“Estamos secuestrados”, decían los vecinos del Parque San Rafael la mañana del 15 de mayo. La fuerzas policiales del estado y cinco municipios los sitiaron en sus hogares mientras colocaban vallas al frente. Una hora más tarde se les informó que el Servicio Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) excavará su calle para continuar la construcción del colector pluvial San Rafael, el cual avanza aún con dos órdenes judiciales en su contra.
Por Andrés de la Peña / @andres_dlap / @ZonaDocs
“Participación ciudadana no vino a consensuar. Vinieron con una hoja como para decir: tráguensela”, esas fueron las palabras con las que una vecina del Parque San Rafael describió la manera abrupta en que autoridades estatales y municipales decidieron colocar no sólo una malla de seguridad, sino también un escuadrón antimotines frente a sus casas, esto para continuar y garantizar la construcción del colector pluvial San Rafael.
Esta obra que no tendría porque realizarse, debido a dos órdenes judiciales en su contra, continúa con el aval y amparo de las autoridades que optaron por usar la fuerza pública en contra de quienes, por años, ha defendido el Parque San Rafael.
Para dar cuenta de esta violación a sus derechos humanos y evidenciar los desacatos judiciales, el colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas convocaron a una rueda de prensa la mañana del 16 de mayo, un día después de lo que consideraron fue un acto de represión.
La rueda de prensa se llevo a cabo en la calle Mariano Azuela, donde sigue presente un escuadrón antimotines que, supuestamente, protege a los vecinos de accidentes en la obra a pesar de contar con escudos, armadura, cascos y toletes.
En la conferencia estuvieron presentes las y los integrantes del colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, que se oponen a la construcción del vaso colector, así como diversos actores políticos: las diputadas Mara Robles y Susana de la Rosa (de Hagamos y Futuro), la regidora tapatía Candelaria Ochoa (de Morena), los vecinos del parque “Resistencia Huentitán”, y la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quienes es la abogada de los vecinos del Parque San Rafael.
Esto ocurrió en el contexto de la publicación de un exhorto en el Congreso de Jalisco durante la sesión ordinaria del jueves 11 de mayo del 2023. Las fracciones de Futuro, Morena, Hagamos, el PRI y el PAN, junto con cuatro legisladoras de Movimiento Ciudadano, exhortaron a Siapa, al Ayuntamiento de Guadalajara y al Gobierno de Jalisco para que cumplan con las resoluciones judiciales, respeten el derecho a la manifestación de los colectivos, retiren a los elementos de seguridad, e inicien un diálogo con los inconformes.
Al tomar la palabra, las y los vecinos afectados describieron la gravedad del encapsulamiento que se desplegó en la calle Mariano Azuela, la mañana del 15 de mayo, pues además de que les prohibieron salir de sus casas de manera ilegal, la calle quedó intransitable para muchos de los adultos mayores de la colonia, particularmente, aquellos en silla de ruedas. Algunos no estaban en sus domicilios cuando llegó el operativo, por lo que no pudieron retirar sus vehículos de las cocheras y ahora no se les permite sacarlos.
Una vecina denunció que la Secretaría de Participación Ciudadana no acudió a consensuar, sólo llegó a la colonia a anunciar lo que se haría sin importarle la opinión de las y los vecinos. Y añadió más a su inconformidad, pues con la malla de seguridad que se instaló sobre la calle y la barrera de policías que la custodian: no hay manera de que una ambulancia o un camión de bomberos pueda socorrer a los vecinos. t
También está el problema de la recolección de basura, pues tendrán que caminar varias cuadras para entregar su basura a los camiones, además de que varias y varios vecinos ya no tendrán acceso a sus automóviles porque quedaron acorralados o tendrán que dejarlos demasiado lejos de sus casas.
Aunque el director de SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, declaró, el lunes 15 de mayo, que esta intervención sí se socializó, la realidad es que a los habitantes se les informaba de la obra al mismo tiempo que se les enrejaba sin explicación.
