En un caótico laberinto de números y bolsas en las que se almacenan fragmentos de restos humanos desmembrados, mezclados y confundidos, las autoridades de Jalisco ponen a cientos de madres ante una disyuntiva: aceptar las partes o esperar por el todo, algo que podría no llegar nunca.
Esta es la historia de quienes, ante esa disyuntiva, han transitado el laberinto forense con la esperanza de recuperar a su familiar —desaparecido– y localizado en una fosa clandestina.
Por Ximena Torres, Dalia Souza, y Darwin Franco
Ilustraciones: Ivanna Orozco
Zona Docs / @ZonaDocs
“De mi Wuili ya no más me falta recuperar un pie, una pierna y su mano derecha, ya vamos avanzando, pero hasta que me entreguen el último pedacito que me falta de él, hasta ese día voy a recoger su cuerpo”, así explica Cecilia -madre de Wiliams Omar Salinas Flores-, la decisión que tomó hace más de 19 meses cuando le notificaron que su hijo, desaparecido el 21 de octubre de 2019, había sido localizado en una fosa clandestina en enero de 2020.
Dejar a su hijo en las instalaciones del Servicio Médico Forense ha sido terrible, pero la violencia y la falta de capacidad de las autoridades jaliscienses la orilló a resolver así la disyuntiva que le plantearon, pues por política -le aseguraron- no podían entregarle incompleto el cuerpo de Wuili. Ella, por supuesto, no quería enterrar sólo una parte, así que decidió esperar por el todo.
El problema es que aquello que no tiene de su hijo debe ser buscado entre 789 bolsas con más 2 mil 176 restos humanos sin identificar, esto hasta el 30 de junio de 2021.
Cada una de estas manos, piernas, torsos y cabezas localizadas en fosas clandestinas les son presentadas diariamente, a través de cientos de fotografías forenses, a madres que como Cecilia, acuden al Servicio Médico Forense (Semefo) con la esperanza de identificar entre lo que fueron seres humanos, aquello que les hace falta de sus seres queridos. Obligar a hacer esto como único medio de búsqueda e identificación, señalan especialistas en acompañamento psicoemocional, es revictimizante porque con cada visita “se activa nuevamente el dolor y prolonga su duelo”.
Al respecto, Cecilia es clara: “Cada parte encontrada de mi Wuili, me hace recordar no sólo su muerte, sino también la manera cruel en que me lo mataron. Mi hijo no se merecía morir así”.
Informes periciales indican que la mayoría de los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Jalisco, en los últimos cuatro años, están siendo segmentados hasta en 13 partes anatómicas que se colocan en bolsas plásticas para facilitar su traslado hasta los llamados sitios de exterminio. Lugares donde grupos criminales vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación trasladan a sus víctimas para someterlas a tortura, muerte y exterminio.
Con ello, no sólo buscan borrar su identidad, sino también impedir que sus familias los encuentren, pues después de que una fosa es localizada, los trabajos de identificación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) pueden tardar entre 12 y 18 meses, ya que no hay personal ni recursos para responder a esta barbarie.
Esta segmentación de los cuerpos localizados en fosas clandestinas ha agudizado la crisis forense de Jalisco; estado que, desde el 2011, ha visto desbordado, en más de una ocasión, sus instalaciones, las cuales hoy en día albergan a más de 6 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Así que, si de por sí era complicado para las autoridades jaliscienses lograr una identificación teniendo cuerpos completos, ahora que tiene miles de fragmentos, las esperanzas disminuyen drásticamente para las familias buscadoras.
Actualmente, los principales problemas que experimenta tanto la Fiscalía del Estado de Jalisco como el IJCF en materia forense son: 1) Falta de coordinación entre ambas instancias, 2) Carencia de personal calificado, 3) Existencia de registros incompletos y poco confiables sobre los cuerpos o partes de cuerpos que tienen bajo resguardo, y 4) Insuficiente presupuesto que se ha otorgado para combatir la crisis.
Es este contexto de violencia e ineficiencia institucional, lo que ha dado origen a la cruel decisión que deben de tomar quienes localizan a sus desaparecidos en forma segmentada dentro de bolsas que han sido halladas en, por lo menos, 118 fosas clandestinas.
