la dignidad, cultura y autonomía de las comunidades indígenas en México.”
