En varios municipios de Chiapas, pobladores se encontraron en alerta máxima por disputas del crimen organizado, lo que amenazó la vida de los civiles y llevó al desplazamiento forzado de al menos 500 familias hacia Guatemala. Las autoridades mexicanas y el Presidente minimizaron los acontecimientos.
Redacción por Astrid Salgado / @AstridGSG
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 01 de agosto del 2024.- Por medio de un comunicado el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur conformado por 80 colectivos, redes, organizaciones y personas informó que, durante los últimos días, la población civil del estado de Chiapas se encontró en alerta máxima debido a las disputas de la región por parte del crimen organizado.
Hasta el momento, se tuvo conocimiento de los siguientes municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Montecristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son los más afectados. Civiles se encontraron incomunicados debido a los bloqueos carreteros los cuales fueron realizados por grupos del crimen organizado.
El Colectivo informó que la población de estos municipios ha estado en total desprotección y abandono por parte de las autoridades estatales y federales, así mismo los civiles se les obligó por grupos criminales a participar en bloqueos, utilizados como barricadas humanas ante la aparición de algún grupo rival e impedir el paso de Fuerzas Federales.
📢 Más de 80 colectivos, redes, organizaciones y personas hacen un llamado de Acción Urgente al @gobmx e instituciones para que den respuesta ante el riesgo inminente a la vida y seguridad de miles de familias por la disputa territorial en Chiapas 📲 https://t.co/SXJQA9IIoG pic.twitter.com/msnKpf0CcX
— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) July 31, 2024
Ante esta situación, Frontera Sur comunicó que el Presidente de la República y las autoridades federales minimizaron la situación humanitaria y atribuyeron la responsabilidad de los hechos a la población, señalando que ellos son la base social de los grupos de delincuencia.
Por lo que el Colectivo puntualizó que, estas afirmaciones demostraron que el Presidente y las autoridades federales desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante las amenazas violentas y el uso de armas, al igual que se viola el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) generando un mayor riesgo para la población de ser identificada y convertida en un objetivo militar por los grupos criminales y sus rivales.
Estos enfrentamientos ya han ocurrido en otras ocasiones en mayo, agosto y septiembre del año pasado, sucedieron eventos similares afirmó el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, en estas ocasiones el Gobierno Federal y estatal envió a miembros del Ejército y de la Guardia Nacional, ante el pedido de auxilio de la población, lo que permitió disuadir la actuación de los grupos criminales.
Después de que se retiraron las Fuerzas Federales, los grupos volvieron a enfrentarse con más intensidad, lo que dejó a la población en riesgo nuevamente. Aunque los militares actuaron, no se realizó ningún trabajo de inteligencia para desarticular a los grupos criminales.
“En octubre del año pasado, Chicomuselo fue epicentro de la disputa territorial por el control de rutas de tráfico de drogas, armas y personas migrantes. A inicios de este año, el despojo de territorios y el desplazamiento forzado se ha concentrado en la sierra y altos de Chiapas de donde han salido miles de familias huyendo del reclutamiento forzado de niños, jóvenes y adultos, así como, por las disputas que se siguen viviendo en la zona y que han ocasionado la muerte de civiles.”. Informó el Colectivo.
El Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur comunicó que el 13 de mayo del presente año se registró la masacre de 11 personas pertenecientes al ejido Nueva Morelia del municipio de Chicomuselo, presuntamente por la oposición a la extracción minera. El 28 de junio, 19 personas fueron asesinadas en La Concordia.
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“Desde el pasado 18 de julio la región permanece bajo el asedio de los grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos, “nadie entra y nadie sale” por orden de los grupos criminales. A esto se suman cortes de luz y de telecomunicaciones en algunos municipios, la escasez de víveres y la suspensión del transporte y de servicios de salud y educación”. Reportó el Colectivo de Monitoreo.
Se presentaron disputas armadas y balaceras en distintas zonas, lo que representa un ataque contra los civiles poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas. Lo que ha traído como consecuencia el incremento del desplazamiento forzado de familias y el Colectivo indicó que incluso algunas de ellas han ido al país vecino de Guatemala para resguardar sus vidas.
“Inicialmente, se reportó el desplazamiento de 500 personas; sin embargo, no hay claridad en las cifras reportadas por las autoridades, y el dato más reciente reportado por el gobierno guatemalteco da cuenta de 249 personas albergadas en el departamento de Huehuetenango” Documento el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur.
Como señaló la Corte-IDH, el desplazamiento forzado interno es un acontecimiento que pone en riesgo a los derechos humanos y debe de ser atendido como un hecho de desprotección que pone a las víctimas en especial vulnerabilidad que se ve acentuada por la proveniencia rural, grupo indígena, edad o identidad de género.
El Colectivo identificó como factores de desprotección:
- Las afectaciones a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad.
- El reclutamiento forzado.
- El confinamiento y las restricciones a la libre movilidad de la población.
- La escasez de víveres y artículos de primera necesidad.
- Las restricciones de acceso a la salud y la educación.
- Las afectaciones a la vida colectiva y la desarticulación comunitaria.
Ante el peligro que corren los pobladores de estos municipios y ejidos aledaños el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur exigió al gobierno mexicano:
- Al Presidente de la República abstenerse de realizar señalamientos a la población que criminalizan y causan victimización secundaria en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
- Al gobierno federal su inmediata intervención en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas por el crimen organizado.
- A los gobiernos federal y estatal garantizar que las personas afectadas por la violencia puedan acceder a los mecanismos de asistencia y reparación integral previstos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.
- A la Secretaría de salud brindar atención en salud a las personas afectadas.
- A los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chiapas y municipales brindar alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia, como lo contempla el artículo 43 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.
- A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos conocer e investigar las violaciones de derechos humanos antes descritas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes para dar cumplimiento a las leyes estatales y federales de protección a las personas afectadas.
- A la Comisión Estatal y comisiones locales de Búsqueda de Personas activar mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que puedan haber sido objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre los grupos armados.
- A los gobiernos federal y estatal facilitar el retorno, reasentamiento o reintegración de las personas desplazadas internas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.
- A la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer una mesa de coordinación binacional con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a las personas que se desplazaron al vecino país, así como coordinar acciones para el retorno de las personas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad cuando así lo decidan.
- A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes asumir la responsabilidad en la protección de los niños, niñas y adolescentes y velar por la garantía de sus derechos a la salud, educación, e investigar las denuncias de reclutamiento forzado.
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