Después de cuatro días de búsqueda, el colectivo “los otros desaparecidos de Iguala” encontraron el pasado jueves 21, restos de tres cuerpos en una fosa clandestina ubicada en el punto conocido como La Laguna II en la ciudad de Iguala, Guerrero. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la secretaria de gobernación fue testigo de este hallazgo. Las familias trabajaron intensamente con sus instrumentos rudimentarios en el cerro del Huixteco de Iguala y el pozo Meléndez del Municipio de Taxco. Desde el 2014, después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de “los otros desaparecidos”, decidieron salir a la luz pública para denunciar la complicidad de las autoridades que investigan los delitos y de las mismas corporaciones policiales con los grupos del crimen organizado. Se armaron de valor y emplazaron a la Procuraduría General de la República para que los acompañara en las tareas de búsqueda que iniciaron en la periferia de Iguala. Ha sido un trabajo no solo arduo, sino muy doloroso y peligroso. Abrieron camino y aprendieron a roturar la tierra con varillas, a identificar los lugares dónde había indicios de fosas clandestinas. Se han especializado en ubicar los terrenos y los pequeños montículos de tierra, para dar con restos humanos. A más de cuatro años han hallado 150 cadáveres de personas, de los cuales 43 ya han sido identificados por sus familiares luego de practicarles exámenes de ADN.
Este esfuerzo titánico, que ha implicado no solo un gran desgaste de las familias que deciden dejar su casa para subir a los cerros y desenterrar cuerpos, representa la lucha digna de un México que se niega a vivir de rodillas ante el poder delincuencial. Es la conciencia que nos humaniza e interpela a los gobernantes que han sido parte de esta tragedia nacional.
Las familias Guerrerenses son precursoras de este movimiento, desde los años aciagos de la guerra sucia, cuando decenas de personas fueron desaparecidas por el ejército mexicano. Son 50 años de búsqueda incansable por los seres queridos. Son de igual manera 50 años de impunidad, de políticas fincadas en el terror y de acciones delincuenciales promovidas desde las altas esferas del poder público. Contra toda esa monstruosidad, las madres, las esposas y las hijas de personas desaparecidas han entregado su vida para remover los escombros de este aparato gubernamental, que para mantenerse incólume consintió la consumación de graves violaciones a los derechos humanos. En el estado los diferentes gobiernos han heredado este saldo sangriento que se ha acumulado cada sexenio como consecuencia de una política represiva y de contrainsurgencia.
En Guerrero, la Procuraduría en su momento, y ahora la Fiscalía, se han negado a investigar a los autores de estos crímenes. Lo que es peor, es que la desaparición de personas no se investiga por parte de las autoridades competentes. Más bien, se estigmatiza a las víctimas, se les cataloga como personajes de dudosa reputación que urdieron su propio final trágico. Nunca se reconoce la honorabilidad de quienes han sido víctimas de desaparición y más bien, se exonera de toda responsabilidad a los agentes del estado, que mantienen vínculos con el crimen organizado.
Se invisibiliza e ignora a los colectivos de familiares, que en los últimos años se han conformado en las principales ciudades del estado, para encarar a las autoridades por su indolencia y su negativa a reconocer esta crisis humanitaria, que se profundiza en varias regiones. En la Tierra Caliente y la zona norte, la violencia ha cobrado muchas vidas humanas que las familias se niegan a denunciar porque saben que las autoridades claudicaran en su responsabilidad de investigar. Es más riesgoso denunciar que guardar silencio. Algunas empresas han optado por retirarse de la región, decenas de pequeños comerciantes han cerrado sus negocios, un gran número de familias han decidido salir del estado. Son los desplazados invisibles. En la región serrana que se encuentra dentro de la zona centro la disputa a muerte entre los grupos de la delincuencia organizada es lo que mantiene en vilo a la población. No tiene otra alternativa que aliarse con el grupo que toma el control de la situación para quedar bajo su dominio. Hacer lo contrario significa colocarse frente al paredón. Para ponerse a salvo hay que dejar la casa y andar a salto de mata. Las 72 familias desplazadas de los municipios de Leonardo Bravo y de Zitlala que llevan 36 días plantados en palacio nacional, lo único que esperan es que tanto el gobierno federal y estatal implementen un plan integral para el retorno a sus comunidades. El corredor de la Costa grande y Acapulco siguen siendo enclaves estratégicos para la venta y trasiego de la droga, por ello los asesinatos y desapariciones forman parte de la tragedia cotidiana. La avalancha delincuencial ha desdibujado el dique de la legalidad y se ha perdido la línea divisoria que separa la acción gubernamental de las acciones de los grupos que imponen su ley con la metralla.
