Por Andrés Domínguez
La construcción de un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender derechos humanos requiere de la decidida voluntad de los Estados.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores.
De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo; tres de ellos sucedieron en Chiapas, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia.
Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua.
El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Cabe señalar, Noé Jiménez era beneficiario del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además, el 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.
Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad.
Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.
Ante ello, la Comisión y la ONU Derechos Humanos recuerdan que es obligación de los Estados investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Ambos organismos instan a los Estados a agotar todas las líneas de investigación relevantes para esclarecer estos hechos, incluyendo la posible vinculación entre los asesinatos, desapariciones y otras agresiones y la labor de defensa de los derechos humanos. Dichas investigaciones deben ser conducidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la ONU Derechos Humanos y la Comisión recuerdan que en el caso de mujeres defensoras de derechos humanos y grupos en situación de especial vulnerabilidad, los Estados deben tomar debidamente en cuenta que al riesgo inherente que encierra su labor, se suma el contexto de discriminación por género o pertenencia a grupos históricamente discriminados y adoptar medidas de protección y realizar investigaciones con plena incorporación de la perspectiva de género e intercultural. Los Estados deben adoptar medidas razonables para prevenir actos de violencia contra personas de estos grupos y remediar el contexto de discriminación que promueve su repetición
Ante este escenario, la CIDH y la ONU Derechos Humanos recuerdan el rol esencial que cumplen las personas defensoras de derechos humanos para el fortalecimiento y la consolidación de las democracias y reiteran la obligación de los Estados de proteger integralmente el derecho a defender los derechos. De igual manera, los Estados deben redoblar sus esfuerzos en materia de respeto, prevención de agresiones, investigación de casos y protección de las personas defensoras de derechos humanos con el objeto de que puedan ejercer su labor libremente.
En este sentido, resulta urgente que los Estados americanos adopten medidas positivas que fomenten una cultura de derechos humanos y un ambiente libre de violencia y amenazas, reconociendo el valor y la importancia del trabajo de las personas defensoras y llevando adelante investigaciones serias y efectivas sobre cualquier violación de derechos humanos en su contra.