Por Andrés Domínguez
El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), en asamblea emergente acontecido el pasado 9 de mayo, exigieron un alto al acoso contrainsurgente y paramilitar en contra de los pueblos y comunidades autónomas zapatistas en Chiapas, además, de respetar a la tierra, el territorio y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (CDH Frayba), anunció en el marco del cumplimiento de los 5 años de la ejecución extrajudicial de José Luis Solís López, conocido como el Maestro Galeano, en la comunidad de “La Realidad”, que desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona.
Ante ello, el CNI-CIG exigió la salid del Ejército salga inmediatamente de Chiapas y en particular del territorio zapatista, pues, es en “la sede de la Junta de Buen Gobierno, hacia la esperanza, en el Caracol de “La Realidad”, donde se ha centrado en mayor cifra la militarización.
Por tanto, denunciaron la creciente militarización en territorio zapatista bajo la orden del Estado Mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues, como bien señala el CDH FRAYBA, “Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población.”
Además, rechazaron, que desde el capitalismo neoliberal que hoy gobierna, se impongan mediante la “simulación de consultas”, mega proyectos de destrucción y muerte, como el mal llamado “Tren Maya”, el “Corredor Transístmico”, el “Proyecto Integral Morelos”, la “siembra de un millón de hectáreas con árboles frutables y maderable”, así como los proyectos extractivistas, mineros y petroleros, las presas, parques eólicos, complejos turísticos, el aeropuerto en Santa Lucía y otros, que responden a los intereses estratégicos del capital estadounidense y trasnacional, como las Zonas Económicas Especiales.
Por otra parte, rechazaron la militarización del país, mediante la creación de la Guardia Nacional, su complicidad con el paramilitarismo y su colusión con el crimen organizado.
Finalmente, condenaron los arteros asesinatos políticos de los compañeros Samir Flores Soberanos, José Lucio Bartolo y Modesto Verales, todos ellos, integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, por lo que, exigieron a Andrés Manuel López Obrador, verdad y justicia para nuestros compañeros asesinados, exigimos castigo a los culpables, pues el crimen organizado, la clase política y los dueños del poder y del dinero, así como las autoridades municipales, estatales y federales gozan de plena impunidad frente a estos hechos.