Ciudad de México, 12 de marzo de 2019
El pasado viernes 8 de marzo, durante la marcha #8M de la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer, familiares de víctimas de feminicidio, de mujeres y niñas desaparecidas en nuestro país, acompañadas por organizaciones civiles en pro de los derechos de las mujeres, colocaron la Antimonumenta contra los feminicidios frente al Palacio de Bellas Artes en el centro de la ciudad, en memoria de sus hijas, sus hermanas y todas las mujeres víctimas de feminicidio y desaparición en México. Exigieron el fin de la violencia feminicida, poder caminar sin miedo, participar de la justicia, ser reconocidas como agentes de cambio, sonreírle al mundo y gozar de la vida en las casas, las calles, los lugares de estudio, trabajo y convivencia.
La Ciudad de México ha pasado de ser “la ciudad de los palacios”, para convertirse en la ciudad de los antimonumentos en exigencia de justicia para quienes el Estado mexicano les ha violado sus derechos humanos, apelando a la memoria y negándose al olvido. Hasta hoy son cinco las estructuras que han sido colocadas en sus calles, principalmente por familiares de víctimas y organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos.
La historia de los antimonumentos en la capital del país inicia en abril de 2015 cuando los padres y madres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa instalaron un +43 en rojo en la esquina de Reforma con Bucareli, en memoria de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Tixtla de Guerrero, quienes fueron víctimas de desaparición forzada en manos de policías municipales en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los teléfonos de los jóvenes estuvieron activos días después del ataque que sufrieron y la última georeferencia que documentan los aparatos fue en el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Las autoridades nunca han aceptado se investigue a los mandos militares.
En junio de 2017 padres y madres de los pequeños de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, colocaron un 49 ABC con la leyenda NUNCA MÁS en colores azul, rosa y verde, frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Paseo de la Reforma, en memoria de las 49 niñas y niños de entre cinco meses y cinco años que murieron en un incendio que se propagó de una bodega contigua que pertenecía al Gobierno estatal el 5 de junio de 2009; la Guardería ABC era privada y funcionaba de forma subrogada por el IMSS, de acuerdo a las investigaciones de los padres de los niños y sus abogados a partir de los testimonios de testigos, el incendio fue provocado mediante una orden desde el gobierno de Sonora para la destrucción de documentación y así esconder una deuda de 10 millones de pesos.
En enero de 2018 familiares y amigos de David Ramírez y Miguel Ángel Rivera colocaron la estructura de un hombre fragmentado en color azul, a un costado de la Torre El Caballito, también en Reforma, como un recuerdo de los jóvenes secuestrados mientras viajaban a Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, para festejar el cumpleaños número 20 de Miguel el 5 de enero de 2012. Los familiares de David y Miguel Ángel exigen a las autoridades su localización con vida y el esclarecimiento del caso, pues hasta hoy continúa inconcluso.
Un mes después, en febrero de 2018, las familias de los mineros muertos en el incendio de la mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006 y las organizaciones civiles que les han apoyado, colocaron un +65 en Reforma esquina con Río Rin, a la altura del edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, en memoria de los 65 trabajadores mineros; las autoridades suspendieron los trabajos de rescate después de solo haber encontrado a dos de ellos, abandonando a los otros 63 cuerpos enterrados al interior de la mina propiedad de la empresa Grupo México, la compañía minera mexicana más grande en el país.
También el año pasado, al termino de la marcha conmemorativa del 50 aniversario de la matanza ejercida por el Estado mexicano en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, CDMX, en contra de estudiantes, el Comité del 68, acompañado por otras organizaciones civiles y los padres de los normalistas de Ayotzinapa, colocaron la insignia conmemorativa de la lucha estudiantil con la leyenda “NUESTRA LUCHA NO CLAUDICARÁ JAMÁS ¡VENCEREMOS! 50 AÑOS DE IMPUNIDAD” en la esquina de Madero con el Zócalo, frente a Palacio Nacional. Hasta el día de hoy se desconoce la cantidad de estudiantes y personas de la sociedad civil que fueron asesinados y desaparecidos durante el movimiento estudiantil del 68.
El más reciente es la Antimonumenta en contra de los feminicidios, colocada el pasado viernes 8 de marzo durante la marcha #8M en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer; fue instalada frente al Palacio de Bellas Artes, en la esquina de Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas por familias de víctimas de feminicidio, mujeres y niñas desaparecidas en el país, en su memoria y en exigencia de justicia. También fueron acompañadas por organizaciones y personas de la población civil durante el acto político realizado durante esa tarde noche.
En la actualidad en nuestro país asesinan a nueve mujeres diariamente y 66 de cada 100 sufren alguna forma de violencia. Cada dos horas es asesinada una mujer en México, de acuerdo a información emitida por la Secretaría de Gobernación hace unos días durante la presentación del Plan Emergente Contra la Violencia Feminicida.
“El feminicidio es un instrumento represivo que atañe a las mujeres y por ello, a toda la sociedad. Agredir a las mujeres por ser mujeres implica paralizar el funcionamiento del país, romper el tejido social, instalar el miedo cotidianas y la desconfianza hacia el Estado. Donde el temor sustituye al diálogo se coloca el terror y se rompe el estado de derecho.”, aseguran en el pronunciamiento emitido el 8 de marzo.
Malú García Andrade, es hermana de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001, a partir de ahí se ha convertido en activista y representante de familias de otras mujeres asesinadas alrededor del país a quienes convocó junto a organizaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres para la instalación de la Antimonumenta debido a las cifras tan abrumadoras de violencia feminicida en México y exigirle al Gobierno Federal entrante de Andrés Manuel López Obrador justicia y erradicar esa violencia, además de solicitarle una audiencia para que se reúna con las familias para que escuche sus necesidades y que trabaje en conjunto con ellas para esos fines.
“Como familiares aplaudimos que es el primer presidente de la República que aborda el tema de feminicidios, porque otros presidentes no lo han hecho…, pero lo que estamos solicitando es una audiencia para que escuchen la voz de las familias para tomarlas en cuenta en ese plan emergente que ellos han presentado”, asegura Malu García Andrade en entrevista para Somos el Medio.
En la Antimonumenta contra los feminicidios en México permanece una comisión de mujeres activistas desde el pasado viernes para evitar que sea retirada por personal del Gobierno de la Ciudad de México o por quien sea que intente quitarla, y aseguran que ahí se quedarán hasta estar seguras que nadie atentará contra la estructura.
La historia de los antimonumentos es reciente en nuestro país, pero como hemos visto, no así la historia de violaciones a los derechos humanos en México, el país de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con más denuncias y peticiones de un proceso de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues tan solo en 2017 se presentaron 819 peticiones, 847 en 2016 y 849 en 2015.
Caminar en la Ciudad de México y admirar los antiguos palacios mientras se tiene la posibilidad de observar esas estructuras metálicas de colores que nos recuerda que nadie está exento de en cualquier momento formar parte de la larga estadística de víctimas de violaciones de derechos puede llegar a ser un viaje esperanzador por la lucha de los familiares, pero al mismo tiempo terrorífico ante esa posibilidad.
