El dicho popular lo conocemos: “Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”. Por fortuna o por desgracia, la historia de corrupción, robo y represión que ha sufrido el pueblo bajacaliforniano durante el gobierno de Francisco Vega sigue vigente. Ahora, al igual que ocurriera justo hace dos años cuando se dio el gasolinazo y se intentó privatizar el agua, la ciudadanía no puede aguantar más: el reclamo de justicia comienza a invadir las calles.
Don Nadie / Foto por El Vigía
Desde finales de 2016 la narrativa que el gobierno de “Kiko” Vega ha tejido en Baja California es la de un gobierno anti-ciudadano. Con la ventaja que brinda monopolizar el poder, Francisco Vega y sus aliados se han encargado de hacer cuanto se les ha antojado: contraer una deuda de más 82,000 millones de pesos a pagarse durante 37 años; privatizar el agua a través de esquemas de Asociación Público-Privada (las famosas desalinizadoras y el c5); desviar millones de recursos públicos a cuentas y proyectos privados; otorgar concesiones a compadres; reprimir y encarcelar activistas; y lo nuevo, subir los impuestos para que los ciudadanos paguen su pésima administración financiera.
A diferencia de todos los abusos que se han dado a lo largo de estos 6 años, ahora el problema se le ha salido de las manos al gobernador: la crisis financiera la explotado en la cara. La falta de pago a maestros jubilados y pensiones de todo el estado ha desatado, desde finales de octubre, una ola de indignación que no ha hecho más que multiplicarse. A la injusticia de no recibir el cheque quincenal y el aguinaldo también se han sumado instituciones como el Instituto Electoral del Estado, el Poder Judicial y esta semana trascendió que también los burócratas se unen a la exigencia de pagos. Es decir, Kiko Vega les ha robado a todos, incluso a las instituciones que presuntamente respaldan y dependen de su administración de los recursos.
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Y es precisamente por eso que Francisco Vega ha comenzado a quedarse, ahora sí, completamente solo, si bien todavía mantiene algunos colaboradores de su parte. Entre los apoyos que ha perdido se encuentra el del sector empresarial. Recordemos que desde que estalló el conflicto de la privatización del agua, en donde han salido beneficiadas empresas dedicadas a la construcción de plantas desalinizadoras, cerveceras (Constellation Brands) y corporativos de seguridad (c5), los empresarios han estado del lago de Kiko. Y cómo no hacerlo, si precisamente era su candidato: el gallo panista por excelencia, derechista y neoliberal.
Sin embargo, les ha salido el tiro por la culata, pues la propuesta que ha encontrado Kiko Vega para solucionar la crisis financiera estatal es, por supuesto, subir los impuestos, contemplando crear un gravamen de salud, incrementar el de educación y el Impuesto sobre Nómina. En otras palabras, restarles utilidades a sus ex cómplices.
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Y bueno, los empresarios no dan paso sin huarache. Ante el inminente juicio político que se avecina contra Kiko Vega y la derrota electoral que dejará en el olvido al PAN (como lo hiciera Morena con el PRI a nivel federal), los empresarios afines a Kiko, como animales rapaces infieles que sólo se preocupan por sus propios intereses, han comenzado a marcar distancia del gobernador. No quieren que se les señale como copartícipes del deterioro estatal, si bien la responsabilidad pesa sobre sus espaldas. Basta recordar el discurso que han enarbolado las cámaras comerciales en las últimas semanas, en clara oposición a la consulta pública sobre si va o no va la planta cervecera de Constellation Brands. De nuevo, el empresariado corrupto contra la voluntad popular.
Los otros cómplices de Kiko Vega no son otros que el Poder Judicial y los 25 diputados que hace 2 años aprobaran la Ley del Agua y consecuentemente los proyectos de APPs. Como todo gobernante/corporativo autoritario, Vega no hubiera llegado tan lejos si hubiera tenido contrapesos en el Poder Legislativo y Judicial. Por ende, el reclamo de justicia que debe extenderse e incendiar todas las calles de Baja California no debe omitir a estos cínicos.
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Baja California se enfrenta a un momento histórico sin precedentes. Tras 30 años de panismo en el estado, el pronóstico electoral avecina una derrota total para la derecha bajacaliforniana. Este evento se ubica en una etapa de transición nacional, en donde las consignas que se han enarbolado desde la presidencia de López Obrador son acabar con la corrupción y la impunidad. Tenemos, pues la oportunidad de poner el ejemplo a nivel nacional (como se hiciera hace dos años tras el gasolinazo) y meter a la cárcel a Francisco Vega y sus cómplices.
El resultado de la historia que tenemos enfrente tiene dos grandes posibilidades, representadas en los destinos de dos ex gobernadores que hicieron lo mismo que Kiko en sus respectivos estados. Estamos, pues, entre terminar con un Javier Duarte tras las rejas, o un Cesar Duarte prófugo. La decisión depende, claramente, de la participación ciudadana en las demandas de justicia. La pregunta que pesa sobre la voluntad de cada ciudadano de Baja California es una: ¿Volverán a marchar los miles en Baja California, como lo hicieran hace dos años, o permitirán que el ladrón se fugue con el producto de su trabajo?
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