Por Enrique G. Gallegos **
Un célebre filósofo afirma que la “genealogía es gris” y que el “comienzo histórico es bajo”, ambiguo, dominado por azares, simulaciones, contingencias y luchas de poca monta. Esa genealogía se ha mostrado con crudeza en la crisis que actualmente vive la UAM y que ha tenido dos crestas en los últimos tres años: la toma de las instalaciones por parte de los estudiantes en 2016 y la huelga de las y los trabajadores, que ya cumple 92 días. Que el 45° Aniversario de la UAM coincida con la huelga más larga de su historia y que ésta haya desenmascarado el clasismo, autoritarismo, intransigencia, dispendio, abuso, manipulación, inequidad salarial, coaptación de grupos de poder y simulación democrática, no es un asunto menor. Rectoría General tenía preparado un conjunto de festejos que seguramente se caracterizarían por el derroche de recursos y la puesta en escena de futilidades. En esos festejos era previsible que también escucháramos las recurrentes mitomanías sobre el origen de la UAM (creación a petición de la ANUIES, etc.).
Los ambiguos y grises orígenes de la UAM se expresan, en parte, en que fue creada para compensar lo incompensable: la masacre y represión estudiantil. Los cimientos de la universidad aún tienen fresca esa sangre. Pero si bien su génesis no se explica sin las luchas estudiantiles y sociales de los años sesenta y setenta, tampoco hay dudas que su impulsor central fue el represor Luis Echeverría (1970-1976) y una de sus principales preocupaciones era evitar que se repitieran las revueltas y agitaciones estudiantiles y sociales. No fue casualidad que a las reuniones donde se elaboraba la propuesta fundacional de la UAM asistieran no sólo académicos, sino altos funcionarios del régimen echeverrista, como el Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia (quien fue acusado como genocida) y el Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada. Este último caso muestra la voluntad del poder, ¿qué hacía el principal responsable en perseguir los delitos en la fundación de una universidad? Pero no se trataba tanto de reprimir sino de instalar un conjunto de dispositivos para controlar, disciplinar e inhibir las formaciones de resistencias políticas. Se trataba de crear un campo de contrafuerzas en el que trabajadores (administrativos y académicos) y estudiantes se autoneutralizaran. Para ello, el régimen autoritario debía sutilizar los mecanismos de control y desactivación política. Por eso se puso mucho cuidado en el diseño, tramado legal y administrativo. El virtuosismo del modelo departamental y la desconcentración universitaria también tiene su oscura y perversa parte.
Después que se emite el decreto fundacional de la UAM, el 13 diciembre de 1973, se nombró al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como Rector General. Pero para la genealogía que me interesa trazar no es relevante que sea un personaje de renombre (arquitecto del estadio Azteca, del Museo de Antropología e Historia de México y de otros edificios, entre los que destacan algunos de la propia universidad) ni que haya sido cercano a los grupos de poder del período, sino recordar quién fue su primer Secretario General: Enrique Álvarez del Castillo (1923-2006), entonces un personaje de poca monta y gris, pero eficiente operador, prototipo del priismo más avieso y que posteriormente sería gobernador de Jalisco y Procurador de la República durante el salinato y que para los funcionarios de la UAM pasó por ser un “universitario, jurista y funcionario ejemplar”, como lo describe un boletín de prensa. Incluso, fue acusado en Estado Unidos de estar coludido con narcotraficantes, como recuerda la periodista Anabel Hernández. Genealógicamente ahí encontraríamos el germen político de una serie de prácticas que se han instalado en la UAM y que forman parte de la actual cultura política de las elites que controlan la universidad.
Este personaje operaría la aplicación detallada y concreta del conjunto de dispositivos de neutralización y desactivación política diseñado desde las entrañas del poder: la división y el enclaustramiento de las fuerzas y cuerpos, que han mostrado ser no sólo reglas administrativas, sino peculiares arreglos que erosionan las resistencias e incrementan su perversa eficacia con el paso de los años. Originalmente se expresaría en la creación de las Unidades Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco y decenas de órganos colegiados y personales (colegios, consejos, comisiones, junta, patronato, direcciones, rectorías). Justamente porque su oculto objetivo era otro, algunos pueden incluso resultar prescindibles (ahí está el caso de la unidad Azcapotzalco, que lleva ya casi un año sin rector). Esos dispositivos han tenido un efecto de arrastre, creando diferentes espacios de disputa y operando como arreglos atomizadores con un potencial disciplinador y neutralizador que hoy vemos y que se ha intensificado por las propias lógicas de operación neoliberales. No dudo que esos órganos también tengan sus aspectos positivos al constituirse en espacios de diálogo y discusión, pero lo que aquí importa destacar es esa trama genealógica que la crisis ha puesto al descubierto de forma más cruda.
