Por Max González Reyes
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, su objetivo fue concentrar el poder en manos del ejecutivo. Para lograrlo ocupó todos los medios posibles. Durante los seis años pasados en sus conferencias mañaneras hablaba descalificando a los órganos autónomos, a sus opositores; y a todos los que estuvieran en su contra los exhibía, nombraba y retaba, en el afán de, en su opinión, cambiar todo lo pasado pues respondía a prácticas neoliberales y conservadoras.
Para nadie es desconocido que el gobierno que está empezando con Claudia Sheinbaum es una continuidad del anterior. La misma presidenta ha señalado que es el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, y todo Morena está en esa misma dirección. Una muestra de ello es que en el periodo ordinario que recién terminó en diciembre se aprobaron las iniciativas que mandó el ex presidente López Obrador en febrero del año pasado, las cuales reformaron directamente a la Constitución. Es decir, este gobierno continúa lo que se quedó inconcluso en el sexenio pasado. Se tiene previsto que para el próximo periodo ordinario que inicia en febrero, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se discutirán y aprobarán las leyes secundarias de las reformas constitucionales que se aprobaron de septiembre a diciembre, aunado a las que tiene programada presentar la presidenta Sheinbaum.
Como se sabe, una de las reformas que se aprobaron fue la referente a la desaparición de los órganos autónomos pues el ex presidente López Obrador fue bien claro al señalar que estos organismos estaban de más y tenían que desaparecer.
Por otro lado, una de las instancias que posiblemente también desaparecerá será el Servicio Profesional de Carrera (SPC), toda vez que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (instancia de reciente creación) ordenó detener las contrataciones del SPC en todas las dependencias del gobierno federal. Cabe recordar que esta figura sirvió para garantizar que los puestos públicos fueran ocupados por personas capacitadas. Además de tener una evaluación de conocimientos, se reforzó para que las personas fueran elegidas con base en méritos y no en conexiones políticas, en sobornos o en amiguismos. Aunado a ello, el personal aprobado tenía que ser evaluado cada cinco años para continuar en el cargo, además de contar con por lo menos cuarenta horas anuales de capacitación.
El SPC se implementó en 2004 durante el sexenio de Vicente Fox. Su propósito era asegurar continuidad y profesionalismo en las políticas públicas, con personal capacitado en el área a concursar. Para ello, se estableció una convocatoria para que se inscribieran y concursaran quienes cumplieran los requisitos del perfil según el puesto, además de una evaluación de conocimientos y una entrevista como último requisito.
El oficio mandado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno señala que la suspensión estará vigente hasta el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, desde que inició este gobierno se han venido presentando despidos sin justificación de personal del SPC en diversas instancias como la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), entre otras. Es probable que lo que quiere este gobierno es darle esas plazas a personal por la vía de la libre designación, sin pasar por un proceso de evaluación ni filtros de conocimiento. Con ello lo que se busca es poner a personal cuya única virtud sea la lealtad a los nuevos directores extraídos de Morena.
Desde el principio de su gestión, López Obrador manifestó su inconformidad por el SPC, entre otras cosas, por tener inspiración panista. La realidad es que quería tener a sus leales en las dependencias. No logró acabar con el SPC porque el tiempo no se lo permitió, pero ahora Claudia Sheinbaum lo está aplicando.
Estas acciones no son otra cosa que la arbitrariedad con la que se está manejando este gobierno. Reafirma lo que se hizo desde el anterior: desaparecer todo lo que hicieron sus antecesores.
El SPC es un mecanismo eficaz y eficiente, pues coloca a personal con conocimiento en el área respectiva. Con el SPC el nivel del servicio público cobró dimensión positiva porque se colocaba a personal capacitado en las diversas áreas. Hay que recordar que en el tiempo en el que gobernó el PRI había mucha burocracia que ocupaba puestos en los que no tenían ni el conocimiento ni el perfil en el cargo que ocupaban. Con la suspensión y posible desaparición del SPC lo que se hace es volver al viejo régimen que Morena tanto critica.
La actual administración está violando todos los derechos laborales, pues a los trabajadores cesados no se les está liquidando o dando una indemnización que por ley les corresponde. Cabe mencionar que la Constitución en el artículo 123, apartado B, fracción XI, establece que “los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada… En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente… En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley”. Pues bien, nada se ha dicho al respecto para los trabajadores despedidos en esta administración”.
Si como se dijo en el sexenio pasado y se repite hasta el cansancio en este, nadie está por encima de la ley, ésta se debe cumplir, por lo que se deben respetar los derechos de los trabajadores.
