La comunidad de Juanacatlán se movilizó para exigir la cancelación de la termoeléctrica “La Charrería”, argumentando que proyectos industriales como este amenazan la salud pública y la recuperación del Río Santiago. Los manifestantes demandan transparencia en los estudios de factibilidad y acciones concretas para detener la industrialización desmedida en la región.
Por Shiebi Aguilar / @ShiebiAl y Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, 28 de febrero.– Cientos de personas se congregaron este miércoles en una manifestación pacífica en Guadalajara para expresar su oposición a la construcción de una planta termoeléctrica en Juanacatlán. La movilización comenzó en Los Dos Templos y avanzó hacia el Palacio de Gobierno, donde los participantes exigieron el cese de proyectos industriales que, según ellos, amenazan el medio ambiente y la salud de las comunidades locales.
Bajo la consigna “Exijamos un alto a la industrialización y destrucción de nuestro territorio por una verdadera restauración del Río Santiago”, los manifestantes destacaron la urgencia de implementar medidas para detener el deterioro ambiental en la región. El Río Santiago, una de las cuencas más contaminadas de México, ha sido foco de preocupación debido a los altos niveles de contaminación que afectan tanto al ecosistema como a las poblaciones circundantes.
La controversia se intensificó el pasado 6 de febrero, cuando el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum la reactivación de la termoeléctrica “La Charrería”. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar energía a futuras industrias en el estado. No obstante, la propuesta fue recibida con resistencia por parte de los habitantes de Juanacatlán y colectivos ambientalistas, quienes advirtieron sobre las posibles repercusiones negativas, como el impacto ambiental y la escasez de agua que podría generar el proyecto.
La oposición a la instalación de la termoeléctrica no es nueva. Desde 2018, la comunidad demostró su resistencia contra el proyecto, logrando en 2020 la suspensión de su construcción. Sin embargo, las recientes declaraciones del ejecutivo estatal revivieron la incertidumbre y el descontento entre los residentes y activistas.
Durante la manifestación, se leyó un comunicado dirigido al gobernador, en el que denunciaron que hace cinco décadas, la región fue afectada por la introducción de un corredor industrial que, aunque prometía desarrollo económico, resultó en descomposición social y problemas ambientales significativos. Los habitantes señalaron que la construcción de la termoeléctrica y otros megaproyectos actuales podrían agravar aún más la situación, poniendo en riesgo los recursos naturales y la salud pública.
Por lo que los pobladores exigieron al gobierno estatal y federal transparencia en los estudios de factibilidad realizados por la Comisión Federal de Electricidad en los municipios afectados y solicitaron que se desista de la construcción de la termoeléctrica en Juanacatlán.
Además, exigieron el respeto a las suspensiones legales obtenidas mediante amparos en 2023 y 2024, que buscan proteger al pueblo originario contra la central de ciclo combinado “La Charrería”. También pidieron una moratoria al crecimiento urbano-industrial en la cuenca del Río Santiago, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, para evitar una mayor contaminación y deterioro ambiental.
Asimismo, los manifestantes demandaron acciones concretas para la restauración ecológica del Río Santiago y sus afluentes, así como la implementación de programas de atención médica para las comunidades afectadas por la contaminación. Insistieron en el cumplimiento de las medidas emitidas por organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de las poblaciones impactadas por la contaminación ambiental.
Los manifestantes concluyeron la protesta reiterando su rechazo a la termoeléctrica y a otros megaproyectos que consideran perjudiciales para la región. Hicieron un llamado a las autoridades para que prioricen la salud de las comunidades y la protección del medio ambiente sobre los intereses económicos y de desarrollo industrial.
