El sol azotaba el asfalto, pero la marcha seguía por las calles de Tlapa. Recordaba a ese inclemente calor del día 20 de noviembre de 2019, cuando llegó ese olor a muerte que salía de la tierra, así habrían encontrado a Arnulfo Cerón Soriano a tres metros bajo tierra.

Los pasos de indígenas, haciendo eco, seguían rumbo al Zócalo de la ciudad en la que se realizó un mitin para exigir justicia por el asesinato de Arnulfo Cerón.

Durante el mitin Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dijo que, a pesar del confinamiento por la pandemia, es una marcha de la dignidad, es una marcha por la justicia, es una marcha para que brille el sol, donde en verdad se coloque a Arnulfo en el lugar que le corresponde, en el lugar principal de los hombres y mujeres que han entregado la vida para que haya una transformación.

Arnulfo Cerón Soriano pensó como muchos, que la situación podía cambiar, que se podía respetar la vida de los defensores y activistas, que se podía llegar a un acuerdo con las autoridades, que se podría establecer una nueva relación -como se ha pedido- de respeto y de no criminalización.

Nada de eso sucedió. Alzar la voz en defensa y por las demandas legítimas de los pueblos, le costó la vida. El 11 de octubre de 2019 y el 20 de ese mismo año, su cuerpo torturado y sin vida fue encontrado en una fosa clandestina en el punto conocido como Los Tres Postes, en la colonia Aguaje del municipio de Tlapa, Guerrero.

Esa osadía que tuvo Arnulfo por exigir justicia, memoria y un cese a la impunidad lo llevó a recibir llamadas de amenazas y tener que tragarse esas amenazas y guardar silencio para que su esposa y sus hijos no se preocuparan, para que también sus compañeros de lucha no temieran, fue lo que lo llevó y lo orilló a que él enfrentara solo esta causa de la amenaza. Se mantuvo firme, obviamente se cimbró con las amenazas, lo dijo públicamente, pero la respuesta que llegó fue la menos esperada: la autoridad criminalizándolo.

Arnulfo en algunas declaraciones en medios de comunicación, resposabilizó al presidente municipal y su jefe de gabinete si algo le llegara pasar a él o algún miembro del Frente Popular de la Montaña.

Empezaron con la campaña de desprestigio, a decir que él era un vividor social, a señalarlo públicamente como una persona no grata para las autoridades. Así es como se inician las agresiones a defensores y defensoras, con campañas, con mentiras, con vituperios. Por eso Arnulfo, cuando sintió esa campaña pensó que se trataba de una acción aislada o de un coraje inmediato por lo que estaba haciendo en la defensa de los derechos humanos.

No fue así, fue algo que se premeditó, fue algo que se planeó, fue algo de decir -tenemos que parar esa causa, tenemos que parar ese movimiento, tenemos que silenciar esta lucha. Y lamentablemente los sentimientos negros que existen en muchas personas tanto del poder como de la delincuencia logran tener materializados sus planes, como sucedió con Arnulfo la noche del 11 de octubre de 2019.

¿Por qué tiene que ser este futuro para los defensores, que tengan terminar en llamas como pasó con Ranferi, su familia, su esposa, su suegra? ¿Por qué tiene que terminar la vida de un defensor como Arnulfo que estuvo en estas calles para defender a los comerciantes, para defender a los campesinos y los indígenas para que llegue una obra, un bulto de cemento y que su destino sea caer una fosa tres metros para que nadie sepa de dónde quedó, para que nadie sepa su paradero, para que callen o callen la voz de la gente que pide justicia?

Arnulfo vivió allá en Coyahualco, municipio de Huamuxtitlán. Tuvo la desgracia de que cuando él era adolescente perdiera a su padre y a uno de sus hermanos que fueron asesinados en el camino para robarles unos animales. Desde hace tiempo él sintió ese dolor y esa ofensa de lo que significa vivir en defensa del campo, donde no hay justicia, donde no hay desarrollo, donde no hay respeto a la vida ni a la seguridad, ni a la integridad física de las personas. Eso le marcó para siempre perder a su padre y a su hermano y vivir con su madre en Coyahualco que lavaba ropa para poder sostenerlo.

Esta es la historia de muchas familias, de muchos jóvenes de esta región que ha tenido que enfrentar ese desprecio, ese maltrato, ese olvido de las autoridades. Arnulfo ahí forjó su acero, en el campo, en la parcela, en el camino, en la barranca. Ahí se hizo defensor, no fue a ninguna escuela para prepararse cómo defensor de los derechos humanos. Fue el dolor, fue el sufrimiento, fue el desprecio, fueron las lágrimas de su madre y de muchas madres que han llorado. Ahí se cimbró Arnulfo, ahí se tocó el espíritu para poder decir cómo iba a defender los derechos humanos y ahí se encontró con todo este movimiento en Guerrero de hombres y mujeres que han entregado su vida para transformar una realidad que nos oprime.

Como organizaciones de derechos humanos y como organizaciones sociales hemos decidido abrazar la causa del Frente Popular de la Montaña de la que Arnulfo fue uno de sus dirigentes más emblemáticos por su compromiso, su entrega, su valor y decisión para proteger los derechos humanos y denunciar las tropelías de las autoridades municipales y estatales.

Este primer aniversario tiene que ser para seguir articulando esfuerzos para una lucha más amplia, para que no se criminalice la protesta. Hay informes de la relatora de pueblos indígenas de la ONU donde ha dicho que se ha degradado la lucha de los defensores y defensoras, esa degradación es colocar al defensor como un delincuente, como un ruin, como alguien que es vividor. Pero no, ese es el discurso del gobierno, ese es el discurso de quienes corrompen, de quienes viven de la corrupción, de quienes atracan desde los presupuestos públicos. Es al revés, se trata de colocar a los defensores como se colocó a Arnulfo como alguien que en verdad vivía del presupuesto público, nada de eso, ahí están precisamente los presupuestos, pero sobre todo la nómina, ¿y dónde está la nómina ahora? ¿Cómo está la nómina en el ayuntamiento? Donde más bien había personas que no trabajaban y que más bien hacían su trabajo para la delincuencia, aseveró Abel Barrera, defensor de derechos humanos y director de Tlachinollan.

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