Disyuntiva que implica aceptar la espera que proponen las autoridades para llevarse a su familiar completo, o pelear para exigir que les entreguen todo aquello que ya se haya logrado identificar, esto ante el temor de que extravíen a su ser querido dentro del Semefo.
Esa fue la lucha que dio Erika, madre de José de Jesús Mejía Ramos, “Pepe”, desaparecido el 11 de diciembre del 2019 en Tonalá, y localizado sin vida el 7 de enero de 2020 en una fosa en la población de Matatlán del mismo municipio. Ella supo que su hijo estaba en el IJCF, el 12 agosto de 2020; es decir, nueve meses después de la desaparición del joven y ocho desde que la autoridad mantuvo los fragmentos de su cuerpo en resguardo sin habérselo informado.
“Al principio fue bien difícil porque yo quería que no fuera así, yo quería tener a mi hijo completo, pero realmente cuando te lo entregan ni siquiera es lo que miraste en las fotografías, no sé cómo explicarlo, pero te entregan cualquier cosa que tienen ahí guardada por meses o quién sabe cuánto tiempo, un pedazo de carne que no le ves forma”.
Lo narrado por Erika forma parte del tortuoso proceso que decidió afrontar porque no quería esperar meses o años sabiendo que lo poco que logró identificar de su hijo estaba ahí solo en el Semefo con cientos de cadáveres más:
“Yo también quería a mi hijo completo, pero pasaban los meses y no encontraban lo que de él me faltaba. Fue ahí cuando pensé que la mejor decisión que podía tomar era pelear porque me entregaran a mi hijo así como estaba”.
Así fue como decidió enfrentar a todos los funcionarios que le decían que no podían entregarle incompleto a su hijo y que, además, justificaban esa negativa señalando que “así decía la ley”, pero ella investigó y supo que, en realidad, no había ley o reglamento que le impidiera pelear por lo que 20 pruebas genéticas asignaban eran su “Pepe”.
El resultado de su insistencia llegó el 27 de febrero de 2021, pues ese día logró recuperar una buena parte de su hijo. El resto, no sabe si algún día lo encontrará porque ya nadie trabaja en la fosa en la que fue localizado su cuerpo.
Esa misma situación enfrenta Cecilia, pues la fosa en la que se encontró a “Wuili” tampoco continúa en análisis, pero ella no piensa dejar de presionar para que se retomen los trabajos y, entonces sí, valgan la pena los 19 meses que ha prolongado su duelo.
“Para mí la justicia sería que me dieran completo el cuerpo de mi hijo, pues así podría tenerlo conmigo tal y como se fue. Sé que otras compañeras sí han aceptado lo que ya tienen de sus hijos, pero a mí me lo van a entregar completo”, explica Cecilia quien ha ido coloreando en una imagen del cuerpo humano que le dieron en el IJCF, las partes de su hijo que ya dieron positivo a las pruebas genéticas.
La fosa clandestina en la que fue localizado Wiliams Omar Salinas Flores se ubicó en una finca conocida como El Mirador II, en Tlajomulco de Zúñiga. De ese lugar, las autoridades extrajeron 70 bolsas en las que había 826 restos humanos que pertenecían a 106 personas fallecidas: 4 mujeres, 71 hombres y 31 desconocidos, según datos de la Fiscalía.
De estos restos segmentados, peritos aseguran que han logrado la identificación o pre identificación de 75 personas; una de ellas es Wuilli; sin embargo, sus cuerpos no han sido entregados a sus familiares porque la única opción que les dieron fue la de esperar hasta que pudieran identificarlos por completo.
La barbarie es la puerta del laberinto forense
En Jalisco, el crimen organizado ha desarrollado una práctica muy sofisticada para dificultar la identificación de los cuerpos y las autoridades no han sido capaces de diseñar un sistema que ofrezca respuestas para el duelo.
