Temacapulín, Jalisco, 8 de enero 2019.- Antes de tomar cualquier decisión sobre el avance del proyecto El Zapotillo, el Gobierno de Jalisco deberá auditar el proyecto y convocar a las comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas, así como revisar el estado actual de la presa, es lo que plantea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en la recomendación 50/2018, presentada el día de hoy en la comunidad de Temacapulín.
Alfonso Barrón, presidente del organismo autónomo hizo pública la recomendación 50/2018 sobre las violaciones a los derechos humanos en el caso de la construcción de la presa El Zapotillo y la afectación a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, a propósito de las fiestas tradicionales de la Virgen de los Remedios realizada en esta comunidad. Ahí explicó que “ninguna refundación, ni la cuarta transformación va sin el respeto a los derechos humanos de los pueblos”.
El funcionario también informó que dentro de esta recomendación se le solicita al gobierno de Enrique Alfaro, informe sobre el avance de los puntos que se solicitaron en la recomendación del 2009 entregada al gobierno del panista Emilio González el 31 de diciembre de aquel año.
Dentro de las recomendaciones emitidas por la CEDHJ resalta la solicitud al actual gobierno encabezado por Enrique Alfaro para que cumpla con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con motivo de la controversia constitucional 93/2012, en la que se determinó la invalidez del segundo convenio celebrado entre la Conagua y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco; aunado a ello se solicita que se compruebe con peritajes técnicos independientes la seguridad y no inundación de la comunidad de Temacapulín con una presa con una cortina de 80 metros de altura, además de que se anuncie públicamente la liberación de la población de Temacapulín de la posibilidad de sufrir inundación, o de ser afectada por un desplazamiento forzoso.
Andrés Manuel López Obrador ha visitado en dos ocasiones a Temacapulín y en sesiones solemnes a las que acudieron incluso legisladores, reafirmó el compromiso por respetar los pueblos y sus derechos. Sin embargo, días posteriores al triunfo del 1 de julio, expresó al igual que el gobernador Enrique Alfaro, la intención de aprovechar lo invertido en la construcción del megaproyecto El Zapotillo y culminarlo, pese a que se encuentra suspendida la obra desde 2013 por una sentencia de la Suprema Corte donde, entre otros aspectos, se determinó que la altura de la cortina no podía exceder los 80 metros.
En la segunda Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también se solicita a las autoridades que regularicen la situación jurídica de las personas que han sido reubicadas en el predio Talicoyunque para que se les otorguen los títulos de propiedad e indemnizaciones justas conforme con los requisitos y lineamientos establecidos en los Principios Básicos y Directrices sobre Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo, lo cual también incluye la reparación integral de los daños causados y la donación de tierras de cultivo para garantizarles el derecho a la alimentación y la vida campesina.
En consecuencia, la CEDHJ pidió al gobierno de Enrique Alfaro, garantice los derechos al libre tránsito, agua, alimentación, educación, movilidad y desarrollo de las personas de Palmarejo desplazadas en el predio denominado Talicoyunque.
Al finalizar Alfonso Barrón reconoció ante la comunidad que su resistencia se ha vuelto un semillero de defensores de derechos humanos, motivo por el que se le entregó al Comité Salvemos Temacapulin, Acasico y Palmarejo el premio Francisco Tenamaxtli, hace un mes.
