Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia e Igualdad de Género del Congreso capitalino aprobaron una reforma al Código Penal para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin ser criminalizadas, en un debate que enfrentó posturas divididas.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, noviembre de 2024 — Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron una reforma trascendental al Código Penal local para la despenalización del aborto, que deroga el capítulo V del Título Primero del Libro Segundo y modifica los artículos 76 y 130. La medida busca eliminar sanciones penales para mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo, reafirmando el derecho a la libre decisión sobre el propio cuerpo.
Durante la discusión, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, destacó que el tema del aborto genera posturas a favor y en contra, y recalcó que el Estado debe intervenir para garantizar la seguridad y salud de las personas gestantes, sin criminalizar esta decisión. Martínez señaló que, de acuerdo con el desarrollo del sistema jurídico internacional, la decisión de tener descendencia es un aspecto de la vida privada vinculado a otros derechos fundamentales.
La diputada Jannete Guerrero Maya (PT) argumentó que esta reforma fortalecerá los derechos reproductivos al brindar acceso seguro y regulado al aborto. Citó datos desde la legalización en 2007, con aproximadamente 273 mil interrupciones realizadas, de las cuales un 77% ocurrieron antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite métodos menos invasivos.
Sin embargo, hubo voces en contra. La diputada América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) expresó que no se ha consultado suficientemente a las asociaciones pro vida, y denunció que la eliminación de un límite de semanas para abortar permitiría “matar con impunidad”. Olivia Garza de los Santos (PAN) también se pronunció en contra, afirmando que esta reforma atenta contra el derecho a la vida del no nacido, protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por su parte, la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA) aclaró que la reforma no busca alterar el consenso de las 12 semanas como límite para el aborto, sino evitar que las mujeres sean criminalizadas. También Valeria Cruz Flores (MORENA) abogó por el acceso seguro al aborto para evitar la criminalización de las mujeres y personas gestantes.
Lizzet Bernal Rabadán (PAN) criticó la falta de un debate social amplio y abogó por reforzar la educación sexual y el combate a la violencia de género. En tanto, Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) enfatizó que la despenalización es una cuestión de justicia social y que los derechos humanos no deben ser debatidos ni condicionados. Agregó que la Ciudad de México ha sido pionera en América Latina al aprobar el aborto legal hasta las 12 semanas en 2007.
El diputado Diego Garrido López (PAN) advirtió que esta reforma, al derogar el delito de aborto, autorizaría interrumpir el embarazo en cualquier etapa, creando un desequilibrio entre los derechos de la madre y el no nacido. Otros legisladores como Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) y Tania Nanette Larios Pérez (PRI) también manifestaron sus preocupaciones y destacaron la necesidad de apoyo a mujeres en situaciones complejas.
Desde una perspectiva diferente, la diputada Cecilia Vadillo Obregón (MORENA), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, subrayó que esta reforma busca desmantelar un sistema que criminaliza a las mujeres y construir una legislación que asegure su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Con esta reforma, el Congreso de la Ciudad de México busca avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes, en línea con los movimientos feministas y progresistas de la región.
