El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) documentó graves fallas en la logística y organización de la visita al Rancho Izaguirre, donde familias de desaparecidos calificaron el evento como “una burla” y “un museo de nuestro dolor”. La falta de transparencia y condiciones indignas marcaron la jornada, dejando en evidencia la desatención de las autoridades.
Por Redacción / @Somoselmedio
Fotografías Fernando Cobo
Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo 2025.- El pasado 21 de marzo, la visita al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, organizada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), generó indignación entre los familiares de personas desaparecidas. Según un comunicado del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el evento fue calificado como “un viaje turístico” y “un circo” que invisibilizó sus demandas y profundizó su desgaste emocional.
El CEPAD detalló que desde el inicio de la visita, la falta de coordinación y claridad sobre los responsables del operativo fue evidente. Las familias, organizaciones y medios de comunicación que asistieron fueron sometidos a horas de espera bajo el sol, sin acceso a sombra, agua o condiciones básicas de seguridad. Además, no se permitió el descenso de los camiones hasta que las condiciones internas se volvieron insoportables debido a la falta de aire acondicionado.
Una vez en el predio, las familias denunciaron la ausencia de explicaciones claras sobre los avances en la investigación y las alteraciones en el terreno, lo que generó desconfianza. “No hubo rendición de cuentas ni información sobre los hallazgos”, señaló el CEPAD. Además, las autoridades no tomaron en cuenta los impactos psicosociales de visitar un lugar asociado a tanto dolor.
Uno de los incidentes más graves fue el abandono de dos integrantes del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, quienes fueron trasladadas a un sitio alejado sin acompañamiento y tuvieron que regresar por sus propios medios. Este hecho evidenció la falta de seguridad y cuidado por parte de las autoridades.
Ante esta situación, el CEPAD exigió a las fiscalías garantías de acceso a la información, participación digna y efectiva, respeto a la dignidad de las familias, seguridad en las diligencias y una rendición de cuentas inmediata. “Es fundamental que este tipo de acciones no se repitan y que se establezcan protocolos claros con la participación de las familias desde el inicio”, subrayó la organización.