Y esto es lo que hace tortuosa la espera de Cecilia, pues ni el trabajo forense ni el pericial le facilitan la identificación completa de su hijo, esto a pesar de que existen 56 carpetas de investigación tras el hallazgo de la fosa de El Mirador II, lugar donde se encontró a Wuili. Informes periciales señalan que esa fosa se conecta con el modus operandis que grupos criminales realizaban en fincas similares ubicadas en: Guadalajara, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque; de hecho en el reportaje “Guadalajara: sitios de exterminio y desaparición” se comprobó que hasta ahí eran llevadas las personas que eran desaparecidas para luego someterlas a una cruenta tortura que les arrebataba la vida.
Eduardo Mota Fonseca, exdirector del Servicio Médico Forense (SEMEFO), comenzó a dar cuenta de esta práctica criminal desde finales del 2016, pues a partir de ahí las bolsas plásticas con restos humanos comenzaron a multiplicarse dentro del instituto forense.
“El problema no eran en sí las bolsas con restos humanos, sino la manera en que se encontraban los cuerpos dentro de ellas, pues esto daba cuenta de una sofisticación en las dinámicas de los grupos criminales. Los cortes en los cuerpos estaban bien hechos, lo que denota conocimiento y técnica; además de que, donde eran encontrados había toda una logística que evidencia el control del territorio y el poder económico para realizar esta práctica que complica mucho la identificación de las personas”, explicó el experto forense.
Los registros oficiales señalan que el hallazgo de las dos primeras bolsas plásticas con restos humanos ocurrió en una casa de la calle Sierra de la Estancia en el Fraccionamiento El Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, el 18 de noviembre de 2016. Mismo territorio donde cuatro años después se localizaron 70 bolsas plásticas con 826 restos anatómicos.
A partir de esa fecha y al 30 de junio de 2021, la Fiscalía afirma haber localizado 608 bolsas con restos humanos: 301 exhumadas de fosas y 307 localizadas en la superficie.
Dato que contrasta con la información que tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que asegura que, entre enero de 2020 y junio de 2021, tan sólo ingresaron a sus instalaciones para la realización de pruebas forenses: 789 bolsas con restos humanos.
La diferencia entre ambas instancias es de 181 bolsas que sí fueron registradas por el instituto forense, pero que no aparecen en los datos de la Fiscalía, lo cual genera serias dudas sobre cuántas bolsas con restos humanos se han recuperado en realidad.
Esta diferencia es terrible si se piensa que en algunas de esas bolsas no registradas pudieran estar, por ejemplo, el pie, la pierna o la mano de Wuili: “Yo misma sé que ahí dentro tienen un relajo, no acaban de revisar lo de una fosa cuando ya tienen otra, así que abren nuevas bolsas sin terminar las que ya tenían, así es como se han tardado en encontrarme a mi hijo”.
Ese mismo actuar fue lo que orilló a Erika a exigir que ya le entregaran a Pepe, pues en la fosa en la que él fue localizado se encontraron: 26 bolsas con restos humanos, 16 cabezas, 12 torsos y decenas de fragmentos pertenecientes a piernas, brazos y muslos.
Sin embargo, en los seis meses posteriores se localizaron ocho fosas más donde también se exhumaron más bolsas con restos humanos. Esto acumuló más trabajo, pero también acentúo entre el personal del IJCF y la Fiscalía una serie de excusas como: “estamos investigando” o “los análisis están en proceso”.
“Sus excusas eran que los segmentos estaban en mal estado, aunque lo primerito que te decían era que `estaban en proceso su análisis´, pero ni siquiera volteaban a ver el número, ni de cuánto tiempo era. Después como una seguía indagando, ya te decían `es que hay muchos segmentos, muchas piezas, no crea que es tan fácil, las pruebas no son tan rápidas se deben de hacer una vez y otra vez, y luego sacar el hueso´, pero la verdad es que ya habían dejado de trabajar en esa fosa, la de mi hijo, para trabajar en la más recientes”, explicó Erika.
Ante tal evidencia, ella exigió recuperar lo que ya tenía de su hijo. Sabía que si lo dejaba ahí corría el riesgo de ni siquiera recuperar lo que ya había identificado, pues era más fácil que perdieran a su hijo a que lo encontraran completo. Ella no estaba dispuesta a repetir la muerte de Pepe cada vez que otra parte de su cuerpo diera positivo.
