El gobierno federal presentó reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear un sistema nacional interconectado que permita localizar personas en tiempo real, con sanciones para autoridades que no cumplan. La clave será la CURP con datos biométricos.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 24 de marzo de 2025.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, anunció una serie de reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Entre ellas destaca la creación de la Plataforma Única de Identidad, la cual buscará centralizará datos biométricos y de identificación oficial para agilizar la localización de personas.
Una de las iniciativas clave es la Plataforma Única de Identidad, que incorporará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo oficial de identificación, incluyendo fotografía y huellas dactilares. Esta plataforma permitirá un acceso más ágil a los datos necesarios para la localización de personas desaparecidas.
Asimismo, se creará la Base Nacional de Carpetas de Investigación, un registro centralizado con información sobre personas desaparecidas y no localizadas, el cual será actualizado de forma obligatoria por las fiscalías estatales y tribunales. Esta medida buscará mejorar la coordinación entre instituciones y evitar duplicidades en los registros.
Otra de las acciones contempladas es la conformación del Banco Nacional de Datos Forenses, el cual deberá ser alimentado y mantenido actualizado por todas las fiscalías estatales. Esta base de datos permitirá cruzar información genética y forense de manera eficiente.
Para garantizar la difusión inmediata de fichas de búsqueda, se implementará el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que permitirá notificaciones rápidas en casos de desaparición. Esto fortalecerá los mecanismos de respuesta en las primeras horas tras la denuncia.
En materia de responsabilidades, la reforma establece sanciones administrativas para servidores públicos que incumplan con la generación, actualización y compartición de información en los sistemas de búsqueda. Esto busca evitar omisiones y garantizar la operatividad de las bases de datos.
Por otro lado, se impondrán obligaciones a empresas del sector privado, como transporte, telecomunicaciones, salud, paquetería y servicios financieros, para compartir información útil en la localización de personas, respetando la Ley de Protección de Datos Personales.
Eliminación de dilaciones en la búsqueda de personas
Otra de las reformas es la eliminación de la espera de 72 horas para abrir una carpeta de investigación. Con la nueva legislación, las denuncias deberán ser atendidas de inmediato, permitiendo que todas las autoridades competentes tengan acceso en tiempo real a la información necesaria para la búsqueda.
“Estamos respondiendo a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas”, declaró Godoy durante su intervención.
Como parte de esta iniciativa, se establece la publicación mensual de cifras sobre carpetas de investigación en materia de desapariciones. Esta información será difundida a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
Las reformas serán implementadas de manera progresiva y se espera que la Base Nacional de Carpetas de Investigación esté completamente operativa en un plazo máximo de 180 días tras su entrada en vigor.