A tres décadas de su fundación, EDUCA reflexiona sobre el impacto y los desafíos del movimiento social en Oaxaca, analizando la relación con el Estado, la lucha por los derechos comunitarios y las perspectivas para fortalecer las organizaciones desde una mirada crítica y colectiva.
Fotografías y texto: Mario Marlo / @Mariomarlo
Oaxaca, 9 de diciembre de 2014. En el marco de su trigésimo aniversario, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) organizó el foro “30 Años del Movimiento Social y la Reconfiguración del Poder”. Desde su fundación en 1994 y su formalización como Asociación Civil en 1995, EDUCA se ha consolidado como un referente en la defensa de los derechos comunitarios y la educación alternativa en Oaxaca.
El evento reunió a representantes de movimientos sociales, académicos y organizaciones de la sociedad civil para reflexionar sobre los retos y logros de las luchas sociales en la región. A lo largo de dos mesas de trabajo y una mesa redonda, se abordaron temas clave como la relación entre los movimientos sociales y el Estado, los desafíos internos de las organizaciones y las perspectivas de articulación.
En la primera mesa, titulada El papel del movimiento social frente a los gobiernos, los participantes exploraron dos líneas temáticas principales: la interacción entre los movimientos sociales y el Estado, y una autocrítica sobre las dinámicas internas de las organizaciones. Se destacó la incompatibilidad fundamental entre los ideales de los movimientos sociales —centrados en la defensa de la vida y los derechos colectivos— y la lógica capitalista que prevalece en el Estado. Algunos participantes cuestionaron la posibilidad de reconciliar estas posturas, mientras otros señalaron cómo los programas gubernamentales han debilitado la organización social.
El movimiento social en Oaxaca, caracterizado por su arraigo comunitario y organización desde una perspectiva comunal, fue un punto de análisis clave. Se reflexionó sobre la posibilidad de articular estas cualidades en un diálogo a nivel nacional e internacional sin sacrificar las demandas específicas de cada territorio. Además, se destacó el papel de los medios de comunicación independientes en la transmisión de aprendizajes y en la articulación intergeneracional, aunque también se reconoció la necesidad de enfrentar amenazas emergentes como el narcotráfico.
Un tema recurrente fue la desigualdad de género dentro de los movimientos sociales. “Las mujeres enfrentan una carga adicional debido a jornadas múltiples y violencia estructural, lo que limita su participación plena.” Se llamó a generar estrategias para promover la inclusión y fortalecer su papel dentro de las luchas sociales.
En la segunda mesa de trabajo, los participantes examinaron cómo el Estado, pese a su discurso oficial, mantiene un modelo neoliberal descrito como un sistema criminal. Esta reflexión inicial llevó al análisis de problemáticas como la militarización, la imposición de megaproyectos y la reforma de leyes orientadas al despojo territorial y al control social. Además, se denunció la cooptación de instancias de derechos humanos, dejando a comunidades y defensores sin protección.
Se señaló que el Estado opera en coordinación con el crimen organizado, despojando a las comunidades de su territorio, identidad y pensamiento libre. Esta situación se agrava con programas sociales que condicionan a los beneficiarios. También se abordó el impacto de la criminalización de defensores de derechos humanos y movilizadores sociales, especialmente mujeres, quienes enfrentan vulnerabilidades adicionales.
Ante estos desafíos, se instó a los movimientos sociales a realizar una reflexión interna para resignificar sus luchas y garantizar un relevo generacional que integre a las nuevas generaciones como actores clave en la continuidad de los procesos.
Como parte de las actividades del aniversario, se llevó a cabo una mesa redonda con destacados actores sociales y académicos, entre ellos Dolores González Saravia (Eutopía y Estrategia), Eduardo Bautista (SUABJO), José Rentería (Párroco de San Bartolo Coyotepec), María González (IMDEC) y Omar Esparza (MAIZ). Este espacio se enfocó en los logros, desafíos y perspectivas del movimiento social en Oaxaca y México.
Las reflexiones emanadas del foro subrayaron el reconocimiento del proceso histórico como una herramienta esencial para recuperar aprendizajes y evitar errores pasados. Se destacó la necesidad de preservar los valores y principios que sostienen la lucha social, cimentando así una base sólida para las generaciones futuras. Este ejercicio de memoria histórica se convierte en un acto de resistencia frente a la desmemoria institucionalizada.
Otro punto crucial fue el análisis del contexto global y local, marcado por conflictos que trascienden fronteras, agresiones al medio ambiente y un panorama político nacional que, a pesar del discurso oficial, perpetúa dinámicas neoliberales. En este sentido, los participantes llamaron a replantear el horizonte emancipador y adaptarlo a las realidades contemporáneas sin perder la esencia de las luchas comunitarias.
Se hizo énfasis en la unificación de los movimientos sociales como estrategia para fortalecer la incidencia colectiva. La experiencia del Foro de Organismos Civiles de Oaxaca en los años 90 se citó como un modelo a seguir, fomentando la comunicación y colaboración entre sectores como derechos humanos, ecología y salud, con el objetivo de amplificar el impacto de las acciones.
En cuanto a la educación comunitaria, se propuso una visión que priorice la comunalidad, integrando la defensa del territorio y el trabajo colectivo como pilares fundamentales. Este enfoque busca incluir activamente a las comunidades en el diseño de proyectos educativos, reconociendo la voz de niños, padres y autoridades locales como agentes de cambio y aprendizaje mutuo.
Finalmente, se expresaron críticas al gobierno actual, señalando las incongruencias entre su discurso y sus acciones, especialmente en temas de soberanía y megaproyectos. Esta postura refleja una creciente decepción ante la falta de alineación entre las promesas políticas y las realidades enfrentadas por las comunidades.
Algunos participantes expresaron decepción ante las políticas del gobierno federal, señalando incongruencias entre el discurso y las acciones, especialmente en temas de soberanía y megaproyectos.