En 2018, México presenció la aparición de unos tráileres con centenas de cuerpos no identificados en el Estado de Jalisco, lo que nadie imaginaba es que el crimen organizado no había sido responsable, si no el mismo gobierno del Estado.
En el marco del segundo Informe de la administración de Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, las y los integrantes del colectivo “Luz de Esperanza” se manifestaron para recordar aquellas demandas y necesidades que no han sido cumplidas en materia de personas desaparecidas y sus familiares en este municipio.
48 días después de la orden oficial de la reinstalación del Antimonumento 5J emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo, el gobierno Municipal de Guadalajara sigue sin cumplir la resolución, de acuerdo al CEPAD, la falta de cumplimiento viola los derechos humanos.
La RAUZMG expresó su preocupación por una iniciativa de ley que podría impactar negativamente en la agricultura urbana, argumentando que esta propuesta ignora la participación de la comunidad y favorece intereses económicos.
El Colectivo ‘Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco protestó frente a la CEDHJ para exigir respuestas y acciones concretas sobre las 25 quejas de violaciones a los derechos humanos en casos de desapariciones que han presentado; además, demandaron la creación de un módulo para quejas y asistencia de la CEDHJ en mesas de trabajo, entre otras acciones.
El Presidente Municipal de Teocaltiche, Juan Manuel Vallejo Pedroza, fue emboscado por un grupo de civiles armados mientras se dirigía a inaugurar una obra.
La Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas después de 6 años de su creación, cuenta con más de 12 mil investigaciones por desaparición, de las cuales solo el 2% de las investigaciones fueron judicializadas y solamente fueron emitidas 29 sentencias condenatorias, de acuerdo a la información del CEPAD a través de su cuenta de oficial.
El ataque armado contra el líder del CECOP en Acapulco es el capítulo más reciente de una larga historia de represión, amenazas e impunidad. Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen una investigación imparcial y garantías reales para su protección.
El colectivo Coamil Federalismo denunció la sustracción de cultivos y elementos simbólicos por parte de presunto personal del gobierno municipal. El hecho reaviva las tensiones sobre el respeto al espacio público como territorio comunitario.
Marco Antonio Suástegui, fundador del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, fue baleado este viernes en la playa Icacos de Acapulco. El ataque ocurrió frente a turistas y evidencia el clima de violencia que persiste en Guerrero.
Habitantes de la comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechike han denunciado abusos forestales ilegales en su territorio, llamando la atención de las autoridades sobre la tala que persiste a pesar de sentencias judiciales.
La Comunidad Indígena de Cicacalco hace un llamado urgente a PROFEPA y SEMARNAT para garantizar el cierre y remediación del controvertido "relleno sanitario" que opera en sus tierras, afectando gravemente su derecho al agua y a un medio ambiente sano.
