A dos años de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, sus familias y aliados llaman a la acción global para exigir justicia y verdad, destacando la grave crisis de derechos humanos que enfrentan los defensores ambientales en México.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 15 de enero 2024.- El 15 de enero de 2023, Ricardo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder indígena, desaparecieron forzosamente mientras se trasladaban por el Cerro Ortega, en la región limítrofe entre Michoacán y Colima. Ambos defensores participaban activamente en la lucha por los derechos de la comunidad indígena de Aquila, exigiendo la libre elección de autoridades comunales y el cumplimiento de acuerdos con la minera Las Encinas. Hoy, a dos años de su desaparición, sus familias, representantes, organizaciones de la sociedad civil y aliados internacionales reiteran su exigencia de verdad y justicia.
Antes de su desaparición, Ricardo y Antonio habían denunciado amenazas en su contra, así como contra otros integrantes de la comunidad de Aquila, ante autoridades estatales y federales. Sin embargo, estas denuncias fueron ignoradas. Su caso se ha convertido en un emblema de la violencia sistemática que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México.
La desaparición de estos dos líderes ocurrió en el contexto de la defensa legal de la comunidad indígena frente a las operaciones de la minera Ternium, que controla la mina Aquila. Ricardo y Antonio habían ganado importantes juicios que buscaban proteger los derechos territoriales y culturales de la comunidad. Desde entonces, no se ha sabido nada de ellos.
Según el informe de Global Witness, entre 2012 y 2023, México registró el asesinato de 203 defensores ambientales, de los cuales 26 fueron víctimas de desaparición forzada, con 21 casos solo en Michoacán. En 2023, el 70% de los ataques letales se dirigieron contra indígenas que defendían sus territorios, siendo la región del Pacífico una de las más afectadas.
El caso de Ricardo y Antonio no es una excepción. En México, más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en fosas clandestinas. La violencia que rodea el caso, incluida la ejecución de testigos y perpetradores tras su liberación de la custodia estatal, evidencia graves fallas en el sistema de justicia.
En el marco del segundo aniversario de su desaparición, las familias de Ricardo y Antonio, junto con organizaciones aliadas, han lanzado un llamado global a la acción. Este esfuerzo busca presionar a las autoridades mexicanas para que asuman su responsabilidad en la búsqueda y esclarecimiento de los hechos. Entre las exigencias principales destacan:
- Implementar un mecanismo humanitario integral que garantice la colaboración de todos los actores, incluida la minera Ternium, para encontrar a Ricardo y Antonio.
- Nombrar un Fiscal Especial y un equipo de búsqueda humanitario, con los recursos necesarios para realizar una investigación imparcial y exhaustiva.
- Colaborar con expertos independientes del Mecanismo Independiente para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR).
- Garantizar la participación de la comunidad internacional para proporcionar asistencia técnica avanzada en la búsqueda.
- Exigir a Ternium responsabilidad empresarial, incluyendo su participación activa en el esclarecimiento de los hechos y el diálogo con las familias de los desaparecidos.
Una crisis humanitaria que exige respuestas
El caso de Ricardo y Antonio refleja la grave crisis de derechos humanos que vive México. Las irregularidades en la investigación, la falta de voluntad política y la ausencia de estrategias integrales para resolver casos de desaparición forzada perpetúan la impunidad y el dolor de las familias.
Desde su desaparición, sus seres queridos han recorrido el mundo llevando sus rostros y demandas de justicia a foros internacionales como la ONU y la CIDH. A pesar de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros, las autoridades mexicanas han mostrado una preocupante falta de acción.
Las familias y aliados de Ricardo y Antonio declararon el mes de enero, como un mes de acción global contra la impunidad. Invitaron a la ciudadanía a participar mediante actos de solidaridad, arte, y firmando peticiones dirigidas a las autoridades mexicanas. Estas acciones buscan no solo visibilizar el caso, sino también impulsar cambios estructurales que permitan garantizar la justicia para las víctimas de desaparición forzada.
