*El Colectivo realizó un informe detallado desde la primera entrada de la caravana migrante el año pasado, lo que derivado en documentación que sustenta violaciones graves a los derechos humanos a migrantes por parte del Estado mexicano.
12 organizaciones nacionales e internacionales publicaron el “Informe de Monitoreo de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano en el Sureste Mexicano Octubre 2018-Febrero 2019”, documento en el que registran las violaciones del Estado mexicano a personas integrantes de caravanas migrantes que salen de su país, llegan a México y buscan un mejor bienestar, alejado de la pobreza y violencia.
Desde el día 13 de octubre de 2018, la organizaciones se enteraron, sobre la concentración de centenares de personas en la terminal de buses de San Pedro Sula, Honduras, desde esta fecha se inició́ el seguimiento del Éxodo Centroamericano en coordinación con organizaciones sociales y civiles de Guatemala.
Ante la inminente llegada a la frontera sur de México, algunos de los actores sociales involucrados en la defensa de derechos humanos, inicialmente de Tapachula, empezaron a coordinarse con el objetivo de formar un “Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos” en el sureste de México. A esta red, en distintos momentos y trayectos, se han incorporado otras organizaciones civiles de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, además, con comunicación y acompañamiento de algunos organismos internacionales, como OACNUDH, CICR y OIM.
Las organizaciones detallaron que se le dio acompañamiento al primer grupo del Éxodo Centroamericano inició desde su paso por el río Suchiate, el día 19 de octubre, y continuó, a través de los Estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, durante los meses de octubre y noviembre. En este periodo el Colectivo documentó diversas violaciones a los derechos humanos, cometidas por parte de autoridades mexicanas en contra de las personas que han llegado a México con necesidad de protección internacional, entre ellas algunas con alto grado de vulnerabilidad.
El condicionamiento de la ayuda humanitaria a la detención migratoria
Manifestaron que las respuestas del Estado mexicano en materia humanitaria, lejos de respetar el cumplimiento de medidas cautelares y de protección, sirvieron como mecanismos de disuasión y fragmentación del Éxodo Centroamericano.
De hecho, a lo largo de todo el trayecto, la asistencia humanitaria gubernamental ha sido fundamentalmente condicionada a la detención migratoria. Desde el 19 de octubre, fecha en la que llegó el primer grupo al cruce fronterizo entre Guatemala y México, y durante los días siguientes, la situación de emergencia humanitaria en el Puente Internacional Rodolfo Robles se agravó.
La decisión del gobierno mexicano de cerrar la frontera, y alargar la espera para ingresar al territorio mexicano de manera regular, puso en riesgo la vida e integridad física de las personas desplazadas que quedaron atrapadas en el puente fronterizo.
Ausencia de estrategias coordinadas de atención humanitaria
Desde el ingreso del primer grupo, y durante todo el tiempo que el Éxodo Centroamericano transitó por el sureste del país, no se implementaron estrategias interinstitucionales para dar una respuesta integral y regional a la emergencia humanitaria.
La atención humanitaria dependió de la voluntad política y los recursos de las autoridades locales y ayuntamientos municipales, sin articulación y apoyo por parte de las dependencias de gobierno estatal y federal. Esto se evidenció con las diferencias entre los municipios que resultaron gradualmente sobrepasados en temas como atención médica, alimentación y salubridad de los espacios en donde se alojaron las personas desplazadas, lo cual tuvo graves afectaciones en los desplazados, afirmó el Colectivo.
Atención a la salud para integridad personal y protección de la vida
Durante todo el trayecto se hicieron evidentes las afectaciones a la salud, así como el desgaste general de la población, a consecuencia de las condiciones de traslado del Éxodo Centroamericano. Cada día de trayecto, hacía más frecuentes los signos de agotamiento general de la población adulta, con afectaciones medicas no atendidas, como contusiones y lesiones musculares.
Hubo un creciente número de casos relacionados a enfermedades respiratorias, afecciones de la piel, enfermedades gastrointestinales y otros cuadros infecciosos, además de lesiones ligadas a las largas jornadas de camino y exposición al sol. El hacinamiento y las condiciones insalubres e inseguras, la permanencia por las noches al aire libre, la falta de agua potable, representaron factores que propiciaron la presencia de enfermedades en general, pero con más frecuencia en niños y niñas.
Además, observaron que este grupo presentaba cuadros de conjuntivitis, golpes de calor e insolación, deshidratación, hambre, diarrea, tos, dolores de cabeza, fiebre. Además, se documentaron algunos casos de fumigación de calles y edificios, en Huixtla y en varias localidades de Oaxaca, sin los debidos protocolos y sin respeto de las personas migrantes presentes.
Retorno a los países de origen
El 20 de octubre, los presidentes de Guatemala y Honduras pusieron en marcha el Plan denominado “Retorno Seguro”. Según cifras oficiales, del 15 de octubre al 19 de noviembre retornaron voluntariamente 7.077 personas, de las cuales 3.116 eran menores de edad03.
Sin embargo, entre las personas “retornadas” se mezclaron personas deportadas que no formaban parte de la caravana, y personas de la caravana que fueron detenidas y deportadas. En efecto, el Colectivo de organizaciones constataron que los planes de retorno se realizaron bajo múltiples irregularidades y omisiones.