Pero la genealogía priista de la UAM no sólo se muestra en los dispositivos mencionados y que tienen más bien un objetivo inhibitorio, disciplinador y de control (la otra arista de esto es la carrera académica, que Zenia Yébenes analiza puntualmente en el número 6 de la Gaceta Académica del SITUAM), sino en una serie de prácticas que se han instalado en el gobierno universitario y que se expresan en el abuso del presupuesto y el uso corporativo de la nómina como en los viejos tiempos del PRI. Es como si la cultura priista, repudiada de la esfera política, hubiera renacido en las oficinas del gobierno universitario y se protegiera con el aura que aún resguarda la universidad. El sindicato ha denunciado que existe una espesa nata de más de 100 altos funcionarios y mandos medios que reciben entre 70 mil y más de 200 mil pesos al mes, sin contar que existen exrectores y otros exfuncionarios que siguen cobrando a pesar de haber dejado el cargo, reproduciendo la vieja cultura de pago a los expresidentes. También se ha documentado que existe una irracional nómina de funcionarios, mandos medios y empleados de confianza que suman cerca de 2 mil y consumen alrededor del 27% del presupuesto dedicado a ese rubro. Son cantidades inadmisibles en una universidad pública, frente al sueldo de los trabajadores de base promedio y de cara a una tasa de rechazo de 8 de cada 10 aspirantes que se postulan para ingresar a estudiar. Para comprender esa irracional cantidad, bastaría compararla con los aproximadamente 61 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 280 del Instituto Politécnico Nacional. Según diferentes cálculos que se han realizado, eliminar esos sueldos elevados, gastos suntuarios, privilegios y disminuir esa pesada, no sólo posibilitaría ofrecer un incremento salarial arriba del 3.35%, sino también aumentar la tasa de ingreso de estudiantes y contratar más profesores.
Esa abultada nómina de empleados de confianza permite que el Rector General pueda nombrar y contratar a decenas de amigos, operadores políticos, parientes de amigos y aliados para mantener su carrera política y la de su grupo o la de aquellos grupos con los que realiza alianzas de diferente tipo, nivel y objetivo. Para constatarlo, cualquier lector puede seguir la trayectoria del actual Rector General, algún rector de unidad o director de división y encontrará similar modus operandi al de los partidos políticos: así como el legislador quiere ser senador y luego gobernador, en la política universitaria, el jefe de departamento quiere ser director, luego rector y después saltar a una Secretaría de Estado. Y esas prácticas corporativistas, neopriistas y socavadoras de la universidad pública, tienen como base material el uso discrecional de los recursos públicos universitarios a través de la nómina, los privilegios y componendas. Estas prácticas replican la vieja cultura del uso patrimonialista de la nómina, genealógicamente de matriz priista, pero reelaborada en un formato neoliberal.
¿En qué consiste ese formateo? Uno de los aspectos más graves de este abuso, expresado en los privilegios y la abultada nómina de empleados de confianza, pasa por la sistemática violación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), pues es el principal impedimento para instalar el modelo gerencial de universidad y que en mucho se asemeja a una suerte de Universidad-UBER, con trabajadores-UBER y profesores-UBER, es decir, trabajadores sin derechos laborales, sin estabilidad, con salarios miserables y contratos temporales (hora, semana, mes, trimestre). Hay una íntima conexión entre los altos salarios y privilegios, la excesiva nómina de trabajadores de confianza y la sistemática violación al CCT.
Ciertamente los primeros afectados por estas medidas son los trabajadores de base y los profesores temporales, pero en el fondo los verdaderos perjudicados son los estudiantes porque incide en la calidad de la docencia. Actualmente existen cerca de 1300 profesores temporales, algunos de los cuales ya están trabajando bajo el modelo UBER mediante el acuerdo 11/2018 del Rector General. Este tipo de acuerdos generales del Rector General rebobinan el abuso y la discrecionalidad propia del antiguo presidencialismo mexicano. No hay que olvidar que parte de las bases de la universidad descansan en dos principios: la bilateralidad en sus relaciones con los trabajadores (a través del SITUAM como titular del CCT) y la colegialidad y, por ello, el abuso en esos acuerdos unilaterales atentan contra la misma universidad.