Para el tiempo en que Erika y Cecilia esperaban la identificación de aquellas partes que les hacían falta de sus hijos, la entonces directora del Semefo, Martha Stephania Robles Cervantes había enviado varios oficios dirigidos al Director del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, señalándole que estaban al límite en la capacidad de resguardo por “la cantidad de cuerpos, restos óseos y secciones anatómicas que habían sido recuperados de sitios de inhumación clandestina”.
Por ello, de manera enfática, le pidió que ejerciera presión para que la Fiscalía, a través de sus ministerios públicos, “realice las solicitudes de pruebas forenses complementarias para la asociación e identificación de cuerpos o partes de éstos que permanecían sin identificar” o, en su defecto, “que les pidiera detener las exhumaciones para evitar la acumulación de más restos humanos”, pues ya no podrían garantizar su correcto resguardo y preservación.
El director del IJCF contestó que no estaba en condiciones para responder a su solicitud, y que el rezago, posiblemente, se debía a que la pandemia disminuyó la capacidad operativa del instituto; así que bastaría con hacer un plan para definir “los perfiles y requerimientos del personal operativo que se requiere para abatir el rezago y lentitud en la identificación”.
En términos legales, es la Fiscalía, no el IJCF, quien determina qué pruebas se hacen o no al cuerpo de una persona sin identificar. El problema es que pueden pasar semanas o meses sin que se solicite a los peritos forenses, la realización de pruebas complementarias.
“Una es la que tiene que estar ahí rogándole al ministerio público que te haga el oficio para que en genética del instituto te realicen la confronta de lo que, dicen, puede ser de tu familiar. Mientras ese documento no se haga, no sucede nada. Yo insistí e insistí, y así pude obtener esas confrontas, si no lo hubiera hecho, mi Pepe estaría aún en el SEMEFO”, señaló Erika.
Ella entendió -como la exdirectora del SEMEFO- que la presión habría que hacerla en Fiscalía, pues si desde allá no se exigen pruebas o confrontas genéticas, lo único que pasará es que los cuerpos o las partes de éstos se van a acumular en un espacio que se declaró como rebasado desde febrero y marzo de 2020, fecha en que la funcionaria escribió a su superior.
Conforme a la Plataforma de Seguridad del Estado de Jalisco, de enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, en Jalisco se han localizado 102 fosas clandestinas de las que se han exhumado mil 256 cuerpos de personas fallecidas; la mitad de ellas dentro de bolsas plásticas.
Las oportunidades de identificar se desvanecen en los registros oficiales
Los datos sobre fosas clandestinas localizadas en Jalisco entre 2010 y 2021 son una muestra numérica de que los entierros clandestinos se han instaurado como una forma común de administrar la violencia y la muerte. Hay dos observaciones al respecto que tienen relación con la crisis forense: el aumento en la cantidad de víctimas y la forma segmentada en la que sus cuerpos sin vida son abandonados, ya sea en fosas o a la intemperie.
El número de fosas encontradas aumentó a partir de 2018; sin embargo, para entender el incremento de la violencia, es más significativo observar el número cuerpos y/o partes de éstos hallados en los últimos años dentro de esos sitios de inhumación.
De los mil 412 cuerpos o restos exhumados desde 2010, el 84.8% fueron localizados entre 2018 y 2021. La mayoría de ellos, localizados de manera fragmentada.
La primera vez que las autoridades encontraron cuerpos segmentados dentro de una fosa clandestina fue en 2011, pero no fue hasta 2016 que éstos comenzaron a aparecer dentro de bolsas negras, como las empleadas para tirar basura.
Esta marca identificatoria y violenta, sin embargo, se hizo más notoria a partir de 2019 cuando los fragmentos empezaron a contarse por centenares.
En septiembre de 2019, por ejemplo, se registraron, por primera vez como indicio, 19 bolsas que contenían partes de cuerpo humano. Desde entonces, el número de bolsas halladas ha variado entre 12, 55 y hasta 86 por cada fosa localizada.
