Organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por las declaraciones presidenciales que afectan a las familias y expertos del caso Ayotzinapa, mientras reafirman su compromiso con la búsqueda de justicia y verdad.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2023.- La confianza en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa se encuentra amenazada debido a la reciente ola de descalificaciones y distorsiones de la información, denunciaron organizaciones de derechos humanos que han apoyado a las familias de los jóvenes desaparecidos.
En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Servicios y Asesoría para la Paz expresaron su preocupación por las declaraciones del presidente que afectan a los padres y madres de los normalistas.
“En reuniones con los familiares y en su más reciente marcha, los padres y madres han dejado claro que no están siendo manipulados por nadie: conocen a fondo el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad. Así se lo manifestaron al propio Presidente de la República, exigiendo respeto y solicitando que no se les insulte. Para ellos y ellas, todo nuestro respeto y admiración.”
Estas organizaciones también rechazaron las declaraciones del presidente de México dirigidas a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes desempeñaron un papel fundamental en la colaboración con el Estado mexicano para el esclarecimiento y localización de los 43 estudiantes desaparecidos. Además, lamentaron los ataques contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH).
“Las instancias internacionales no han callado frente a la crisis de derechos humanos en México, y tampoco lo han hecho en el caso Ayotzinapa. Es importante destacar que sin la CIDH, el GIEI no habría existido, y sin el informe de la ONUDH titulado ‘Doble Injusticia’, no se habría documentado con profundidad la práctica de la tortura en la investigación.”
En su comunicado, también se enfatizó la falta de apoyo a las críticas dirigidas al anterior titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). A pesar de que su gestión tuvo áreas de oportunidad, se reconoce su papel determinante en el avance de las acusaciones presentadas por el gobierno.
Asimismo, rechazaron las descalificaciones dirigidas a las organizaciones civiles de derechos humanos que trabajan en el caso, destacando que su labor siempre se ha desarrollado dentro del marco legal establecido por la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender los derechos humanos. “La confianza de los padres y madres de los desaparecidos refuerza nuestro compromiso, y no nos consideramos intermediarios ni administradores del dolor de las familias.”
En otro punto importante, se subrayó que se continúa respaldando la exigencia de los familiares de que el Ejército entregue todos los documentos e información relacionados con el caso.
“La respuesta del Secretario de la Defensa, al negar la existencia de documentos, perpetúa la opacidad. El Ejército no ha proporcionado toda la información necesaria, incluyendo documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala y elementos relacionados con la infiltración del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa.”
Las organizaciones criticaron la exoneración y la defensa inquebrantable del Ejército, argumentando que existen pruebas que implican a esta institución en el caso. Se mencionan comportamientos irregulares de elementos de los batallones 27 y 41 vinculados a Guerreros Unidos. Además, se cuestiona el ocultamiento de evidencia que persiste desde el 26 de septiembre de 2014, lo que afecta la imagen de las Fuerzas Armadas como institución.
En último lugar, se respaldó la insistencia de los familiares en la eliminación de la “narrativa de hechos” generada por el “Gabinete de Seguridad”, que se acerca a la “verdad histórica”.
“Esta narrativa criminaliza a uno de los estudiantes desaparecidos sin pruebas suficientes y reduce los hechos a un asunto local relacionado con el narcotráfico, ignorando la intervención de diversas instancias y la complejidad estructural del caso.”
Finalmente, las organizaciones reafirmaron el compromiso de las familias de continuar su lucha por la verdad, a pesar de que las recientes declaraciones presidenciales han reducido las posibilidades de esclarecer el caso. No obstante, se reiteró la determinación de seguir acompañando a las familias en su búsqueda de justicia, con la convicción de que la verdad se demuestra con pruebas, no se decreta.