La genealogía de la UAM no estaría completa sin ponerla en relación con las políticas neoliberales iniciadas en los ochenta por Thatcher en Gran Bretaña, Reagan en Estado Unidos y Miguel de la Madrid en México y continuadas hoy por los gobiernos de Macri en Argentina y el fascismo de Bolsonaro en Brasil. No hay que olvidar que una de las vías del fascismo son esos cantos sirenescos por “liberar” a la sociedad de la “opresión” de todo tipo de organización y movimiento social y que ocultan en el fondo el desmantelamiento de los mecanismos de protección social, en cuyo seno se encuentra el derecho a la huelga y los CCT que protegen a los trabajadores. Debemos tener presente que esa historia de violentar los derechos laborales por diferentes vías y ardides ya la observamos con Thatcher, quien fue sumamente represiva con los trabajadores y no escatimó esfuerzos para desactivar las organizaciones de trabajadores y violentar los CCT. Es en este marco genealógico y hermenéutico en el que se hace legible la dureza, desprecio y desplantes (que recuerdan en miniatura al represor Díaz Ordaz) que ha manifestado el Secretario General de la UAM hacia las y los trabajadores en las mesas de negociación y las colusiones de algunos altos funcionarios con integrantes clasistas de la agrupación denominada SPAUAM (muchos de cuyos miembros, es necesario indicarlo para no generalizar, obran de buena fe y sin percatarse de esos aspectos). Llama la atención otro paralelismo mencionado por Hugo Aboites: el actual Secretario General de la UAM es químico y en la huelga estudiantil de la UNAM en 1999, otro químico se encontraba al frente de esa casa de estudios: Francisco Barnés de Castro. Si bien ese hecho es resultado del azar, el trazado genealógico mostraría que descansan en una epistemología similar que se desatiende de las problemáticas sociales, la justicia y la desigualdad y que llevaron a una inflexibilidad, insensibilidad y alargamiento innecesario de la huelga.
La UAM debe proceder a una profunda reforma en sus prácticas políticas y de gobierno, reglamentaciones, funcionamiento y diseño institucional; parte de estos cambios deben tener como punta de lanza resarcir inmediatamente las injusticias que se han cometido contra sus trabajadores administrativos y profesores temporales, basificando a estos últimos. Fortalecer la universidad pasa por democratizar los órganos colegiados, eliminar los órganos feudales (Junta Directiva y Patronato), adelgazar sustancialmente el aparato burocrático y la nómina (¿en verdad es necesario tener tantos rectores?), redireccionar las lógicas presupuestales, prohibir los sobresueldos, fortalecer el poder de elección y decisión de profesores, trabajadores y estudiantes y acotar el de los funcionarios, poner límites a los acuerdos generales del Rector General, posibilitar la elección directa de los principales cargos personales y explorar otros mecanismo de elección como el sorteo, eliminar el modelo actual de carrera académica, fortalecer la aplicación del CCT, establecer un programa de recuperación del salario; estos y otros elementos pueden constituir las bases de un programa mínimo.
Recordar la genealogía ambigua, gris, de matriz priista, reformateada en una lógica neoliberal y denunciar los abusos en la UAM, no debe llevar a creer que se ataca a la institución; al contrario: es tomar conciencia histórica de los riesgos y abonar a reconstituirla. Es estar alertas frente a una situación agravada y una perversa inercia histórica que pone en riesgo a la misma universidad. No hay dudas que la UAM es una de las instituciones universitarias más importantes de México, posibilita la formación de miles de estudiantes y el desarrollo de investigación humanística y científica. La universidad realiza grandes contribuciones culturales, científicas y sociales a través de sus profesores y es pionera en muchos campos del saber. Atisbar esta genealogía también significa reconocer que su principal fuente de vitalidad se encuentra en lo acontecimental de las luchas estudiantiles y sociales del 68 y las exigencias de cambio, de una educación humanista, crítica y comprometida con la construcción de un mundo mejor y más justo. Esta es la potencia que aún resguarda la UAM y que debemos hacer posible.
** Por Enrique G. Gallegos
Profesor UAM-Cuajimalpa