Ramón Eleuterio Orozco Delgado tenía 22 años cuando fue desaparecido, el 7 de junio de 2019, de su propio domicilio en Santa María del Pueblito en Zapopan; el 3 de septiembre de ese mismo año, su cuerpo fue localizado dentro de una de las 138 bolsas arrojadas al interior de un pozo ubicado en el bosque de La Primavera.
El análisis que llevó a determinar que los restos humanos correspondían a, por lo menos, 46 personas, tardó 18 meses, pues fue hasta agosto de 2020 cuando se determinó que uno de los cuerpos ahí localizados correspondía a Ramón. La entrega de su cuerpo, no obstante, ocurrió hasta el 15 marzo de 2021.
“De mi hermano nos hicieron falta sus manos y una parte de la pierna izquierda, lo demás lo identificamos por ADN, pero quisimos que nos lo dieran así como estaba, pues una perita nos dijo que de esa fosa ya no andaban analizando nada”, precisó María, hermana de Ramón.
En su caso, la identificación se prolongó porque no querían entregarles de manera incompleta el cuerpo, aunque también les advirtieron que existía la posibilidad de que lo que faltaba de Ramón ya no lo encontraran porque había una confusión entre el registro de los cuerpos exhumados de esa fosa y el registro de los cuerpos exhumados que tenían en resguardo.
El no querer entregar incompletos los cuerpos de las personas fallecidas sin identificar descansa en el argumento de que las familias ya no regresarán al Semefo por todo aquello que, en un futuro, pueda ser identificado. Así se lo han dicho en repetidas ocasiones a Cecilia, a quien le remarcan constantemente que no pueden entregarle las partes del cuerpo de Wuilli que ya dieron positivo porque existe el riesgo de que dejé ahí abandonado lo demás.
Los funcionarios públicos, igualmente, se niegan a realizar las entregas porque eso va a implicar más gasto; entonces, recomiendan que es mejor dejarlo en el IJCF.
“Eso te dicen para que te asustes y no hagas los procesos porque vas a gastar doble. Cuando salgan las otras partes vas a tener que volver a pagar para exhumar y volver a enterrar y no sé qué tanto más. Y créeme, aunque una no tenga dinero, es lo de menos, es lo que menos piensas. Para entregármelo tuvimos que hacer tanta presión y se tardaron más de un año. Yo creo que cuando dan por entregado un cuerpo, menos se van a hacer su trabajo de buscar los que nos falta”, eso es lo que ahora piensa Erika, quien no ha tenido ninguna noticia de la autoridad desde que le entregaron todo lo que ella pudo recuperar de su hijo.
Esto evidencia la incapacidad institucional para garantizar a madres como Cecilia o Erika que aquello que se encontró en tal fosa es, en verdad, de su familiar, pues los registros de los hallazgos son tan deficientes que prolongan por meses o años, las identificaciones forenses.
“Me han dicho que ya es poco lo que se trabaja de esa fosa, pero que en mi caso sí lo están revisando, y eso es porque yo no dejo de insistirles y recordarles que para cuándo estarán los resultados de Wuili, pero el problema es que tampoco saben bien qué es lo que tienen de esas fosas”, explica Cecilia.
Con la presencia y el aumento de las bolsas con restos humanos, los registros que las autoridades hacen sobre lo que exhuman de las fosas se vuelven muy inconsistentes.
En los datos entregados a este equipo de investigación, se nota que las instituciones no trabajan de manera coordinada ni usan criterios uniformes para nombrar o contabilizar lo exhumado. Tal y como puede observarse en el siguiente infográfico:
Entre las inconsistencias que más preocupan está la no diferenciación de todo lo exhumado de una fosa. Mencionan “restos óseos” u “osamentas” de manera plural, sin decir cuántos de esos elementos se recuperaron, esto hace imposible saber exactamente cuántas personas estaban dentro de una fosa; cuántas partes de cuerpo o elementos óseos se localizaron ahí y cuántos de estos cuerpos y/o restos han sido ya identificados y entregados a sus familiares.
Mónica, integrante del colectivo de búsqueda Por Amor A Ellxs, señala que el problema de los registros es brutal, pues estas inconsistencias generan que la clasificación de los restos humanos no corresponda a las características de las víctimas buscadas: “imagínate buscan en segmentos que no tienen relación con la edad de quienes buscamos y peor aún, al no registrar bien, es más fácil que restos localizados en una fosa se confundan con los hallazgos de otra”.
