Por Abigail Morales Ángeles/ @abigailángeles
Durante los primeros días del año 2022 comunidades en los altos de Chiapas, han presentado constantes agresiones por parte de grupos armados en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó y otros, en el estado de Chiapas.
En los primeros ocho días del mes de marzo el Frayba ha recibido 78 reportes de ataques armados en contra de comunidades del municipio de Aldama. En febrero, fueron 346 registros de agresión armada. Existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada.
Las comunidades afectadas han reportado que la impunidad que prevalece tras este tipo de agresiones favorece un ambiente de inseguridad y desplazamientos forzados. IPRI ha documentado testimonios directos que indican que quienes integran estos grupos armados son presuntamente hijos de paramilitares que fueron entrenados por el Ejército mexicano en la década de los noventa y que reproducen prácticas de intimidación con el objetivo de controlar el territorio e inhibir la organización comunitaria y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El pasado 03 de marzo, el gobierno estatal y federal llevaron a cabo la ceremonia de entrega del predio Cerro Bola, ubicado en el municipio de Ixtapa a los 115 comuneros de Aldama, ese mismo día la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada a las 11:15 horas estuvo bajo fuego proveniente del punto, El Ranchito en Fracción Ak’tik 2 dentro de las 60 hectáreas en disputa.
La entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población, ese mismo día las agresiones continuaron, la violencia se extendió desde la madruga del viernes hasta las 21:00 horas, registrándose 27 ataques armados, mientras que entre el viernes 4 y domingo 6 de marzo se recibieron 13 reportes. Asimismo, al cierre de este boletín se contabilizaron cinco reportes más. Los ataques armados son permanentes contra las 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama y no han sido detenidos a pesar de las acciones de los gobiernos estatal y federal; la población continúa violentada.
Aunque el conflicto que existe entre pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, tiene que ver con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, de tal manera que el Estado no ha buscado resolver el conflicto de fondo y solo ha logrado administrarlo.
Las comunidades indígenas del estado de Chiapas que fueron agredidas en estos hechos defienden de manera pacífica sus derechos colectivos al territorio, a la autonomía y a la libre determinación. Estos derechos se defienden de manera colectiva, a través de aquellas prácticas que integran la libre determinación. Las agresiones armadas en contra de estas comunidades defensoras son una forma de lastimar el tejido comunitario y al sujeto colectivo comprometido con la salvaguarda de sus derechos.
Las comunidades afectadas de Chiapas hacen un llamado de atención urgente a las autoridades estatales y federales a esclarecer los hechos de violencia y que las comunidades defensoras puedan vivir en un ambiente seguro para defender y ejercer sus derechos humanos colectivos e individuales.