A pocos días de cumplirse diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación exigiendo justicia y denunciando que el gobierno saliente deja muchos pendientes en la investigación.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, a 23 de septiembre del 2024.- A solo tres días del décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres de los estudiantes se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. En este acto, además de exigir respuestas y justicia, reclamaron que el gobierno saliente deja muchos pendientes en el caso Ayotzinapa, particularmente la promesa incumplida del presidente Andrés Manuel López Obrador de encontrar a los jóvenes.
El mitin, llevado a cabo la mañana del lunes, reunió a diversas organizaciones sociales y estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), quienes han acompañado a los familiares de los 43 a lo largo de los años. Esta manifestación forma parte de una serie de actividades de protesta y lucha que han mantenido a lo largo de la última década.
Un gobierno que se va sin cumplir promesas
Durante su discurso, los padres y madres señalaron que el próximo 26 de septiembre marcará diez años desde la desaparición de sus hijos, y a pesar de los compromisos hechos por el gobierno federal, la verdad sobre lo sucedido sigue sin esclarecerse. De manera particular, el presidente López Obrador, quien en su campaña presidencial prometió resolver el caso, fue blanco de críticas por no haber cumplido con sus compromisos a tan solo días de concluir su mandato.
“A esta administración le faltan unos días para que concluya, deja muchos pendientes en el caso Ayotzinapa. Varias dependencias e instituciones se van con pendientes. Esta Secretaría de Gobernación también deja varios pendientes a los padres y madres de los 43”, señaló Isidoro Vicario, abogado de los familiares. Vicario hizo énfasis en la fuga de Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel, y la falta de avances en los trámites necesarios para su extradición, así como en otros casos donde responsables clave han buscado refugio en otros países sin que se actúe para traerlos a la justicia.
El abogado denunció que desde hace tiempo las investigaciones están estancadas, particularmente cuando los investigadores toparon con el involucramiento de las fuerzas armadas. “Sabemos que en el caso Ayotzinapa hay una participación directa de las fuerzas armadas de México, de elementos del ejército mexicano, de la Secretaría de Marina. Por eso las investigaciones se estancaron cuando llegaron a estas instituciones. Hoy, a una década de los hechos, estamos muy lejos de saber la verdad, de conocer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, agregó Vicario.
Vicario también resaltó el debilitamiento de dos órganos fundamentales en la investigación del caso: la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Según el abogado, ambas instituciones fueron desmanteladas tras la renuncia de Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, quienes lideraban los esfuerzos en la búsqueda de la verdad. La salida de estos funcionarios dejó un vacío en la conducción de las investigaciones, lo que, según los manifestantes, ha sido un golpe a la búsqueda de justicia.
Entre las manifestantes se encontraba Doña María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galíndrez Guerrero, quien expresó su indignación ante lo que considera una traición por parte del presidente López Obrador. “El presidente nos mintió, bien claro nos dijo que iba a haber justicia y que iba a llegar a la verdad, pero claramente, a tres días vemos que eso no es posible”, declaró Guerrero, visiblemente afectada.
También criticó a la Secretaría de Gobernación, afirmando que la institución no cumplió con su papel en el caso y que, al igual que el resto de las autoridades, no ha estado a la altura de la responsabilidad que conlleva el caso Ayotzinapa. “Sabemos que fue un crimen de Estado porque estuvieron involucradas todas las autoridades que según nos representan en México. Pero no descansaremos, seguiremos hasta que paguen los culpables”, afirmó, reiterando el compromiso de los padres y madres de seguir luchando hasta que se conozca la verdad y se haga justicia.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, ha sido uno de los casos más emblemáticos de la crisis de derechos humanos en México. El caso no solo ha puesto en evidencia la complicidad y participación de las fuerzas del Estado, sino que también ha resaltado la impunidad que prevalece en muchos crímenes en el país. A lo largo de los años, la lucha de los padres y madres de los estudiantes ha sido un símbolo de resistencia frente a la negligencia gubernamental.
El estancamiento en las investigaciones y la falta de resultados concretos han mantenido viva la indignación de la sociedad civil, que ve en el caso Ayotzinapa un reflejo de la corrupción y la falta de acceso a la justicia en México. La manifestación de este lunes, realizada a pocos días de cumplirse una década de la desaparición, es un recordatorio de que, para las familias de los 43, el tiempo no ha sanado las heridas ni ha apagado la sed de verdad y justicia.
El futuro del caso Ayotzinapa
Con el gobierno de López Obrador en su fase final y la llegada de un nuevo presidente, las expectativas sobre el futuro del caso Ayotzinapa son inciertas. Las madres y padres han dejado claro que no cesarán en su lucha, y que seguirán exigiendo al gobierno entrante que cumpla con las promesas que se les han hecho desde hace casi una década.
El caso Ayotzinapa, al igual que muchas otras tragedias en México, representa un desafío para la justicia en el país. Mientras tanto, las familias de los 43 continúan buscando respuestas, luchando para que el nombre de sus hijos no se pierda en el olvido y para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