Actualmente el colectivo se enfrenta a estas negligencias institucionales, pues a Silvia -madre de Jorge Abraham Chávez Morán- le notificaron que existe una posibilidad de que algunos de los restos humanos localizados, el 19 de de julio de 2018, dentro de una fosa clandestina en el Fraccionamiento Villa Fontana, en Tlajomulco, correspondan a los de su hijo, quien fue desaparecido un año antes, el 19 de julio de 2017 en Zapopan.
El problema es que los registros señalan que Jorge Abraham fue localizado en una fosa con cinco cadáveres más (una mujer y cuatro hombres), todos de manera completa, pero a Silvia le dijeron que lo único que probablemente tienen de su hijo es la cabeza y un brazo.
“Hoy como otras veces fui a buscarte al SEMEFO, te busqué en cientos o miles de cuerpos mutilados. Mi corazón y mi alma se negaban a encontrarte ahí, mis ojos no podían con tanto dolor y de pronto me pareció ver una parte de ti, todavía no sé si eres tú, faltan las pruebas. Nunca me imaginé vivir este momento, mi alma está destrozada, mi mente se niega a creer que lo que mis ojos vieron podría ser tú, no puedes ser tú. No es posible que te hayan hecho tanto daño y sólo encuentre esto de ti”, escribió Silvia al enterarse de la noticia.
Por su parte, Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), señala que estos errores son terriblemente habituales, pues ha encontrado que los registros que hacen cuando se les permite estar a pie de fosa, no concuerdan lo que se informa después: “Tienen es un desorden, no saben ni cuántas partes tienen ni de qué fosas son, ya que tras cada hallazgo y con el pasó de los días, todo lo van acumulando sin registro”.
Esto ha ocasionado, conforme datos otorgados por Fiscalía, que más de 300 familias se enfrenten al mismo dilema al que fueron sometidas Cecilia y Erika; aunque al preguntarle de manera específica: “¿Cuántos cuerpos han entregado de manera incompleta?”, señalaron que “no llevan un registro diferenciado”.
Estos vacíos de información en la metodología de registro es también una de las causas que impide desahogar las morgues y más importante, entregar a las familias sus seres queridos.
De ahí que, el promedio, para confirmar la identidad y entregar un cuerpo localizado en una fosa ronde, por lo menos, entre los 12 y 18 meses.
Cecilia tiene ya 19 meses de espera, en el IJCF le dicen que debe ser paciente, pero esperar es cada vez más doloroso. Erika prefirió detener aparentemente el dolor y aceptar lo que ya había de Pepe. La realidad es que ya tenerlo cerca sí le da paz, pero no descanso.
“Ahorita no estoy como ese día (el día del funeral de Pepe), ahorita el dolor sigue, no puedo hablar de él sin llorar, pero ese día fue una tranquilidad y una paz por saber que ya no estaba sufriendo; a pesar de que no lo encontré como yo esperaba -mi hijo no se merecía eso-, el hecho de saber que ya no le iba a pasar nada fue una paz de cierta manera, así que tenerlo ya, así como lo encontré, es para mí una misión cumplida”.
La paz completa, precisa, llegará cuando pueda recuperarlo por completo, pero desde que se lo entregaron, en febrero de 2021, es como si el caso se hubiese cerrado.
Y eso es lo que Cecilia no quiere que pase con su Wuili; no obstante, los meses también pasan y tampoco hay más noticias que le hagan saber que el final está cerca. Pero ella es firme y cree que esas tres partes de su hijo están ahí y habrán de aparecer dentro del IJCF.
Si existiera un registro detallado sobre lo exhumado tras el hallazgo de cada fosa clandestina y si hubiera una correlación con su resguardo dentro del forense, ninguna de ellas debería sentir esa ausencia que se ha prolongado desde que sus hijos fueron desaparecidos.
Sin embargo, la cuestión de alargar la espera parece ser usual a los ojos del Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solis, quien en rueda de prensa, expresó que debido a las acciones criminales es posible que no se encuentren todas las partes de una persona.