Esta batalla desigual la ha protagonizado la población pobre de Guerrero, sobre todo quienes en su lucha por la sobrevivencia han perdido a sus familiares. Sin proponérselo se han transformado en actores claves, que con su dolor y sufrimiento han tenido que cruzar el umbral del fuego cruzado, para hacer sentir su reclamo a las más altas autoridades, con el fin de que volteen su mirada a los enclaves donde impera la violencia.
Este domingo 24, en palacio nacional se dieron cita más de 300 familias provenientes de los estados más emblemáticos, en cuanto a casos de desaparición forzada, como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Sinaloa. El encuentro fue para testificar la reinstalación del sistema nacional de búsqueda de personas, que es un logro de las familias que impulsaron y crearon la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Con esta ley se crea la comisión nacional de búsqueda y el sistema nacional de búsqueda de personas, conformada por diferentes instituciones del gobierno federal y los gobiernos locales, así como el consejo ciudadano. Este sistema, a pesar de haberse instalado en las postrimerías del gobierno de Enrique Peña Nieto, no tuvo ningún resultado en favor de las víctimas.
El compromiso del nuevo gobierno es diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del estado mexicano para establecer las políticas y procedimientos entre todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como la prevención, investigación y sanción de estos delitos. De acuerdo con lo expresado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el sistema nacional deberá garantizar el registro nacional de personas desaparecidas, el banco nacional de datos forenses, el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, el registro nacional de fosas, el registro administrativo de detenciones, el mejoramiento de las alertas ámber y alba, y establecer para todo el país un protocolo homologado de búsqueda.
El gran desafío para el actual gobierno es responder lo más rápido posible ante casos de personas desaparecidas, tanto del pasado reciente y remoto, como las que se siguen dando diariamente. La búsqueda en vida será la principal prioridad. Por ello la comisión nacional de búsqueda y las comisiones estatales tienen la obligación de actuar inmediatamente ante un reporte o noticia de desaparición, y por lo mismo, no es necesario una denuncia ante las fiscalías. Es importante resaltar que las búsquedas se tienen que realizar en terreno, haciendo búsquedas tanto en vida como en fosas clandestinas. También es imprescindible contar con información sistematizada para perfeccionar las búsquedas y para generar políticas públicas de prevención. Se deben realizar búsquedas jurídicas y búsquedas históricas. Para ello se ha creado una unidad especializada para la búsqueda de las personas de la guerra sucia.
A pesar de esta urgencia nacional en 19 entidades no hay avances legislativos ni decreto para la designación del comisionado local. Es urgente la creación de un marco Jurídico estatal que dé el primer paso orientado a reconocer y atender la gravedad de este problema. Se requiere crear las comisiones estatales de búsqueda y fortalecer las que ya existen. Al mismo tiempo se debe trabajar de la mano con las fiscalías general y local, no solo con las especializadas en materias de desaparición, sino también con las encargadas del delito de secuestro y de trata de personas. También se debe de enfrentar la emergencia forense ante una realidad sumamente trágica. De acuerdo con información pública hay más de 26.000 cuerpos sin identificar y cientos de miles de restos óseos en la misma situación. Se han contabilizado más de 1300 fosas clandestinas encontradas casi en su totalidad por mujeres buscadoras. El indicador más funesto de esta situación es que existen morgues e institutos forenses colapsados, que tienen los cuerpos sin refrigeración o en tráileres estacionados en las calles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es muy triste y doloroso el tema de los desaparecidos. Remarcó que es la herencia más triste que ha recibido al llegar a este nuevo gobierno. Recibió la herencia de la corrupción y de la impunidad. Asumió la postura de que el estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos, es decir, todas las instituciones y todo el gobierno. Dijo que ese es el compromiso, que no falten recursos, no habrá límite presupuestal y se apoyará con todo lo que se requiera. Concluyó que en tres meses evaluará este trabajo. Primero, lo de las instalaciones forenses para la identificación de cuerpos; segundo, la instalación de todas las comisiones en todos los estados y tercero, la evaluación de los avances. Mientras tanto, la secretaría de gobernación Olga Sánchez, hizo el llamado respetuoso para que en el mes de septiembre todos los estados de la república cuenten con una comisión de búsqueda funcional y efectiva que esté cerca de las familias.
El dolor de las familias es inimaginable y a pesar de eso, este será el camino tortuoso para la búsqueda de las personas desaparecidas, como lo han hecho ejemplarmente las familias, “abriendo el suelo con varillas” para que en México se desentierre la verdad y se siembre la justicia.
