Ciudad de México, 10 de octubre de 2017
#NoMásTratoSelectivo es el hashtag con que buscamos referir que las personas que se han presentado como candidatas para presidir la CDHDF deben comprometerse a eliminar el histórico e ilegal trato selectivo de la institución. Sin duda existen muchos temas que requieren atención en la CDHDF, pero sólo uno es absolutamente central para el cumplimiento de su mandato constitucional y para satisfacer debidamente la obligación del estado de investigar violaciones de derechos humanos: la erradicación del trato selectivo en contra de las víctimas (https://goo.gl/w7guiu).
La decisión sobre quién presidirá la CDHDF, que será tomada en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (CDHALDF), impone la necesidad de reconocer la candidatura de quien hasta ahora ha asumido un compromiso para su eliminación.
1. Una primera revisión de los planes de trabajo de quienes se candidatearon para la presidencia de la CDHDF arroja que sólo una persona, Nashieli Ramírez Hernández, asumió un compromiso de eliminar en la institución el trato selectivo de los casos.
2. Del lado de quienes no se comprometieron a eliminar el trato selectivo se encontraron tres variantes:
a. Algunas de las personas candidatas lo señalaron o reconocieron como parte del problema en el funcionamiento de la CDHDF, sin embargo, omitieron asumir o decidieron no asumir un compromiso para su eliminación: María Olga Noriega Sáenz y Alfredo Rojas Díaz Durán.
b. Otras, sin reconocer ni comprometerse respecto de la eliminación del trato selectivo, establecieron una formulación programática en que asumen explícitamente un compromiso de revisar los procedimientos de queja, lo cual podría orientarse a la eliminación de dicha selectividad: Luis Javier Vaquero Ochoa, Juan Carlos Arjona Estévez y Juan Armando Ruiz Hernández.
Asimismo, otras candidaturas, por los términos de su programa, podrían abrir esa revisión sin que se hayan comprometido a tal cosa: Hilda Téllez Lino, Mucio Israel Hernández Guerrero.
c. Finalmente, unas más, prácticamente ignoraron el tema (Armando Hernández Cruz, Ricardo Hernández Forcada, Daniel Balboa Verduzco), o incluso celebraron la situación actual (Perla Gómez Gallardo).
3. Se esperaría que quienes han reconocido en alguna medida el problema del trato selectivo, o bien, quienes han dejado abierta una posibilidad de revisión sobre los términos en que funciona actualmente el procedimiento de queja en la CDHDF, en las entrevistas que les harán en la CDHALDF se comprometan públicamente a eliminar la selectividad, en tanto ésta implica una violación del derecho a la igualdad y no discriminación.
Dejar de asumir un compromiso para su eliminación implicará situarse del lado de un continuismo en la selectividad de trato que no es justificable, ya que además de conllevar que miles de casos dejarán de ser investigados, también se dejará de respaldar a las víctimas para solicitar la reparación del daño en sus casos, y se invisibilizarán las violaciones de derechos humanos en la Ciudad de México.
4. En este contexto, sería esperable no sólo que quienes han presentado su candidatura a este cargo público se sientan compelidos a dar una posición pública al respecto, sino que las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a los derechos humanos y hayan postulado o apoyen alguna candidatura, asumieran una posición en relación a la eliminación del trato selectivo, y pidieran a quienes han apoyado que se posicionen al respecto.
5. La investigación de violaciones de derechos humanos es un derecho específico (https://goo.gl/BJd8uK) que debe satisfacerse por el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, pues es el único establecido constitucionalmente para ello, y que cuenta con las facultades legales suficientes.
Ante la situación actual, las diputadas y diputados que integran la CDHALDF sólo podrán satisfacer su responsabilidad de garantizar que este derecho sea cumplido en la Ciudad de México al elegir entre las candidaturas entre quienes asuman el compromiso de eliminar el trato selectivo.
6. Asimismo, comprometerse públicamente es algo conveniente para las propias candidatas y candidatos, ya que sólo la elección de una persona que asuma públicamente este compromiso le dará la legitimidad suficiente para hacer frente a las dificultades que podrá suponer la renovada forma de operación de la CDHDF; puesto que pasar de emitir 17 recomendaciones a cientos en un año, implicará un cambio importante en las relaciones institucionales con las autoridades de la Ciudad de México.
Asimismo, le permitirá hacer frente a la articulación de la CDHDF con las nuevas autoridades de derechos humanos de la Ciudad de México, y en particular con los juzgados tutelares; puesto que las investigaciones de violaciones de derechos humanos que realice la Comisión deberán relacionarse con esos juzgados, en especial cuando las recomendaciones no sean aceptadas. Sin embargo, esta articulación se complicará seriamente si no se establecen las condiciones operativas para que la CDHDF realice debidamente sus investigaciones, lo cual sólo puede suceder estructuralmente si se elimina el trato selectivo.
7. Nuestra situación ideal sería que quienes se postularon, en conjunto, asumieran que las personas en la Ciudad de México tienen derecho a que la propia CDHDF respete sus derechos humanos, y conforme a ello realice las investigaciones y solicite la reparación del daño, sin sujetarles a una dinámica de selectividad. Sin embargo, aún estamos ante candidaturas que posiblemente prefieran dejar el silencio como marca de su paso frente a este problema, diciéndole a la gente que están para proteger sus derechos cuando compiten sólo por ser el próximo gran elector, la próxima persona que sólo administre las violaciones de derechos humanos.
