El Congreso Nacional Indígena denuncia la falta de justicia tras el asesinato de los activistas en 2010 y demanda frenar la violencia contra comunidades zapatistas y resistencias en México.
Por Redacción / @Somoselmedio
Fotografías: BETY Cariño VIVE
Ciudad de México, 28 de abril de 2025.- A quince años del asesinato de la activista Bety Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y comunidades indígenas de Oaxaca alzaron la voz para exigir justicia y denunciar la escalada de violencia contra los pueblos originarios en México.
Desde las primeras horas de este domingo, decenas de personas bloquearon la carretera federal 190 Oaxaca-Huajuapan, reafirmando su demanda de castigo a los responsables de los asesinatos que, tras 15 años, continúan en total impunidad. Representantes de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca y el delegado de Paz llegaron hasta el lugar para intentar levantar el bloqueo ofreciendo mesas de atención, pero los manifestantes rechazaron las propuestas, calificándolas como “salidas en falso” y reafirmando que no aceptarán simulaciones en su exigencia de justicia.
En un comunicado dirigido a medios de comunicación, organizaciones sociales, el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los manifestantes denunciaron que el asesinato de Bety y Jyri simboliza no solo la violencia contra quienes defienden la vida, sino también la profunda crisis de justicia en México.
“Hoy se cumplen 15 años de impunidad. Y, fieles a la costumbre —y a la necedad necesaria de mantener viva la memoria— volvemos a esta fecha con la misma dignidad herida, pero inquebrantable”, señala el comunicado.
El CNI recordó que en estos tres lustros la memoria de Bety y Jyri ha sido mantenida viva, incluso en la era digital, a través de exposiciones gráficas, mensajes, canciones y videos. Sin embargo, advirtieron que su legado trasciende lo virtual, encarnando una voz de resistencia frente a un sistema judicial que perpetúa el ciclo de la impunidad.
“Han pasado 5475 días, casi nada, para decir —con palabras firmes y heridas abiertas— que el sistema judicial, en el que aún millones de mexicanos depositan su esperanza, está diseñado para perpetuar la impunidad”, afirman.
Con una mirada crítica hacia el presente y el futuro, el Congreso Nacional Indígena lamentó que la esperanza en la justicia institucional se ha erosionado, subrayando que gobiernos van y vienen, pero las prácticas de censura, criminalización y represión contra quienes luchan por los derechos humanos persisten.
En este contexto, denunciaron que la guerra contra los pueblos indígenas no solo continúa, sino que se agrava, con ataques sistemáticos contra territorios autónomos y defensores de la vida frente a megaproyectos extractivistas. El CNI exigió un alto inmediato a la violencia contra las comunidades zapatistas en Chiapas, contra la comunidad nahua de Ostula en Michoacán y contra todas las resistencias indígenas en el Istmo de Tehuantepec y el resto de México.
La rabia colectiva también se encendió al recordar a otros defensores asesinados o desaparecidos en los últimos años, como Marco Antonio Suástegui, María del Carmen Morales, su hijo Jaime Daniel Ramírez, Alin Isaday Salas Isidro, Samir Flores Soberanes y Sergio Rivera Hernández.
“¿Qué puede cosechar un país que siembra violencia, sangre e impunidad?”, cuestiona el CNI en su pronunciamiento.