“Trabajamos en una cantidad de fosas en el estado, así que en varias ocasiones sí se ha presentado esta situación de que hemos encontrado partes (del mismo cuerpo) en diferentes fosas o no las encontramos, pero son circunstancias en las que el crimen organizado dispone en ese momento de los segmentos. No es lo usual, pero estamos preparados”.
Sobre el mal trabajo en el registro de las fosas o la falta de control en el resguardo de manos, pies, piernas o torsos, como lo han denunciado los colectivos de búsqueda, no precisó comentario alguno e insistió:
“estamos preparados para responder a las demandas de las familias cuando reclaman algún cuerpo. Lo que nos retrasa son algunos dictámenes forenses, pero ya estamos trabajando para mejorar los procesos y los tiempos”.
Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el posicionamiento de la autoridad refleja “fallas estructurales”, pues al no hacer un correcto registro de las fosas: “es imposible saber con certeza cuántos restos tienen y a qué hechos delictivos corresponden”.
Lo cual debería garantizarse, pues el estado -desde hace cuatro años- es el que mayor número de cuerpos ha exhumado de fosas clandestinas en México; sin embargo, para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro es “absolutamente falsa la crisis forense”; es más, considera que ya es un logro para su administración localizar tantas fosas clandestinas.
Este dicho que fue cuestionado por los diferentes colectivos de búsqueda de la entidad, quienes, mediante un comunicado de prensa, le señalaron al gobernador que localizar fosas no es suficiente, sino existe una correcta identificación forense:
“Los procesos de localización de fosas clandestinas no se traducen en la localización efectiva de personas desaparecidas. Esto debido a que la exhumación de víctimas no está acompañada de una correcta trazabilidad y manejo de información, ni de los diligentes procesos de identificación forense. Esta situación ocasiona una segunda desaparición de nuestros familiares, y nos revictimiza (…), pues la reducción significativa de localización de cuerpos enteros y el aumento en el hallazgo de restos o segmentos humanos, encontrados en bolsas de plástico dificulta enormemente la identificación de las personas fallecidas, siendo para nosotras y nosotros sus familiares, un gran reto recuperar el cuerpo completo de nuestros seres queridos en caso de haber logrado identificarlos a partir de un resto, aumentando nuestro sufrimiento y dolor”.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que el estado sería sede del Instituto Regional de Identificación Humana, programa con el que el gobierno federal pretende abatir el rezago en la identificación de más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas que hay en el país; sin embargo, la falta coordinación entre la federación y el gobierno estatal recientemente retomó el proyecto que debió estar listo el año pasado.
En el país, existen dos institutos de estas características, uno inaugurado en Coahuila en agosto de 2020, y otro que se está construyendo en San Luis Potosí. El que se está construyendo en Jalisco se ubicará en el municipio de Atotonilco El Alto.
“Cada vez que voy al SEMEFO es bien feo revisar la pantalla y volver a ver ahí, la cabeza de mi hijo. De verdad yo no sé por qué les hacen esas cosas tan feas o qué fue lo que él hizo para que mereciera lo que le hicieron, no lo entiendo. Tampoco entiendo por qué me hacen esperar tanto, si ya sólo me faltan tres partes de su cuerpo”, puntualizó Cecilia quien sigue yendo semana tras semana con su ministerio público y al IJCF para que le digan si ya dieron positivo el pie, la pierna y la mano derecha de su Wuili. Lo único que desea es regresar con él a casa.
A la fecha, decenas de familias más han sido obligadas a realizarse la misma pregunta que Cecilia y Erika tuvieron que responder: ¿Esperar por el todo o conformarse con sólo algunas de las partes de sus familiares?
Ambas decisiones igualmente tortuosas. Y sobre las que el Estado Mexicano no ha querido responsabilizarse.
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Darwin Franco investigó y editó esta historia como parte de MásterLAB, el programa de formación para editores de reportajes de investigación de Quinto Elemento Lab. Darwin participó en la primera generación del programa en 2021. Albeto Arce @ArceAP2 colaborador de Associated Press España fue su mentor.