Las diputadas Mara Robles y Susana de la Rosa anunciaron que el jueves 18 de mayo, a las 13:00, solicitarán una reunión con Torres Lugo para exigir una rendición de cuentas. Se presentarán en las oficinas de SIAPA en González Gallo, junto con integrantes de las otras fracciones parlamentarias firmantes del exhorto y los vecinos inconformes.
Susana de la Rosa detalló que, si el bloque que respaldó el exhorto se mantiene unido, propondrá a la Junta de Coordinación Política que se llame a diferentes autoridades municipales y estatales a comparecer ante el Congreso.
En el mismo sentido, la regidora Candelaria Ochoa giró un oficio para solicitar que la comisaría tapatía y el Presidente Municipal de Guadalajara esclarezcan cuántos elementos de la Policía Municipal se desplegaron al parque, cuál es su propósito, y cuánto dinero se ha gastado en la intervención que encerró a los vecinos.
El contexto: una lucha con raíces profundas
El colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz lleva una lucha contra el Ayuntamiento tapatío desde 2017 por tres temas: el cambio de usos de suelo en el parque, la construcción del desarrollo inmobiliario “Gran San Rafael” por la empresa Grupo San Carlos, y la construcción del vaso colector de aguas pluviales “San Rafael” por SIAPA.
Los últimos meses de esta prolongada batalla legal se han caracterizado por los desacatos y violaciones de SIAPA a las órdenes judiciales. En la última cobertura realizada por este medio se registró al equipo de construcción del vaso colector talando árboles que protegidos por una suspensión en el amparo 1235/2022.
Actualmente existe una clausura de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) que se encuentra suspendida por un amparo otorgado a la empresa constructora. También se emitió la recomendación 19/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en contra del desarrollo Gran San Rafael.
Además, hay dos suspensiones (1235/2022 por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y 801/2023) que ordenan detener la obra del vaso colector. La primera suspensión protege los árboles del parque contra cualquier daño (como la tala realizada por SIAPA) y la segunda suspensión protege a un vecino cuya casa podría ser derrumbada por las vibraciones de la maquinaria.
El colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz presenta una lista larga de argumentos: la construcción ha dañado un gran número de árboles así como los mantos acuíferos del parque; los procesos constructivos siguen dañando sus casas; en las consultas públicas sobre los usos de suelos se les ignoró (además, denunciaban en 2018, los cambios fueron “palomeados” por comités integrados por ciudadanos afines al Ayuntamiento, algunos de ellos funcionarios públicos en activo).
Adicionalmente, los vecinos demostraron que el parque es hábitat de dos especies protegidas de loro, las cuales se ven afectadas por la tala. Finalmente, alegan que el vaso colector San Rafael es parte de una estrategia conjunta entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la inmobiliaria Grupo San Carlos para construir el complejo habitacional Gran San Rafael.
En el otro bando hay grupos de vecinos convencidos de que el colector pluvial es indispensable para la zona. SIAPA diseñó el colector como parte de su estrategia de prevención de inundaciones y lo considera de utilidad pública. Aún así, las inundaciones de la ciudad se ven agravadas por la impermeabilización de suelos a través de obras como Gran San Rafael, una contradicción que los vecinos del parque le reclaman al Ayuntamiento constantemente.
Oficialmente, no existe relación entre el proyecto inmobiliario y el vaso colector (después de todo, el vaso se proyecta para agua pluvial exclusivamente). Sin embargo, el proyecto se aprobó en una zona que no cuenta con la infraestructura de desagüe necesaria para un desarrollo de ese tamaño, por lo que los vecinos acusan a SIAPA de generar el proyecto “a modo” para Grupo San Carlos.
Desde que inició la lucha entre vecinos y Ayuntamiento (e incluso otros grupos de vecinos, particularmente los que perdieron acceso al parque de béisbol que estaba donde ahora se construye el vaso colector, y que piden que la obra se concluya para poder volver a entrenar), se han dado varios despliegues de la fuerza pública. Estos operativos, como el del pasado lunes, han sido constantes en su represión a las protestas de los vecinos con amenazas, límites al tránsito, hostigamiento e, incluso, arrestos.
